Por Alfonso de Villalobos / Tiempo Argentino
Las medidas de aislamiento social obligatorio generaron un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres. El encierro y la crisis económica agudizan dramáticamente las contradicciones sociales que, en definitiva, son la raíz del cuadro de violencia a la que son sometidas las mujeres y las disidencias en la Argentina y en el mundo.
El incremento del flagelo era previsible a la luz de lo ocurrido en otros países así como por la evidente mayor exposición horaria del género femenino a la violencia doméstica. Por ese motivo, desde el ejecutivo porteño, se dispuso la rotación de profesionales de la Dirección General de la Mujer afectadas tradicionalmente a otras tareas y ahora laborando bajo la modalidad de teletrabajo, hacia la atención de esa línea de emergencia.
Sin embargo, la precarización laboral que abunda en el Estado en todos sus niveles se puso de manifiesto a poco de andar y, ahora, compromete la atención de las personas expuestas a la problemática. Es que las trabajadoras afectadas, mayormente psicólogas y trabajadoras sociales recibidas o cursando los últimos años de sus carreras, se encuentran contratadas bajo la modalidad de asistencia técnica que rige los convenios entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las universidades.
Se trata de una forma de contratación laboral precaria que soslaya el vínculo entre el empleado y el empleador real, en este caso la Dirección General de la Mujer, para transferirlo a las instituciones educativas. De este modo, si bien se trata de monotributistas, cuentan incluso con menos derechos y cobertura que esas otras modalidades laborales también precarias de la ciudad como el contrato de locación de servicios donde, al menos, la contraparte formal es el GCBA.
Las trabajadoras que asisten casos de violencia de género denuncian que, paradójicamente, ellas mismas están siendo sometidas a una situación de violencia laboral por parte del Estado. Es que, más allá de la vulnerabilidad contractual, la ausencia de obra social y la inestabilidad laboral que padecen, por segundo mes consecutivo sufren un atraso en el pago de sus haberes.
Ya durante el mes de abril habían percibido sus salarios de marzo de apenas $25.100 pasados los 15 días de abril y, ahora, todavía no percibieron sus haberes. Por eso decidieron parar la atención para visibilizar la situación a sabiendas del riesgo que implica abandonar su tarea que, adecuadamente, es considerada esencial en el contexto de la cuarentena. En un comunicado público aseguran que sus haberes atrasados, además, resultan una discriminación laboral por la brecha que existe entre lo que perciben ellas mismas y otras trabajadores de la DGMuj que realizan las mismas tareas.
