La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentará este martes ante la Justicia una denuncia por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri luego de que se encontrasen miles de mails de políticos opositores, periodistas y empresarios interceptados de forma ilegal.
La presentación tiene el visto bueno del presidente Alberto Fernández y apunta a desentramar la red de inteligencia paralela comandada por el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas. Este episodio se suma al escándalo desatado tras salir a la luz el funcionamiento de la llamada “Mesa judicial” del PRO, mediante la cual durante la gestión de Macri se presionó a jueces para inclinar fallos de acuerdo a los intereses perseguidos por el gobierno de Cambiemos.
El espionaje masivo se conoció en las últimas semanas, cuando un empleado de la AFI halló una serie de archivos dentro de un disco rígido de una computadora inactiva que contenía información precisa sobre actividades de inteligencia ilegal no solo contra políticos opositores al macrismo sino también miembros de la alianza Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) que gobernó hasta diciembre de 2019.
De acuerdo a la información revelada por el portal A24, la lista la compondrían unos 80 nombres entre los que están la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante el macrismo, Emilio Monzó, y el legislador del PRO en la Cámara baja, Nicolás Massot, entre otros.
Asimismo, el listado también lo integran colaboradores de Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y decenas de periodistas abocados a la política de buena llegada con el gobierno macrista. Entre los políticos opositores, se menciona a Marcos Cleri, diputado del Frente de Todos y referente de La Cámpora en la provincia de Santa Fe.
Cleri, espiado
“Hay que mejorar la democracia, no retroceder a tiempos oscuros”, sostuvo este lunes el diputado Marcos Cleri.
“Que en el gobierno de Mauricio Macri hayan procedido por fuera de las normas no sorprende, pero no se pueden naturalizar estas prácticas porque hay que mejorar la democracia”, agregó el diputado en referencia a la denuncia por espionaje ilegal a dirigentes políticos, periodistas y empresarios que se difundió en las últimas horas.
“Me voy a poner a disposición de la Justicia y estoy evaluando la posibilidad de presentarme como querellante”, adelantó el diputado nacional, al tiempo que informó que “la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, me anticipó que este martes va a presentar una denuncia sobre las tareas ilegales de inteligencia interna que se realizaron durante el gobierno anterior y que alcanzaron a legisladores, funcionarios, periodistas, trabajadores vinculados a la actividad política y empresarios”.
Cleri señaló además que, como presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo convocó a una reunión de ese cuerpo para este martes 26 de mayo en la que “dos de los decretos a tratar, que fueron durante la gestión de Macri y no tuvieron el respaldo legislativo, tienen relación con este espionaje ilegal que se está denunciando”.
Reasignación de fondos
El gobierno nacional destinará 77 millones de pesos, provenientes de una disminución de los gastos reservados de la AFI, para el programa de médicos comunitarios, y otros 50 millones en subsidios para la producción de los test rápidos desarrollados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el marco de la lucha contra la pandemia de coronavirus.
La medida se oficializará en el Boletín Oficial a través de una decisión administrativa que modificará el presupuesto, firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el marco de las facultades otorgadas por el decreto 457/2020, según anticipó la agencia Télam.
El decreto establece que “se destinarán 77 millones de pesos, provenientes de una disminución en los gastos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al programa de médicos comunitarios del Ministerio de Salud”, precisó una fuente del gobierno nacional.
“Esos fondos –puntualizó– serán transferidos para fortalecer los equipos de salud comunitaria que se encuentran trabajando en el sistema público en las provincias”.
Asimismo, agregó que la decisión administrativa de Cafiero “compensa partidas presupuestarias para destinar 50 millones de pesos en subsidios de apoyo a la innovación tecnológica y puesta en producción de los test rápidos desarrollados en el país, vinculados con la detección del Covid-19”.
“A esos efectos, los fondos serán girados al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para financiar a las instituciones que tienen a su cargo el desarrollo de los mencionados kits diagnósticos, con el fin de promover su producción a gran escala y así poder abastecer al mercado interno y, eventualmente, para su exportación”, apuntó la fuente.
El 16 de mayo pasado, el presidente Alberto Fernandez presentó un test de diagnóstico rápido y económico desarrollado por científicos argentinos para detectar el Sars-CoV-2, que alcanzará una producción de 100 mil unidades por semana en el corto plazo y permitirá extender los análisis de manera masiva.
