Cinco empleados policiales pertenecientes al Grupo de Operaciones Tácticas fueron imputados por abuso funcional y falsedad ideológica en la ciudad de Reconquista. Se trata de 4 hombres y una mujer que, durante un allanamiento a principios de mayo en esa ciudad del norte provincial, obligaron al dueño de casa a salir con su perro y soltarlo en la calle. Cuando el animal estuvo libre lo golpearon y balearon con un arma antitumultos. También le pegaron al buscado, contó el fiscal.
Este viernes el fiscal santafesino Leandro Mai imputó a cinco uniformados que prestan servicio en el Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional IX.
Los empleados policiales llegaron hasta una casa ubicada en la manzana 8 sin númeo del barrio La Cortada de la cabecera del departamento General Obligado el pasado 7 de mayo con una orden de allanamiento.
Pero, lejos de cumplir con la disposición judicial, obligaron al dueño de casa a soltar a su perro en la calle. Le pegaron un culatazo en la cabeza al hombre y cuando cayó al piso lo siguieron golpeando. También lastimaron al perro: luego de pegarle patadas le dispararon con un ama antitumultos.
“Luego de cometer los ilícitos, los imputados confeccionaron un acta de allanamiento con declaraciones falsas”. En tal sentido, el fiscal indicó que “detallaron que la víctima se había resistido y que había intentado fugarse del accionar policial, como así también que el animal los había atacado”, contó el parte fiscal.
La imputación a EJN, CMP, EAP, DAV y la uniformada PAO se llevó adetante en una audiencia que se realizó en la Unidad Fiscal de Reconquista y se les achacó los delitos de abuso funcional, acto de crueldad contra los animales y falsedad ideológica de instrumento público.
El fiscal contó que la imputación “se apoyó en una investigación que inició el área de Asuntos Internos de la policía provincial”.
También indicó que “la judicialización del caso se inscribe en la valoración político-criminal de la violencia institucional, que es uno de los ejes en materia de persecución penal”.
Los agentes, que tienen entre 25 y 30 años, transitarán el proceso en libertad.
