La Fiscalía de la capital provincial adelantó en la audiencia preliminar a juicio oral que se condene a 12 y 18 años de prisión a tres policías del Comando Radioeléctrico de la Costa por cometer más de una treintena de delitos en 2017 que van desde torturas, vejaciones, robos, hurtos hasta adulteración de actas de procedimiento donde algunas de las víctimas estaban en extrema vulnerabilidad y desprotección debido a que eran mujeres, niños y personas con capacidades diferentes, describieron voceros judiciales. Por esta causa, ya fueron condenados otros cuatro uniformados entre los que se encuentra la subjefa y otro policía está en trámite de aceptar un juicio abreviado en el marco de estos delitos.
Los fiscales a cargo de la pesquisa Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez hicieron el pedido de pena este domingo en una audiencia preliminar que se realizó en los tribunales en la capital provincial ante el juez Jorge Patrizi, describieron voceros del área de prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los tres policías acusados están en prisión preventiva y están identificados como EMM, de 33 años; AAS, de 44, y LEG, de 38.
La causa
“Desde noviembre de 2017 estamos investigando los ilícitos cometidos por ocho policías mientras cumplían funciones en el Comando Radioeléctrico de la Costa ya que con su accionar, que resultó de la previa distribución y asignación de tareas, los agentes investigados vulneraron múltiples derechos constitucionales de gran cantidad de víctimas”, precisaron los fiscales Hernández y Jiménez.
“Actuaron con desaprensión hacia la integridad física, la libertad y la propiedad de otras personas, y lo hicieron a través de los conocimientos y de las herramientas de trabajo que le fueron provistas por el Estado”, subrayaron en la reconstrucción que realizaron los fiscales ante el magistrado.
En la audiencia de este domingo, los funcionarios del MPA hicieron hincapié en que “algunas de las víctimas de los múltiples hechos ilícitos fueron mujeres, niños y personas con capacidades diferentes, lo que indicó el estado de indefensión de las víctimas que estaban en situación de absoluta vulnerabilidad y desprotección”.
Hernández y Jiménez detallaron que “luego de cometer los delitos, los policías insertaban declaraciones falsas en las correspondientes actas de procedimiento, a sabiendas de lo que hacían y con la deliberada intención de ocultar los ilícitos que habían cometido”.
Los funcionarios del MPA también añadieron que “los instrumentos que se falsearon en casi la totalidad de los hechos, son actas de procedimientos. Es decir, documentos que tenían como fin anoticiar a la Justicia Penal de la probable comisión de hecho ilícitos”
Delitos y pedidos de penas
Al imputado de iniciales EMM se le atribuyeron 30 delitos que implicaron: la coautoría de severidades –privación de la libertad–(cuatro hechos); vejaciones (dos hechos); apremios ilegales; amenazas coactivas (cinco hechos); allanamiento ilegal (nueve hechos); falsedad ideológica en instrumento público (siete hechos); robo calificado (dos hechos). Además, está imputado por la autoría de la comisión por omisión de tortura de funcionario competente ajeno al delito y omisión de denuncia calificada (por ser funcionario público en ejercicio de sus funciones). Por ello, la Fiscalía solicitó 18 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos y tener o portar armas.
En tanto para AAS y para LEG adelantaron que pedirán 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, respectivamente. AAS está acusado por 47 hechos que van desde torturas; severidades (siete hechos); vejaciones (cuatro hechos); amenazas coactivas (seis hechos); apremios ilegales; allanamiento ilegal (doce hechos); falsedad ideológica en instrumento público (nueve hechos); robo calificado (tres hechos); hurto calificado; privación ilegítima de la libertad por abuso funcional (cuatro hechos) y lesiones leves.
Mientras que a LEG, los fiscales le atribuyeron la coautoría de 37 delitos entre los que se incluyen torturas (dos hechos); severidades (seis hechos); vejaciones; amenazas coactivas (cinco hechos); apremios ilegales; allanamiento ilegal (diez hechos); falsedad ideológica en instrumento público (nueve hechos); robo calificado (dos hechos); privación ilegítima de la libertad por abuso funcional (tres hechos).
Subjefa condenada
En esta causa, hay cuatro condenados. Una de ellas es la subcomisaria Nadia Lucrecia Soperez, de 38 años, a quien se le impuso una pena de 8 años y seis meses de prisión por más de 60 delitos que cometió mientras se desempeñaba como subjefa del Comando Radioeléctrico de la Costa.
La condena impuesta a Soperez es por la coautoría de los delitos de tortura; apremios ilegales; vejaciones; severidades; privación ilegítima de la libertad; amenazas coactivas; falsedad ideológica en instrumento público agravado (por ser ejecutado por funcionario público con abuso de sus funciones); allanamiento ilegal; robo calificado y hurto calificado (por ser en poblado y en banda y por ser ejecutado por personal policial).
La pena también se le impuso por la autoría de los delitos de abuso de armas, violación de secreto y amenazas coactivas; y por su participación necesaria en el delito de robo calificado (por ser cometido por personal policial).
“La condenada aceptó su culpabilidad. También manifestó su conformidad con los hechos ilícitos atribuidos, la calificación legal de todos ellos, la pena que solicitamos –en cuanto a su monto y en cuanto a su modo de ejecución–, y el procedimiento abreviado elegido”, destacaron los fiscales. Asimismo, remarcaron que “fue el primer caso en el que un policía fue condenado por el delito de torturas en el ámbito de la Justicia provincial”, destacaron los fiscales.
Otros tres policías penados
Los otros tres condenados son Juan Emilio Torres, Claudio Cerf y Gabriela Cerf recibieron una pena a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y para tener o portar armas de todo tipo.
Por su parte, a Torres se le impuso una pena de cinco años de prisión con modalidad domiciliaria.
En tanto, hay otro policía investigado cuyas iniciales son CJN, “que ya se realizó la audiencia de juicio abreviado y estamos al aguardo de la notificación de la condena”, indicaron los fiscales para agregar que “la condena prevista es de ocho años de prisión con modalidad domiciliaria e inhabilitación absoluta perpetua”.
Querellante
Una mujer que fue víctima del accionar del personal policial se constituyó como querellante en la investigación. Cuenta con la representación del abogado Federico Lombardi, de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Centro de Asistencia Judicial (CAJ). La mujer manifestó su conformidad con el procedimiento abreviado, los hechos atribuidos y sus calificaciones legales, la pena solicitada y la modalidad de cumplimiento.
“Como ocurrió en todas las audiencias realizadas hasta el momento, los abogados querellantes acompañaron a la Fiscalía y brindaron aportes que resultaron significativos”, valoraron los fiscales Hernández y Jiménez.
Condenaron a subcomisaria por más de 50 delitos, entre ellos torturas
