Por Ari Lijalad – El Destape Web
El juez Marcelo Martínez de Giorgi puso primera en la causa donde se investiga el espionaje ilegal vía robo de mails a dirigentes políticos durante el gobierno de Mauricio Macri. Ante la denuncia que realizó Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el juez pidió varias medidas de prueba. El ex jefe de la AFI Gustavo Arribas se presentó con el histórico abogado de Macri y Luis Majul reclama que no circulen sus mails.
Se trata de la causa judicial donde se investiga el espionaje ilegal de mails en la era Macri que, tal como informó El Destape, incluía desde los propios miembros del PRO y Cambiemos hasta la entonces oposición, hoy en el gobierno.
Las medidas que pidió el juez Martínez de Giorgi van en línea con los requerimientos del fiscal Jorge Di Lello que, como informó Franco Mizrahi en El Destape, le dio impulso a la investigación. El juez le requirió a la interventora de la AFI que le envíe los legajos completos de los espías involucrados en estas maniobras junto a la “nómina del personal contratado en la agencia entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019 y especifique el área dónde se desempeñaron” y que le aporte “un diagrama completo de la estructura de la Secretaría durante el mismo período de tiempo, del que surjan las cadenas de mando, jerarquías, como así también sistema de control y supervisión de los agentes que intervenían en cada una de las áreas”. También pidió un detalle de “todas las órdenes de reunión de información que existieran en la agencia respecto de las personas mencionadas en la denuncia” y que le informen como fue el hallazgo del disco rígido con los mails robados que originó la renuncia. En esto el juez Martínez de Giorgi fue muy específico: pidió los protocolos, normativas, los actas y constancias de como se encontró el material y de que no se hubiera hecho por orden judicial.
El juez Martínez de Giorgi ya tiene en su poder el disco rígido marca Western Digital que le enviaron desde la AFI con la información de los espiados. Para analizarlo le dio intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), la mini Side que armó Ricardo Lorenzetti en bajo la órbita de la Corte Suprema y el control de los jueces federales cuando Macri le traspasó la oficina de escuchas. No es un bueno momento para darle intervención, ya que el Congreso está próximo a votar si fue o no legal ese traspaso hecho por Macri vía decreto y, en caso de que se determine que no, sus funciones volverían al Ministerio Público Fiscal. La Dajudeco sigue a cargo de Juan Tomás Rodriguez Ponte, que estuvo en ese cargo durante todo el festival de escuchas de la era Macri y cuyo pliego para juez en Lomas de Zamora fue retirado del Senado.
Mientras, el juez le solicitó a la Dajudeco que haga una “copia espejo” del disco y que en base a esa copia recupere toda la información, individualice los mails, determine que tipo de información había y cuando se produjo y quienes tuvieron acceso a la misma. También que se haga un informe detallado de los mails robados, de los cuales el juez quiere que “en cada uno de los correos electrónicos obtenidos su asunto y/o rastros, transcribir su contenido, identificar sus fechas y archivos adjuntos si tuvieran”.
Espiades
El ex señor 5 de la AFI, el “Negro” Arribas, se presentó en el expediente con el patrocino de Alejandro Perez Chada, el histórico abogado de Macri. No llama la atención. Macri y Arribas son amigos desde la adolescencia. “Es el más acostumbrado a las trampas” se sinceró Macri cuando le preguntaron porque lo eligió para manejar la casa de los espías. Macri, Arribas y Silvia Majdalani, la ex señora 8, fueron los denunciados por estas maniobras de espionaje ilegal.
Los espiados, por su parte, comenzaron a presentarse en la causa. A las querellas de la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Martín Sabbatella y otros miembros de Nuevo Encuentro se sumaron las de Horacio Mizrahi (prensa de Julio De Vido), el periodista Gerardo Aranguren y Silvia Perla Rojkés.
El operador mediático Majul y el ex jefe de la policía bonerense Hugo Mtazkin también se presentaron como querellantes pero no cometieron errores en los papeles y el juez Martínez de Giorgi los mandó a rehacerlos.
En el caso de Majul se presentó con la abogada Silvina Martínez, una habitual panelista de su programa y denunciadora serial de kirchneristas. En un escrito, al que tuvo acceso El Destape, pidió que no se divulguen sus mails. “Vengo a solicitar el resguardo en debida forma de los supuestos mails que fueran acompañado como prueba por la denunciante y evitar su divulgación o entrega a toda personas ajena a mis abogados. Ello a fin de no agravar el perjuicio de que fuera víctima”, planteó el cazador de escuchas en los bosques de Palermo.
En su escrito, el operador Majul revela algo curioso. Dice: “Únicamente autorizo a acceder a mis letrados a lo correos privados que se hayan acompañado como prueba toda vez que no solo existen cuestiones privadas, sino que también patrimoniales (como claves de cuentas bancarias) cuya divulgación o adulteración podrían ocasionarme perjuicio aún mayor”. No se entiende porqué enviaría sus claves bancarias por mail, lo que es claro es que le preocupa el contenido de sus intercambios. Es cierto que sus conversaciones via mail pueden contener intercambios con fuentes que están protegidas por la actividad periodística. Pero no es menos cierto que eso vale para el periodismo, no si se comprueba que, como en el caso del operador Daniel Santoro, se cometían delitos con la patente de periodista.
