Referentes políticos del oficialismo y de la oposición, religiosos y representantes de instituciones educativas, entre otros, repudiaron este lunes el entramado de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), denunciado por la interventora del organismo, Cristina Caamaño, y coincidieron en la necesidad de terminar con esa “rémora antidemocrática”.
El jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, repudió “cualquier tipo de espionaje que exista al margen de la ley” y sostuvo que, “desde los ’90, los servicios de inteligencia son un punto oscuro y negro en la política argentina”.
Si bien aseguró “no” tener información “más que periodística” sobre el tema, el diputado radical planteó la necesidad de que la política esté a la “altura de resolver la situación”.
Su compañero de bloque y a su vez presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, expresó su deseo de que “la justicia desentrañe la maraña” del presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri, y reconoció que “sospechas” tiene “siempre”, en cualquier gobierno, sobre la posibilidad de que se realicen “escuchas” por parte de agentes de inteligencia.
“Yo tengo sospechas siempre, en el gobierno de Macri y con este gobierno más que antes”, dijo Cornejo; quien se manifestó “respetuoso de la República”, por lo que pidió esperar a que “la Justicia desentrañe esta maraña” y ver “qué dicen las investigaciones” porque –aseguró– que antes vio “muchas denuncias que eran puro humo”.
En tanto, jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los dirigentes, que según consta en la denuncia, está incluido en la lista de personas que fueron víctimas del espionaje ilegal, confirmó que esta semana concurrirá a los tribunales federales de Lomas de Zamora para conocer la causa, aunque dijo estar “convencido” de que el ex presidente Macri “no tiene nada que ver”.
“Esta semana me voy a presentar ante el juez que me citó en calidad de víctima; yo confío en que la justicia investigue a fondo para determinar los hechos y las responsabilidades”, dijo Larreta en declaraciones periodísticas.
“Repudio estos procedimientos, sobre mí o sobre cualquiera, pero estoy convencido que ni Mauricio Macri, ni su gobierno han tomado ninguna decisión política en esta dirección: estoy convencido que no tiene nada que ver”, remarcó Larreta.
Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, aseguró que “es tiempo de poner punto final” al entramado de espionaje de los servicios de inteligencia y sostuvo que es “una gran oportunidad de ir a fondo con esto”.
El legislador oficialista afirmó: “la cloaca es transversal: no me importa a quién le caiga, lo que quiero es que terminemos con esta forma” de actuar de los organismos de inteligencia.
“He planteado a (Cristian) Ritondo –presidente del bloque de diputados del PRO–, que también ha sido espiado y con quien comparto comisión (la bicameral de organismos de inteligencia), que tenemos una gran oportunidad de ir a fondo con esto”, aseguró el diputado nacional.
La legisladora porteña Myriam Bregman, también aseguró que se presentará como damnificada en la causa por presunto espionaje ilegal “para que la impunidad no genere más impunidad”, tras haberse encontrado en los listados de la AFI que el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) era uno de los objetivos de seguimiento ilegal de la gestión de Cambiemos.
“Se trataba de prácticas extendidas y sistemáticas, que no deben ser vistas como hechos aislados. Hubo una intervención muy fuerte sobre el Poder Judicial, con Patricia Bullrich presentando causas penales contra Nicolás del Caño y contra mí. No me sorprende porque es una práctica bastante común”, indicó Bregman, quien llamó a terminar con “los sótanos de la democracia” con los que “varios gobiernos constitucionales han ido conviviendo”.
Desde el ámbito eclesiástico, el sacerdote Francisco “Paco” Oliveira, quien también se presentará como querellante en la causa junto a “un grupo de investigados”, patrocinados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, cuestionó que los funcionarios del gobierno anterior “se llenaron la boca de institucionalidad e hicieron absolutamente lo contrario”.
“Sabíamos quiénes eran estos mafiosos, pero realmente creo que se pasaron mucho más de lo que podíamos pensar”, sostuvo el ex párroco de la Isla Maciel, perteneciente al Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, y agregó: “Te dabas cuenta de que sabían cosas que vos hablabas quizás muy personalmente con algún otro cura”.
Por último, aseveró: “En lo personal, es un orgullo casi que esta gente te investigue, te persiga, te quiera armar carpetazos. Ahora, el tema es la gravedad institucional”.
En el plano educativo, el rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca, Daniel Vega, repudió el presunto espionaje realizado sobre el docente e investigador del Conicet, Francisco Cantamutto, cuyo nombre figura en los listados.
“Entendemos que de comprobarse el accionar ilegal denunciado debe ser objeto del repudio de toda la sociedad que ha elegido para nuestro país la vida democrática, la pluralidad de ideas y el respeto a la libertad, el Estado de Derecho y las garantías constitucionales”, señaló Vega en un comunicado.
Por su parte, el propio Cantamutto, dijo a Télam: “Me parece una buena noticia que salga de las catacumbas y se empiece a discutir públicamente esta rémora antidemocrática”.
“Yo me entero que soy espiado en noviembre del 2017 y de hecho tengo presentado un recurso de Habeas Data en diciembre de ese año; en ese momento se me denegó el acceso a la onceava reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio que sesionaba en Buenos Aires por datos sobre mi comportamiento y mi persona”, apuntó.
