La tensa calma política que la pandemia había traído aparejada se vio interrumpida por la decisión del Ejecutivo nacional de intervenir y expropiar Vicentín. Alberto Fernández pateó el avispero y la oposición reaccionó: Cambiemos impulsó una denuncia penal contra el jefe del Estado por abuso de autoridad. El presidente, que cuenta con el apoyo de los trabajadores de la cerealera y los gremios del sector, aclaró que el objetivo es “rescatar a una empresa muy importante” y no se podría perdonar “quedarse de brazos cruzados mientras la empresa se cae”.
El mandatario mantuvo este miércoles una reunión con uno de los dueños de Vicentin, Gustavo Nardelli; mientras que desde la propia empresa comunicaron que tomaron contacto con la intervención “con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores”.
Además, los cuestionados préstamos que el Banco Nación le otorgó a Vicentin durante el macrismo, y que la cerealera nunca devolvió, ya están siendo evaluados en el Congreso. El Poder Legislativo será otro plano más donde se dirima la batalla desde donde saldrá fortalecido, o no, el proceso de expropiación. Mientras que en el ámbito judicial, la nueva gestión del Banco Nación aportó a la fiscalía toda la información que cuenta sobre los créditos que la agroexportadora nunca devolvió.
Abuso de autoridad
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y otros integrantes del Poder Ejecutivo que firmaron el DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin.
“El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional”, señala la denuncia presentada.
La oposición cita el artículo 109 de la Constitución, que enuncia que el Poder Ejecutivo tiene vedada toda posibilidad de intervención en el proceso de saneamiento o liquidación de la empresa, lo cual está en manos del juez del concurso. Por otra parte, el escrito alude al artículo 75 inc. 12 de la Constitución e indica que le corresponde al Congreso dictar los códigos de fondo y la ley de bancarrotas.
Por estos dos motivos, Juntos por el Cambio sostiene que el presidente incurrió en “la comisión del delito de abuso de autoridad”.
«Rescatar a una empresa en quiebra»
“La expropiación en este caso es un remedio excepcional y no permanente porque a mí me gustaría que esto no suceda más”, dijo el presidente Fernández este miércoles a Radio 10
Agregó que no se «podría perdonar ver de brazos cruzados cómo Vicentin se cae y los trabajadores se quedan sin trabajo” e insistió en que con esta medida el gobierno busca rescatar a la cerealera: “Estamos rescatando una empresa muy importante que está en un colapso financiero enorme”.
En esa línea, advirtió que la “vocación» del gobierno es que la empresa «siga siendo argentina y que sea manejada y rescatada de la situación en la que está» y dejó claro: «No estamos allí para avasallar los derechos de nadie”.
También contó que el martes mantuvo “una muy buena charla con Sergio Nardelli, uno de los dueños de Vicentin», a quien le dijo que lo que buscaba el gobierno era «preservar la empresa en manos argentinas» y agregó: «No debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es rescatar a una empresa de la quiebra”. El jueves se reunirían personalmente.
En relación con la actitud de algunos sectores de la oposición en torno al tema, consideró que «hay un grupo de políticos que hace años se olvidó de discutir política y se acostumbró a que la política ocurra en los tribunales».
El Senado busca crear una comisión bicameral
En el plano legislativo, desde donde deberá salir la ley de expropiación, también se dará el debate sobre los préstamos que recibió Vicentin del Banco Nación. El Senado comenzará a discutir mañana en comisión un proyecto de ley propuesto desde el Frente de Todos para investigar presuntas irregularidades en esa relación crediticia.
La titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún, convocó para mañana a las 14 a una reunión por videoconferencia e incluyó en el temario un proyecto de ley del senador Oscar Parrilli, que propuso crear una comisión bicameral para investigar supuestos ilícitos en Vicentin.
En caso de aprobarse su creación, la comisión bicameral estará integrada por legisladores de ambas cámaras para determinar si el Banco Nación cumplió los procedimientos correspondientes para los otorgamientos de los préstamos y sus refinanciaciones y si actuó en cumplimiento de la normativa vigente por el Banco Central.
La iniciativa hace hincapié en la denuncia por defraudación contra el Estado Nacional que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 y que involucra a Guido Sandleris, quien fue presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Bicameral propuesta por el senador oficialista debería investigar la posible «defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de cereales y soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años».
Entre sus facultades, Parrilli propuso conocer «si existieron movimientos de fondos entre empresas vinculadas efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica, de provocar el déficit económico y financiero que ocasionaron el proceso concursal».
También abogó por «la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control».
La comisión «deberá indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país y/o en el exterior, ejecutadas por los directivos y/o responsables, si evadieron tributos y otros compromisos fiscales, dejando de ingresar a las arcas estatales, ya sea a nivel nacional, provincial y/o municipal, montos correspondientes a sus obligaciones tributarias».
Documentación a la Justicia
En el plano judicial, la Fiscalía a cargo de la investigación por supuesta defraudación a raíz de la deuda de 18.500 millones de pesos de la empresa Vicentin con el Banco Nación recibió al menos 70 archivos con información y documentos enviados desde esa entidad.
La documentación llegó vía correo electrónico a la fiscalía federal de Gerardo Pollicita, quien ahora deberá analizarla y determinar si está completa en relación al pedido que se había hecho llegar al Banco Nación, informaron fuentes judiciales.
En la pesquisa está imputado el último titular del Banco, Javier González Fraga, y los empresarios de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.
La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien delegó la investigación en la fiscalía.
Primer contacto con la intervención
En tanto que el directorio de Vicentin expresó que tomó contacto con la intervención designada por el gobierno, un día después de que la delegación nacional encontrara las puertas cerradas de la sede central de la cerealera en Avellaneda. Además, pidieron la participación en el proceso del juez Fabián Lorenzini que lleva adelante la causa referida al concurso de acreedores.
“La compañía hace saber que, con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, ha tomado contacto con los representantes de la intervención dispuesta por el decreto 522/2020 a fin de que con la insoslayable participación del juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin, se defina y determine el alcance de la intervención dispuesta”, comunicó el directorio de la compañía.
Según publicó el portal Avellaneda 24, ayer mismo se dio la primera reunión entre las partes en la municipalidad de Reconquista, de la que participaron Sergio Nardelli y Sergio Vicentin, dos de los directivos de la empresa, con el intendente Amadeo Vallejos y los enviados del gobierno nacional.
