El grupo representado por la abogada Valeria Carreras, pidió a las autoridades verificar la situación de cada una debido a que los celulares «andaban sospechosamente mal».
También agregaron que «cuando concurrían a la Base Naval de Mar del Plata a recibir los partes de novedades en la búsqueda del Submarino, casualmente, los de la Armada, sabían lo que iban a preguntar ellas”.
También denunciaron que el contenido audiovisual en los aparatos, como audios y fotografías, eran borrados y también los contactos de los maridos desaparecían de grupos de Whatsapp donde se habían sumado antes de la partida.
“Las casualidades, no cesaban, y todas las viudas se negaron a entregar sus equipos celulares. Temían que se los clonaran, que les borraran lo poco que aun conservaban de sus seres queridos”, se remarcó en el texto.
Luego de concurrir a Lomas de Zamora, presentaron un documento ante la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso de la Nación.
Esos episodios habían sido denunciados por los familiares en los tribunales de Comodoro Py frente al magistrado Daniel Rafecas pero determinaron no dejar en poder de la Justicia sus teléfonos celulares debido a que sentían desconfianza.
A finales de abril de 2018, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) logró confirmar que dos celulares habían sido intervenidos aunque no se logró determinar por quién.
Ese análisis sumó más sospechas a la labor de Oscar Aguad, el ministro de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri.
Por entonces, Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes y abogado, contó a la prensa que notó también anomalías en su teléfono, al tiempo que otros familiares detectaron correos electrónicos de Gmail con avisos de una apertura en una dirección de IP desconocida.
