La Federación de Vecinales de Reconquista le pidió al gobierno nacional «no retroceder en el camino emprendido de salvaguardar las fuentes de trabajo», en un documento en el cual la entidad fijó postura favorable en relación a la intervención de la empresa Vicentin.
El documento, titulado «No todos somos Vicentin», indica que están «cansados de vivos y aprovechadores que piensan seguir cometiendo atropellos en perjuicio de la comunidad en general».
«Porque queremos un gobierno que ponga límites y a quien instamos a no retroceder en el camino emprendido de salvaguardar las fuentes de trabajo en nuestra región y a nivel nacional», añade el texto de la Federación, presidida por Laureano Pandolfi.
El documento plantea un interrogante al preguntarse «qué pasa cuando un trabajador se atrasa o incumple pagos en la compra de artículos o en la toma de créditos», que es lo que, a juicio de la Federación, sucedió con la aceitera.
«Si no pagamos el plan de ahorro del auto lo perdemos y si tomamos un crédito hipotecario para construir nuestra vivienda y no pagamos nos ejecutan la hipoteca», advierte el texto.
«Por eso, si el Grupo Vicentin no paga los créditos que debe, les tiene que a pasar lo mismo que a cualquier trabajador. Con el dinero que esa empresa no pagó a los bancos estatales, se podrían construir miles de viviendas en toda nuestra región, para dar respuestas a las necesidades acuciantes que padecen las familias santafesinas que no cuentan con crédito para alcanzar este derecho», remarca el documento.
El texto agrega que las vecinales no han «sido parte del terrorismo de Estado que estuvo presente en la empresa Vicentin durante la dictadura cívico-militar (1976/1983), responsable de permitir el ingreso de grupos de tareas que secuestraron trabajadores de su interior».
En otros tramos, el texto señala que «un trabajador no fuga divisas, ni tiene privilegios, ni estafa al país» y que los vecinalistas quieren «vivir en una sociedad donde la ley se aplique a quienes cometen delitos civiles o penales sin distinción de clase y representaciones de poder, los que deben ser investigados en forma urgente para que no haya impunidad con nadie en la Argentina».
