Las entidades agropecuarias de la provincia de Santa Fe quieren precisiones sobre el plan del gobernador Omar Perotti para rescatar a Vicentin. Además, criticaron la intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) en el conflicto de la empresa cerealera.
En forma conjunta, Carsfe, la Federación Agraria, la Sociedad Rural y Coninagro reclamaron explicaciones al gobierno provincial después de la decisión del mandatario santafesino de involucrarse en el conflicto a través de la IGPJ.
“Entendemos que es una arbitrariedad y un exceso del organismo de control”, sostuvo el secretario de Carsfe, Ignacio Mántaras. Y advirtió además que la medida “tiene un elemento muy peligroso”, como es fundamentar la falta de idoneidad del directorio en la cesación de pagos de la empresa.
“La verdad que, en tiempos de pandemia, donde habrá muchas empresas en cesación de pagos, ese sólo elemento para justificar la intervención altera el estado de derecho”, agregó el dirigente ruralista.
“Nos parece grave que se utilice un órgano de control con fines políticos”, en referencia a la presentación que hizo el último viernes la IGPJ ante el juez del concurso “con la excusa de un rescate” de la empresa nacida en Avellaneda.
El dirigente de Carsfe sostuvo que el “la cuestión de fondo” debería ser “pensar entre todos cómo garantizar la continuidad de una empresa en crisis” y remarcó que “no se está dando ese debate” y en su lugar “se está discutiendo en términos más políticos e ideológicos”.
