La provincia de Santa Fe en los últimos días reportó un incremento de casos por nuevo coronavirus y se empezaron a prender las alarmas en torno a la cantidad de actividades que fueron liberadas. Ese es uno de los ejes de análisis del Ejecutivo santafesino junto al control de los límites tanto con el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y Chaco, donde hay circulación comunitaria de sars-cov-2. Una de las medidas que se estudian es restringir algunas habilitaciones sin dar una marcha atrás total.
«Está en análisis el tema de las reuniones afectivas todos los días. Estamos en una mirada fina en esa cuestión. Es una de las actividades liberadas que más preocupación está generando», afirmó Rubén Michlig, ministro de Gestión Pública provincial, en diálogo con LT8. Agregó: «Nosotros estamos apelando al control social. Si la sociedad no entiende los límites obligaría a tomar decisiones».
Otro de los temas que están bajo estudio en la provincia remite al aumento de casos por el ingreso de personas desde la provincia de Buenos Aires o viajes de santafesinos a la misma. «La preocupación es la misma que venimos teniendo desde el domingo cuando hicimos el anuncio de los puestos fronterizos. Vemos que la mayoría de los casos están ligados con gente que estuvo en el Amba», describió el funcionario.
El Plan Perotti para Vicentin, trabado
El tema de Vicentin es otro que está en agenda y el gobierno provincial busca una salida para evitar la expropiación de la empresa y propone reemplazar a los administradores por un órgano interventor compuesto por dos representantes del Estado nacional y uno de Santa Fe.
«Con el tema Vicentín nosotros seguiremos buscando una solución con todas las partes. Dentro siempre del marco concursal. Es imposible darle una solución a este problema sin la participación de todos», explicó Michlig. El juez civil y comercial de Avellaneda que entiende en la causa del concurso, Fabián Lorenzini, rechazó en principio la propuesta de intervención judicial presentada por la Casa Gris como salida al atolladero de una primera negativa del mismo magistrado a la intervención política decidida por el Ejecutivo nacional.
