Pablo Suárez (*)
Rodolfo Terragno escribió en 1985 un libro en el que proyectaba los pasos o líneas fundamentales que debería seguir la Argentina en los años que tenía por delante; se llamó Argentina Siglo XXI.
Quizás gracias a ese libro, fue convocado por Alfonsín en 1987 para integrar su gabinete. En un gesto provocador, pero que bancamos, la reedición de ese libro en el año 2000, (cuando formaba parte del gabinete de De la Rúa), consiste en el texto original de 1985, con algunas apostillas agregadas en los márgenes, porque consideró que los desafíos del 85 siguen en pie y para revisar qué había pasado con aquel prospecto.
Como comentario a un párrafo relativo a las privatizaciones (¡estamos hablando de 1985!) Terragno comentaba: “Como ministro de Obras y Servicios públicos en 1987 firmé dos acuerdos: uno con SAS, para convertir a Aerolíneas en una de las principales compañías aéreas del mundo; otro con Telefónica, para que ENTel se anticipara a la revolución de las comunicaciones.
El estado vendía 40% tanto de Aerolíneas como de ENTel, bajo condiciones que obligaban a sus socios a realizar cuantiosas inversiones y asumir la gestión empresarial. El Congreso –opuesto entonces a cualquier privatización, así fuera parcial– se negó a aprobar aquellas alianzas estratégicas.
Implantación social de las ideas
1989, Menem. Si bien no lo votaron para eso, cuando su gobierno privatizó las empresas estratégicas, el público en general, la mayoría de quienes éramos adultos en esos años estábamos listos para que eso pasara, como el protagonista de “Antiguo reloj de cobre” cuando va a la casa de empeño; le duele, pero lo hace (el caso opuesto al de “Viejo Smoking”, que decide dormir su miseria con el objeto preciado).
Con mayor o menor nivel de adhesión, ese es otro tema. Algunos salieron a la calle para oponerse, y otros ratificaron el rumbo elegido cuando en 1995 le dieron cuatro años más de mandato al riojano.
En algunos casos, algunas empresas (Somisa es el caso más palmario) se privatizaron con la aquiescencia de sus empleados que mediante plebiscitos, aceptaron –gustosos o resignados– ser “parte del milagro” con los Programas de Propiedad Participada que reservaban un porcentaje para los trabajadores.
¡No es lo mismo gustoso que resignados! me dirán. Pero esas voluntades (que en Somisa llegaron al 75% de aceptar la privatización) nos hablan de un nivel de implantación social de esas ideas, que no debe soslayarse y que quienes hurguen en la memoria (escrita u oral, preguntando a sus parientes mayores) podrán ratificar cabalmente.
Aquellas privatizaciones –combinadas con la apertura a los mercados internacionales– pretendían modernizar y hacer más competitiva a esas empresas; contrariamente, en general, cuando una empresa se estatiza, (en cualquiera de sus formas jurídicas) lo que se busca es protegerla; se la considera estratégica porque el desarrollador privado no está logrando los objetivos deseados y se está poniendo en riesgo algún fusible esencial de la economía nacional o afectando los intereses de una masa crítica de habitantes.
No sabemos si el capitalismo global entrará en una fase de estatizaciones masivas como modo de paliar la crisis del coronavirus, lo cierto es que en algunos casos esto asoma como un horizonte posible en muchos países europeos incluso en aquellos que no se alinean con políticas intervencionistas o si lo hacen lo hacen con escasa trascendencia mediática (para que no cunda el ejemplo, o para no mostrar la hilacha).
Un contexto para Vicentín
Mientras que los ajenos le critican la medida, del lado de quienes están de acuerdo con la jugada gubernamental la mayoría de las críticas se centraron en lo mal que el gobierno comunicó la medida. Y sobre eso me permito una breve reflexión.
El equipo gubernamental –no sólo por tradición política sino también por repetición de nombres propios– es muy similar al que en 2008 debió renegar con la Resolución 125 y sus idas y vueltas.
¿No logró visualizar los focos de conflicto que se abrían ante una medida de este tipo? por ceguera propia de la “mesa chica” o por mal diálogo con la mesa ampliada de gobernadores –más o menos– y diputados –más– afines, Alberto avisó una medida, no comunicó una idea.
Terragno fracasó en 1987, pero cuatro años después la sociedad estaba lista, preparada o resignada a aceptar esas medidas como las únicas pertinentes o al menos como las posibles en ese escenario.
El numeroso y activo equipo político del Kirchnerismo no logró en estos doce años comunicar su visión del rol del Estado de una manera tal que el gran público lo incorporara o al menos aceptara como un factor de intervención en la gestión económica del país.
Y esto no es sólo porque “los medios hegemónicos” hacen su tarea demonizando al Estado. Quienes consideran que el Estado tiene un rol importante que ocupar en la gestión social del conflicto, o en la asistencia a los más vulnerables se han limitado a una comunicación demasiado instrumentalista, de un Estado interventor en temas puntuales, casi administrativos, perdiendo de vista su importancia en el conjunto social en cuanto defensor del interés colectivo.
Por otro lado, la tradición política argentina que tiende a homologar estado y partido gobernante dificulta cualquier objetivación respecto de los actos de gobierno: siempre serán asociados a los intereses específicos de quienes ocupan el gobierno.
Esta última identificación sí que es un efecto buscado en la comunicación de quienes postulan un anti-estatismo tan visceral como racista y clasista.
Desarrollar una comunicación paciente
La medida tomada respecto de Vicentin ha logrado escaso nivel de comprensión –y ni hablar de aceptación– en amplias capas de la sociedad, sobre todo las clases medias y los ámbitos rurales, que no visualizan al Estado como un actor con quien contar.
Ya sé que se olvidan de los subsidios a los servicios esenciales, ya sé que se olvidan de los chacareros endeudados en 2003. Pero sabemos que cualquier transformación en sentido “progresista” encontrará una férrea resistencia en esos sectores que, digámoslo y aceptémoslo, han demostrado cierta fuerza de movilización y un núcleo duro electoral que debe ser considerado, más que vilipendiado en las redes sociales.
Quizás deba jerarquizarse en las estrategias políticas el desarrollo de una comunicación paciente acerca del rol del Estado en la sociedad pero también promover intervenciones que se presenten y se expliquen como estratégicas y no como simples medidas de emergencia.
Quizás así, como le pasó a Terragno, una derrota política definida en un poroteo parlamentario en un momento determinado, pueda convertirse unos años después en la gestación y concreción de las transformaciones deseadas.
Si no instalamos esa base previa de comprensión y aceptación (que puede hacerse construyendo consensos políticos también, no solamente con “propaganda” o “comunicación institucional”), las dificultades para legitimar determinadas intervenciones estatales en la sociedad serán cada vez mayores.
Teniendo siempre a mano un kit de “Terragno-express” que logre separar las etapas en una de información y otra de ejecución. Quizás las enseñanzas del pasado no haya que ir a buscarlas, tan lejos, a los libros de historia, con los diarios de anteayer alcanza.
(*) Historiador (UNR). Autor de Rosario ciudad ocupada. Publicó en Socompa, Panamá, Señales y otros medios
