El Senado provincial dio media sanción, por unanimidad, al proyecto por el cual Santa Fe adhiere a la nueva ley nacional de Riesgos de Trabajo (ART), que modifica los procedimientos ante casos de enfermedades o accidentes laborales. El objetivo central es reducir la cantidad de litigios en el fuero laboral y lograr resoluciones más rápidas.
En la sesión de este jueves, los senadores aprobaron por segunda vez la adhesión de la provincia a la nueva normativa nacional, sancionada en febrero de 2017 por impuso del macrismo. La primera media sanción del Senado, a mediados de 2019, naufragó luego en la Cámara de Diputados.
Si se termina aprobando la ley, la principal modificación es el reemplazó de la instancia judicial ante un accidente de trabajo o una enfermedad laboral por una comisión médica, que será la encargada de analizar la situación del trabajador y tomar las decisiones en cuanto a indemnizaciones y declaraciones de incapacidad.
La adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de ART es resistida por los sindicatos, los abogados laboralistas y los colegios de abogados. Sostienen que, si se aprueba la normativa, habrá un retroceso en materia de derechos laborales en la provincia de Santa Fe. No obstante, por segunda vez en un año los senadores avanzaron con la media sanción y giraron el tema a la Cámara de Diputados, que tendrá la última palabra.
El proyecto establece la creación de 13 cinco comisiones médicas (ocho fijas y cinco móviles), cuya actuación será supervisada en forma conjunta por el Poder Ejecutivo provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación. Los senadores subieron de cinco a 13 la cantidad de comisiones para garantizar la cobertura territorial.
Para su correcto funcionamiento, el proyecto indica que las comisiones deberán tener “una adecuada cobertura geográfica tendiente a asegurar la accesibilidad a la prestación del servicio en todo el territorio de la provincia, contemplando la posibilidad de creación de comisiones médicas jurisdiccionales móviles”.
Los argumentos
El senador Alcides Calvo (PJ) justificó el proyecto en “la defensa de los intereses de los actores del sistema de seguridad social” y aclaró que es fruto “de la compilación de experiencias de adhesión en otras provincias” a la nueva ley de ART.
Según Calvo, el objetivo es “lograr un equilibrio entre intereses y derechos de los actores que forman parte, sin desechar los derechos laborales y garantizando la protección de los trabajadores”.
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El senador oficialista también resaltó “que este procedimiento administrativo, que es previo al judicial, asegura que el trabajador cuente con asistencia letrada gratuita y en lo esencial le otorga la posibilidad de requerir la revisión judicial de lo que decidan las comisiones médicas”.
Por su parte, el senador Felipe Michlig (UCR-Frente Progresista) afirmó que “la vía administrativa deviene en un mejoramiento y optimización del sistema” porque “tiene a reducir los plazos de los reclamos y los limita a cuestiones técnicas”.
Hasta ahora, 12 provincias adhirieron a la nueva normativa nacional. El senador Michlig remarcó que si Santa Fe sanciona la ley “la provincia estará en sintonía con lo que ya ha ocurrido en otras provincias del país”.
Del litigio a la concertación
La ley nacional 27.348 fue aprobada por el Congreso en febrero de 2017 y gradualmente la mayoría de las provincias legislaron su adhesión a la nueva normativa, que actualiza la ley nacional 24.557 de Riesgos del Trabajo vigente desde 1995.
En los fundamentos de la iniciativa por la cual Santa Fe adhiere a la nueva ley nacional, el gobierno afirma que “es fruto del estudio y compilación de todas las experiencias existentes en el país en lo referido a las adhesiones provinciales a la ley 27.348, que han ido evolucionando en las formas y alcances de adhesión, logrando un equilibrio entre los intereses y derechos de los actores involucrados, sin conculcar derecho laboral alguno y garantizando la protección de los trabajadores”.
Sobre el convenio que firmarán el gobierno provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, se sostiene que “este mecanismo de cooperación y concertación es la clave para el funcionamiento de las comisiones médicas y la intervención del juez laboral ordinario como contralor efectivo”.
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Más adelante, en los fundamentos se afirma que “la vía administrativa propuesta deviene en un mejoramiento y optimización del sistema en tanto tiende a reducir los plazos de los reclamos, los limita, se centra en cuestiones netamente técnicas (tipo de enfermedad, relación con el ambiente de trabajo, grado de incapacidad), mejora el sistema estableciendo la gratuidad del patrocinio del trabajador, respeta la competencia territorial y permite la revisión de las decisiones administrativas ante el fuero laboral, estableciendo la acción judicial más expedita en defensa del trabajador”.
Por último, se remarca que “el procedimiento administrativo asegura que el trabajador cuente con asistencia letrada gratuita y, en lo esencial, otorga la posibilidad de requerir la revisión judicial de lo que decidan las comisiones médicas. Debe ponderarse que el sistema previsto otorga a la comisión médica jurisdiccional un plazo para decidir de 60 días, disponiéndose la perentoriedad de los plazos y que a su vencimiento queda expedita la vía judicial”.
