El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, afirmó que Vicentin «dejó un pagadiós y se burló de los productores», al contraer una enorme deuda y al poco tiempo solicitar el concurso de acreedores.
El dirigente cordobés, en un reportaje con Télam, consideró que la intervención estatal «es el camino para poner a la empresa de nuevo en funcionamiento».
«La intervención es un principio de solución. Y debe continuar hasta normalizar la situación de la empresa», sostuvo Salas, quien subrayó que los dueños de Vicentin «se presentaron a concurso preventivo, tras el festival de créditos a sola firma otorgados por un gobierno en retirada. Y con ese pagadiós se burlaron de todos los productores».
Oriundo de la ciudad de Córdoba, el dirigente ruralista es productor ganadero en el norte de la provincia, en la localidad de Tulumba, y desde 2017 está al frente de la Sociedad Rural cordobesa.
—¿Cómo evalúa el caso Vicentin?
—Los empresarios se han burlado. Ya desde el año pasado la empresa expresó que necesitaba que el gobierno la intervenga. Ellos se presentaron ante el presidente de la Nación (Alberto Fernández) a pocos días de haber asumido en diciembre, y le pidieron que intervenga la empresa. Después de eso se presentaron a concurso preventivo (en febrero), tras el festival de créditos a sola firma otorgados en noviembre del año pasado por un gobierno en retirada. Y con ese pagadiós se burlaron de todos los productores.
—¿Está de acuerdo con la intervención?
—Queremos que se cumpla con lo que se debe y que ningún productor tenga problemas para el inicio de la siembra. En Córdoba dejaron una deuda con los productores de más de $ 5.000 millones. Por otro lado, hay una inmensa necesidad de que los negocios de la empresa sigan funcionando. No se puede parar ni cerrarse, tiene que funcionar, trabajar y seguir comercializando.
—Y así como está Vicentin ¿eso es posible?
—No, porque el daño que ha hecho hacia las poblaciones aledañas a la empresa y a los productores y demás, es de un impacto importante. Hay necesidad de que siga funcionando. Por eso los productores adherimos cuando el Presidente designó a Gabriel Delgado como interventor. Este es un principio de solución. Y la empresa que ya había pedido la intervención en diciembre, ahora se contradice y hace un pedido en el juzgado para que declare la inconstitucionalidad del decreto de intervención. Y la Justicia responde reponiendo a los mismos directivos que quebraron la empresa.
—¿Usted no ve otra alternativa que la intervención?
—No. Le doy un ejemplo: en Estados Unidos cuando General Motors se declaró en quiebra (en mayo de 2009), el presidente estadounidense, Barack Obama, la intervino y puso una mujer al frente de la fábrica de automotores más grande del mundo. No iba a dejar que quiebre ni que cierre, porque el impacto para la industria iba a ser tremendo. ¿Qué podemos decir nosotros de una cerealera de la magnitud de Vicentin? Hago la analogía con lo que hizo el presidente de los Estados Unidos con General Motors. Entonces reitero: hay que garantizar la defensa de los productores para que cobren, y que la empresa funcione.
—¿Qué se debe hacer después de la intervención?
—Primero que nada, la intervención debe continuar hasta normalizar y regularizar la situación de la empresa. Porque con la masa de acreedores que hay, entre productores, bancos nacionales y extranjeros, cooperativas y pymes, no se resuelve así nomás. Después habrá tiempo de ver si conviene que sea una empresa mixta, privada, con participación estatal mayoritaria o minoritaria. Pero lo primero es ponerla a funcionar como corresponde, que cumpla con sus obligaciones y pueda seguir produciendo. Después vemos la forma que se le da.
—¿Qué opina de aquellos que dicen que hay esperar a que la justicia resuelva antes de tomar alguna acción?
—No tenemos una legislación de salvataje como la que Estados Unidos aplicó con General Motors. Y si vamos a someternos a la Ley de Concursos y Quiebras, entonces hay una posibilidad ínfima de que los acreedores recuperen una parte de las deudas. Entonces, por la magnitud de la empresa y la importancia que tiene, tenemos que salir de este marco para garantizar la producción, el trabajo y la comercialización, para que sigan fluyendo los negocios normalmente. Los productores quieren cobrar.
—¿Qué análisis hace de la propuesta del gobierno de Santa Fe?
—Hay mucha expectativa. Se trabajó muy fuerte y con consensos importantes. Pero el juez (Fabián Lorenzini) no la consideró todavía. Está condicionado dentro del ámbito donde está funcionando el juzgado, en Reconquista, que es muy cercano -5 kilómetros de distancia- de la ciudad de Avellaneda –sede de Vicentin-, muy dependiente de la empresa. Entonces difícilmente pueda estar haciendo algo que vaya en contra de los intereses de la empresa en sí, y a favor de buscar una solución pronta en el marco de los consensos que se habían llegado en la propuesta de Santa Fe. Nosotros acompañamos la propuesta de (el gobernador Omar) Perotti, de que haya una participación del Estado nacional, la provincia, las cooperativas y los bancos públicos. Para que siga funcionando el negocio, porque no se puede parar.
