La vicegobernadora Griselda Tessio y senadores de la oposición y del oficialismo se reunieron ayer con representantes de la Federación Agraria para discutir el proyecto que propone modificar la actual ley de fitosanitarios. Los referentes de la entidad llegaron al Senado para interiorizarse sobre los cambios que la Legislatura estudia introducir a la norma que regula el uso de agroquímicos en la provincia. La nueva ley tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero en la Cámara alta tanto productores como profesionales expresaron sus objeciones, por lo que no se descarta que se reforme el proyecto votado dos meses atrás y que deba volver a tratarse en la Cámara baja.
Los representantes de Federación Agraria manifestaron su desacuerdo con algunos puntos del proyecto y sostuvieron que su intención es que se logre una ley consensuada que priorice la salud de la población y no perjudique la producción agropecuaria. Pretenden, según anunciaron en la reunión, “llegar a una ley superadora que se base en controles efectivos, educación y manipulación responsable de los agroquímicos”. Y rechazan el punto más importante de la reforma –la prohibición del uso de fitosanitarios en franjas linderas a los centros urbanos– con el siguiente argumento: “No se trata sólo de (prohibir las fumigaciones a) más o menos metros (de las poblaciones) sino de un manejo adecuado en la aplicación con los controles correspondientes”.
Desde la entidad aseguraron que, de aprobarse el proyecto tal como lo votaron los diputados, se perdería una importante cantidad de tierra productiva. El senador justicialista Juan Carlos Mercier puso como ejemplo la localidad de Avellaneda, en el departamento General Obligado: afirmó que con la nueva ley de agroquímicos se verían afectadas el 40 por ciento de sus tierras, volviéndose improductivas. Federación Agraria propuso que la ordenanza vigente en la localidad de Godoy (departamento Constitución) sea tomada como base para la redacción de la norma definitiva para el uso de agroquímicos en la provincia.
En el distrito Godoy, la ordenanza de 2003 –modificada en 2008– se elaboró partiendo de la base de la ley 11273 de fitosanitarios, que es la que se pretende modificar. Godoy y los pueblos cercanos (Oratorio Morante, Campo La Victoria) dependen de la producción de granos. Allí, por consenso comunitario, no se aplican productos de la denominada banda roja –los más perjudiciales para la salud y el ambiente– como endosulfán, 2,4 D, paracuat, metamidofos, clorpirifos y adherentes a base de nonilfenoles. Para el glifosato –banda verde según el Senasa– se respetó la distancia mínima actual: 500 metros de los centros urbanos. Pero se establecieron reglas varias que llevan al mínimo los riesgos posibles de una fumigación: entre otros requisitos, el productor debe avisar con anticipación todas las aplicaciones que realizará y en qué área para tomar medidas preventivas, tiene que presentar la receta de un ingeniero agrónomo e implantar “cortinas forestales”.
En nombre del oficialismo, el senador rosarino Juan Carlos Zabalza indicó que con la ley se deberá lograr un equilibrio que no deje de ver aspectos esenciales de salud, producción, laborales, entre otros, y dijo que hay que escuchar la opinión científica del Conicet por ejemplo, que próximamente será convocado a la Cámara. El jefe del justicialismo, Ricardo Spinozzi, recordó que los senadores de su bloque ya mantuvieron reuniones con los colegios profesionales y con otras asociaciones de productores agropecuarios en las que recogieron sus reclamos sobre el proyecto.
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