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Los diputados, sin ningún apuro por el tratamiento de la nueva ley de ART

La Comisión de Asuntos Laborales agendó reuniones para los próximos cuatro miércoles, de las cuales participarán entidades empresarias y gremiales, abogados y especialistas en temas vinculados a la salud laboral. El proyecto ya tiene media sanción del Senado.

La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de la provincia organizó cuatro jornadas de debate para recibir quejas y sugerencias en torno al proyecto por el cual Santa Fe adhiere a la nueva ley nacional de ART. La iniciativa tiene media sanción del Senado desde el pasado 25 de junio.

Los próximos cuatro miércoles habrá reuniones con entidades empresarias y gremiales, abogados y especialistas en temas vinculados a la salud laboral. Los diputados quieren escuchar todas las opiniones antes de tomar una decisión al respecto; incluso ya se encuentran estudiando, en comisión, posibles cambios a la redacción del texto sancionado por unanimidad por los senadores.

La intención de los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales es analizar a fondo el proyecto del Poder Ejecutivo por el cual la provincia adhiere a la ley nacional 27.348 complementaria de la Ley de Riesgos de Trabajo (ART), una iniciativa que fue aprobada dos veces por el Senado y que siempre encontró resistencias en la Cámara de Diputados, donde las quejas gremiales han tenido más eco.

Las entidades convocadas por los diputados son las que pidieron expresar su opinión antes del tratamiento del proyecto. La ronda de consultas comenzó la semana pasada con la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, que se opone taxativamente a la reforma porque –según entienden– supone un recorte a los derechos de los trabajadores.

En tanto, para el miércoles 15 fueron citados representantes de los sindicatos docentes Amsafe y Sadop, que también rechazan el proyecto. Una semana más tarde, el 22 de julio, expondrán su postura los representantes de ka Festram y de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

El miércoles 29 fueron convocados dirigentes de la CTA y de la CGT de Santa Fe, Rosario y Rafaela. En tanto, el 5 de agoto será el turno de las compañías aseguradoras nucleadas en Adira (Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina). Recién al cabo de esa serie de reuniones la Comisión de Asuntos Laborales dictaminará sobre el proyecto de ley.

 

El proyecto

Si la provincia de Santa Fe termina adhiriendo a la nueva ley nacional de ART, se modificarán los procedimientos ante casos de enfermedades o accidentes laborales. El objetivo central del proyecto es reducir la cantidad de litigios en el fuero laboral y lograr resoluciones más rápidas.

Los senadores provinciales ya aprobaron dos veces la adhesión de Santa Fe a la nueva normativa nacional sancionada en febrero de 2017 por impuso del macrismo. La primera media sanción, a mediados de 2019, naufragó luego en la Cámara de Diputados. Ahora, el tema está siendo estudiado pero con final incierto.

Si se termina aprobando la ley, la principal modificación es el reemplazó de la instancia judicial ante un accidente de trabajo o una enfermedad laboral por una comisión médica, que será la encargada de analizar la situación del trabajador y tomar las decisiones en cuanto a indemnizaciones y declaraciones de incapacidad.

La adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de ART es resistida por los sindicatos, los abogados laboralistas y los colegios de abogados. Sostienen que, si se aprueba la normativa, habrá un retroceso en materia de derechos laborales en la provincia.

El proyecto establece la creación de 13 comisiones médicas (ocho fijas y cinco móviles), cuya actuación será supervisada en forma conjunta por el Poder Ejecutivo provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación. Los senadores subieron de cinco a 13 la cantidad de comisiones para garantizar la cobertura territorial.

Para su correcto funcionamiento, el proyecto indica que las comisiones deberán tener “una adecuada cobertura geográfica tendiente a asegurar la accesibilidad a la prestación del servicio en todo el territorio de la provincia, contemplando la posibilidad de creación de comisiones médicas jurisdiccionales móviles”.

 

Del litigio a la concertación

La ley nacional 27.348 fue aprobada por el Congreso en febrero de 2017 y gradualmente la mayoría de las provincias legislaron su adhesión a la nueva normativa, que actualiza la ley nacional 24.557 de Riesgos del Trabajo vigente desde 1995.

En los fundamentos de la iniciativa por la cual Santa Fe adhiere a la nueva ley nacional, el gobierno afirma que “es fruto del estudio y compilación de todas las experiencias existentes en el país en lo referido a las adhesiones provinciales a la ley 27.348, que han ido evolucionando en las formas y alcances de adhesión, logrando un equilibrio entre los intereses y derechos de los actores involucrados, sin conculcar derecho laboral alguno y garantizando la protección de los trabajadores”.

Sobre el convenio que firmarán el gobierno provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, se sostiene que “este mecanismo de cooperación y concertación es la clave para el funcionamiento de las comisiones médicas y la intervención del juez laboral ordinario como contralor efectivo”.

Más adelante, en los fundamentos se afirma que “la vía administrativa propuesta deviene en un mejoramiento y optimización del sistema en tanto tiende a reducir los plazos de los reclamos, los limita, se centra en cuestiones netamente técnicas (tipo de enfermedad, relación con el ambiente de trabajo, grado de incapacidad), mejora el sistema estableciendo la gratuidad del patrocinio del trabajador, respeta la competencia territorial y permite la revisión de las decisiones administrativas ante el fuero laboral, estableciendo la acción judicial más expedita en defensa del trabajador”.

Por último, se remarca que “el procedimiento administrativo asegura que el trabajador cuente con asistencia letrada gratuita y, en lo esencial, otorga la posibilidad de requerir la revisión judicial de lo que decidan las comisiones médicas. Debe ponderarse que el sistema previsto otorga a la comisión médica jurisdiccional un plazo para decidir de 60 días, disponiéndose la perentoriedad de los plazos y que a su vencimiento queda expedita la vía judicial”.

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