«Ayuno y oración familiar» para vencer a la pandemia de covid-19. Esa fue la estrategia propuesta el pasado 27 de abril por la presidenta de facto de Bolivia, la fundamentalista religiosa Jeanine Áñez. A ella no le sirvió: el pasado jueves informó que estaba contagiada. La acompañaron en ese revés siete ministros y varios altos funcionarios de su gobierno, surgido del golpe de Estado contra Evo Morales. La fórmula de la mandataria, a base de rezos, tampoco llevó alivio a los 11,5 millones de habitantes del Altiplano, entre los cuales hay más de 50.000 infectados y cerca de 1.900 fallecidos de acuerdo a las cifras oficiales. A ello se agrega el colapso de gran parte del sistema sanitario, que ya desató fuertes protestas del personal de salud. Dios no ayuda como propone el Ejecutivo, y bolivianos espantados por el virus y la orfandad estatal comenzaron a cruzar a Salta intentando sortear el cierre de fronteras por una vía desesperada: las alcantarillas de desagües pluviales que desembocan en la quebrada entre la ciudad argentina de Salvador Mazza y Yacuiba, en el país vecino.
Un móvil de Gendarmería que recorría zona de frontera para evitar cruces ilegales descubrió el intento este lunes. Vieron cómo desde la boca de la alcantarilla emergían tres hombres y una mujer que habían ingreado por el lado boliviano. Sospechan que no son los primeros en utilizar esa «ruta» transfronteriza subterránea, un túnel que arrastra basura con el agua y del que emanan olores pestilentes.
Agua con basura y un camino desesperado
El desagüe pluvial tiene una boca en avenida San Martín y 9 de Julio de Yacuiba y otro acceso en la quebrada internacional que marca el límite con Bolivia.
El Escuadrón 61 de Salvador Mazza de Gendarmería emitió un parte en el que confirma que su personal identificó a las tres personas y “se confeccionaron actuaciones por infracción al aislamiento social, preventivo y obligatorio» dispuesto por el DNU 297/20 firmado por el presidente Alberto Fernández. Los ciudadanos bolivianos, agrega el texto de la fuerza federal, fueron derivados –respetando las normas de bioseguridad– a «personal de Migraciones argentina y policía del estado Plurinacional de Bolivia”.
La situación que atraviesa Bolivia luego del golpe de Estado del 10 noviembre de 2019 no para de sumar complicaciones: a las institucionales y sociales, se agregaron las del virus sars-cov-2 potenciado por el ninguneo oficial. Récords de contagios casi cotidianos y los hospitales de las principales ciudades en estado de emergencia, más recientes brotes en las cárceles dibujan un escenario de drama.
Ese cuadro hace que muchos ciudadanos bolivianos se arriesguen a cruzar la frontera de manera ilegal para poder ser atendidos en Salta. Las autoridades provinciales están en alerta por la tensión que esta situación genera sobre el propio sistema sanitario de la provincia.
Presiones de los dos lados
La mayor presión sanitaria se da en el departamento San Martín y en particular complica al hospital de Tartagal, por ser de referencia en el norte provincial y el que contiene a los pacientes que derivan Santa Victoria Este, Aguaray y la fronteriza Salvador Mazza. La mayoría proviene del sur de Bolivia: Yacuiba, San José de Pocitos, Villamontes y Caraparí.
El intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, expresó ya varias veces ante los medios de comunicación su preocupación por los pasos fronterizos clandestinos abiertos desde el inicio de la pandemia, cuyo tránsito aumenta a medida que la situación sanitaria en Bolivia empeora. «Todos, pero todos los días, hay procedimientos de la Policía, la Gendarmería, la Policía Federal y la Aduana», se quejó ante el diario El Tribuno por los hechos de contrabando y los la creciente cantidad de ciudadanos bolivianos que llegan a Salta de manera irregular para hacerse atender en sus hospitales.
