Un grupo de productores realizaron una denuncia penal por estafa y asociación ilícita contra los directivos de Vicentin. ¿La sospecha? Que la cerealera concibió maniobras, con diferenciación de roles y funciones, para montar un sistema de estafa similar al esquema Ponzi, que desembocó en el default de la agroexportadora, con deudas de más de 1.400 millones de dólares a acreedores, productores y bancos.
Gustavo Feldman, el abogado que representa a dos productores y una empresa que posee un crédito subrogado, explicó que “hay una serie de elementos que ameritan que se abra una investigación”.
“Es la primera vez que se propone la realización de una investigación penal integral en cuanto al modo conductual de todo el grupo. No se hubiera podido llegar hasta donde se llegó si no fue una maniobra previamente concebida, coordinada, con distribución de roles, con distinción de tareas”, amplió a El Ciudadano. La presentación quedó en manos del fiscal Miguel Moreno.
“La crisis financiera que acaece en el último semestre del año 2019 puso en evidencia el sistema de apalancamiento, el sistema Ponzi, que Vicentin instituyó hace tres o cuatro años atrás”, sentenció Feldman.
El abogado explicó que la captación de fondos de Vicentin fue posible otorgando mayor rentabilidad a los productores que el resto de las cerealeras, brindando una imagen de solvencia y aceitados vínculos políticos con el gobierno nacional de Cambiemos. Ilusión que se derrumbó con la declaración de default del 4 de diciembre de 2019.
Esquema Ponzi
“No es que la crisis financiera es la que precipita esta situación, la crisis financiera corrió el velo, acá se dan circunstancias que exceden a la cuestión de la crisis financiera. Tiene que ver, primero, con el vicio de origen que tiene el propio esquema Ponzi, porque en algún momento la pirámide se cae. Tiene que ver también con la percepción que tuvieron los acreedores después de agosto del año pasado, de que el contexto del cual gozaba Vicentin con el régimen macrista iba camino a desaparecer. Allí los productores piden liquidar el cereal y se genera una corrida que desemboca en el default”, expresó.
Pero ese final, según Feldman, obedece a las acciones previas de la cerealera: “Pagaba el mejor precio por quintal, garantizaba que el precio iba ser en dólares estuviera en el valor que estuviera. Paralelamente se daban muestras de solidez, de proyección. Tenían un vino espumante que lo mandaban a envasar a Francia en botella francesa para que pudiera volver con la etiqueta de que era champagne en vez de vino espumante. Habían comprado un avión de 2 millones de dólares, de los más caros y sofisticados que hay en el mercado. Gustavo Nardelli se mencionaba como precandidato a gobernador del PRO. Roberto Padoán era presidente de la Bolsa de Rosario. Todo esto fue un llamador, una maniobra de estimulación para captar el cereal”.
Desvío de fondos
Como argumento, se citó también la postura de los acreedores externos: “Los bancos extranjeros hablan de un desvío de activos de 400 millones de dólares. De hecho, al día de hoy contablemente no está registrado el ingreso del dinero de las acciones de Renova que Vicentin le vendió a su socia Glencore. No lo sabe ni el juez del concurso, ni la sindicatura, nadie sabe dónde está eso”.
Feldman agregó que en el entramado del grupo, las empresas satélite le deben a la compañía madre, Vicentin Saic, le deben 9 mil millones de pesos que nunca, ni extrajudicial ni judicialmente, procuró cobrar.
Otra de las irregularidades, es que Vicentin se presentó al concurso de acreedores en febrero de 2020 con el balance de la empresa de 2018.
Testimonial del presidente
El abogado reconoció que solicitaron varias medidas de pruebas que prefiere no revelar públicamente para que no se frustren. Pero entre ellas se pidió la declaración testimonial del propio presidente Alberto Fernández.
Es que en una reunión del directivo Sergio Nardelli con Alberto Fernández, el presidente le comentó la cantidad y diversidad de empresas que componen el grupo, a lo que el Nardelli le confió que muchas de ellas eran “sellos” que tuvieron que armar para poder captar deuda.
De manera preventiva, se solicitó en la denuncia penal la prohibición de salir del país para los directivos de Vicentin y, si bien se descartó la prisión preventiva, se requirió la instalación de tobilleras electrónicas para los jerarcas de la agroexportadora.
