El Concejo Municipal y el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Regional Patricio Serjal, pusieron en marcha la implementación de un programa para asistir a víctimas de usurpaciones. Un flagelo que no para en los barrios periféricos de la ciudad y en muchos casos involucra a bandas delictivas que luchan por el control territorial.
Serjal dijo que en lo que va del año se radicaron 190 denuncias por usurpaciones y un relevamiento del año anterior determinó que en 10 meses de 2019 los casos llegaron a 100, con un total de 130 personas acusadas formalmente por este delito.
«Es una manera de seguir luchando contra las mafias en Rosario. La ordenanza establece un puente entre el problema y la solución, que en parte tiene la Justicia, por eso valoramos la presencia del jefe de los fiscales y de los equipos de la Municipalidad y la provincia», dijo Roy López Molina, vicepresidente primero del cuerpo y titular de la comisión.
López Molina describió además que el delito por usurpaciones mutó. «Ya no es lo que conocíamos. No surgen sólo de un conflicto entre vecinos o de apropiación de espacios públicos. Hoy es parte de las acciones criminales perpetradas por bandas organizadas. Se trata de poner a las viviendas, entre otras cosas, al servicio de la venta de estupefacientes», indicó.
En tanto Serjal contó que las usurpaciones llegaron a 190 denuncias en lo que va del 2020 y que en ellas tienen origen en problemas civiles, ocupaciones ilegales de terrenos y grupos delictivos. Dijo que en los últimos días desbarataron una banda dedicada a la comisión de delitos violentos, entre ellos usurpaciones en la zona norte. Lo que se suma a otras investigaciones en Nuevo Alberdi, Tablada y barrio Municipal, entre otros lugares.
López Molina y Serjal presentaron junto a los concejales de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana el Programa de Asesoramiento y Asistencia de Víctimas de Usurpaciones, además participaron del lanzamiento mediante videoconferencia Martín Illia, coordinador de la Secretaría de Género y DDHH; y María Laura Pasquero, directora del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo.
«La aprobación de la ordenanza y la reunión se enmarcan dentro de un compromiso real por parte de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Concejo de discutir y poner en agenda temas estructurales vinculados a la seguridad de todos los rosarinos», concluyó López Molina.
