El Ministerio Público provincial, la Fiscalía del fuero civil, invita a un encuentro participativo a distintas organizaciones no gubernamentales, instituciones e individuos interesados en buscar una solución técnica a la depredación ambiental en la región de las islas del Delta superior del Paraná.
La convocatoria para conversar sobre una posible presentación como amicus curiae en acciones de amparo que se están tramitando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación está fijada para el martes 28 de julio a las 16 por la plataforma Zoom.
Amicus curiae es un figura legal; significa amigos del tribunal. La Acordada 28/2004 de la Corte Suprema de Justicia dice que la participación de los amigos del Tribunal se encuentra destinada a expresar una opinión fundada en defensa de un interés público o de una cuestión institucional relevante y tiene por objeto ilustrar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre una temática en cuestión, cuenta en un comunicado el Ministerio Público.
“Estamos desde hace más de una década, viviendo y soportando un ecocidio. Los humedales del Delta Superior del río Paraná están siendo devastados a causa de focos de incendios que no cesan. Este territorio es parte de un ecosistema mucho más vasto que incluye una extensa porción catalogada como humedal internacionalmente protegida por el Convenio Ramsar, lo que es demostrativo de su propia dignidad como así también por la trascendencia que tiene para la flora y la fauna que la pueblan, la biodiversidad que alberga y los servicios ecosistémicos que brindan.”, expresa.
Los distintos niveles y órganos del Estado están intentando poner fin a estas prácticas mutilatorias y degradantes a través de distintos cursos de acción tanto en el fuero civil como penal, cuenta.
Entre las muchas presentaciones hay dos amparos colectivos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el primero se solicita que la provincia de Entre Ríos cese las actividades que causan daño ambiental a los humedales del Delta del Paraná y la recomposición del daño ecológico causado por este accionar ilegítimo. El segundo solicita que se declare sujeto de Derecho al “Delta del Paraná” y que se ordene a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires a que, conjuntamente con el gobierno nacional, elaboren e implementen un plan de Ordenamiento Territorial Ambiental y un plan de regulación de usos del suelo en el territorio insular, cuenta el documento.
El Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de Santa Fe, a través de su Fiscalía N° 6 a cargo de María Laura Martínez, evalúa la posibilidad de presentarse en ambos o en alguno de esos amparos a través de la figura del amicus curiae.
El texto explica el objetivo: “Llevar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación razones técnicas que puedan ser adoptadas por ella misma en su eventual sentencia. Entendemos que estos enfoques técnicos deben tener, como primera virtud, garantizar un cuidado natural del humedal bajo ataque y evite los daños ambientales directos e indirectos propio de semejante actividad antrópica desquiciada y depredadora. Como segunda, evitar incurrir en costos de protección que superen la frágil institucionalidad congénita de nuestro Estado (que está más allá de cualquier gobierno o Administración, incluso de las más sensibles al problema ambiental). Y, como tercera (consecuencia de la anterior) que esos costos de protección no sean mayores a los que el Estado debería incurrir, por ejemplo, en la propia cría de animales vacunos, origen del desenfreno predatorio. En tal sentido, se podría conversar sobre la competencia de la Corte para llevar a cabo una declaración judicial de área absolutamente protegida extendiendo el actual sitio Ramsar hasta el punto más al norte posible del Rosario metropolitano; o una declaración de tal tipo en la mayoría del territorio de las islas del Delta afectadas combinada con una reserva -sustancialmente menor- para explotación sustentable de la ganadería. En este caso, debería analizarse cuáles deberían ser las barreras naturales (más allá de los controles debidos por el Estado) para que esta actividad productiva se desarrolle sin perturbar, en absoluto, el área protegida”.
Para mayores consultas se encuentra disponible el correo oficial mlmartinez@justiciasantafe.gov.ar
