Las operaciones realizadas en el Puerto de Rosario entre 2012 y 2019 están en una nebulosa. El actual titular del Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro), Guillermo Miguel, les dijo a los diputados que integran la comisión de seguimiento de la Causa Vicentin que, al momento de asumir al frente del puerto, en enero de este año, se encontró con que faltaba toda la documentación desde el año 2012.
“Antes de irse borraron cientos de mails de la presidencia”, les comentó Miguel a los legisladores en una reunión que mantuvieron el viernes 24 julio. Por ese motivo, el diputado provincial del Frente Social y Popular presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo informe si el Enapro tiene su documentación en regla como establece la ley provincial 11.011, por la cual se crearon en 1993 los Entes Portuarios de Santa Fe y Rosario.
Miguel había convocado a los integrantes de la comisión de seguimiento de la Causa Vicentin –entre ellos Del Frade– para intercambiar información sobre la cerealera de Avellaneda, que tiene una participación importante en la empresa Terminal Puerto Rosario. Según le confió Del Frade a El Ciudadano, fue más la información que le dieron los diputados que la que tenía el actual funcionario designado por el gobernador Omar Perotti.
Las irregularidades apuntan en forma directa al ex titular del Enapro entre 2008 y 2019, el dirigente radical Ángel Elías, quien fue designado como titular del organismo en las primeras semanas de gestión de Hermes Binner y permaneció allí hasta el final del mandato de Miguel Lifschitz.
“Esto es muy parecido a lo que hizo Vicentin en Reconquista”, señaló Del Frade. La falta de documentación sobre los movimientos del Enapro implica, como mínimo, la posibilidad de un incumplimiento de los deberes de funcionario público, indicó el legislador del Frente Social y Popular, quien confirmó que el propio Miguel realizó un pedido de infirmes ante la Sindicatura General de la provincia, con el objetivo de acceder a la documentación faltante.
A través de sus empresas, el Grupo Vicentin controla casi el 50% de las acciones de Terminal Puerto Rosario. El resto del paquete lo posee un grupo de capitales chilenos. En reunión del viernes 24, según informó el portal Punto Biz, los legisladores le pidieron al actual titular del Enapro precisiones sobre la situación en los muelles rosarinos. Miguel les dijo que la empresa concesionaria de los muelles I y II está funcionando con normalidad y cumpliendo sus obligaciones.
No obstante, causó sorpresa entre los diputados otro de los datos referidos por el titular del Enapro, quien les dijo que no fue posible hallar la documentación sobre lo actuado por el puerto desde el año 2012 en adelante.
Pedido de informes
Después de esa reunión, el diputado Del Frade remitió a la Legislatura un pedido de infirmes sobre las presuntas irregularidades cometidas en el Enapro por la gestión encabezada por Elías.
Allí el diputado del Frente Social y Popular enumera una serie de puntos a responder:
- Si las autoridades de las gestiones anteriores del Ente Administrador del Puerto Rosario presentaron la documentación imprescindible para la normal actividad de la nueva conducción del mismo.
- Si existe documentación respaldatoria de todo lo actuado en el Enapro desde 2012 al presente.
- Si existe un informe detallado de las deudas que tiene el actual concesionario, Terminal Puerto Rosario, con el Enapro y cuánto es el monto de esa deuda.
- Si existe un informe detallado del movimiento de containers y barcazas que ingresaron a los muelles de Terminal Puerto Rosario desde 2012 en adelante.
- Si, en caso de no existir esa información, qué medidas ha dispuesto el gobierno provincial para saldar esa ausencia.
- Si hay acciones legales en marcha por supuestos incumplimientos de deberes de funcionarios públicos de anteriores administraciones.
El largo brazo de Vicentin
Entre sus argumentos, Del Frade menciona que el propio Guillermo Miguel “a la hora de analizar el presente, comentó que lamentablemente se había se había encontrado con falta de información documentada desde el año 2012 en adelante, un hecho que genera distintos problemas a la hora de lograr el control y la fiscalizacion de lo que sucede en los muelles del puerto rosarino”.
“Más allá de los expedientes que están en tramite en distintas áreas del gobierno provincial actual, es imprescindible conocer si efectivamente hay una deuda informativa de tan larga en el tiempo y cuáles fueron los motivos para esa ausencia”, agrega Del Frade.
“Por otro lado, un detalle no menor, es saber cómo fueron evolucionando las decisiones de Terminal Puerto Rosario, desde 2012 en adelante, teniendo en cuenta que Vicentin, a través de Vicentin SAIC y de Vicentin Family Group, concentra el 50% de las acciones del mencionado concesionario”.
“La evolución comercial como también las inversiones producidas o no concretada desde 2012 son primordiales a la hora de pensar en una renovación del contrato o, al contrario, su potencial caducidad”, añadió el legislador provincial.
Por último, Del Frade sostuvo que “de confirmarse esa llamativa ausencia informativa, es menester conocer qué acciones legales tiene pensadas la provincia para responder y saldar semejante agujero negro en torno de las actividades desarrolladas en el puerto rosarino en los últimos ocho años”.
