La situación del fiscal Gustavo Ponce Asahad, titular de la Unidad Covid-19 y del fiscal Regional de Rosario Patricio Serjal, denunciados por recibir coimas del empresario Leonardo Peiti, vinculado con el juego clandestino, generó todo tipo de repudios y pedidos de investigación. Pero, además, la necesidad de evaluar cómo funciona el sistema acusarorio, ya que por sí solo no genera los anticuerpos para detectar las irregularidades a tiempo. Es que, si bien esta denuncia es la más grave, no es la única que reza sobre el funcionamiento del sistema: el Ministerio Público de la Acusación comenzó a funcionar en febrero de 2014 y así la oralidad dejó atrás el sistema escrito y las pesquisas pasaron de estar encabezadas por los fiscales en vez de los jueces de instrucción.
Para el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, la situación «es tremenda» y adelantó que van a impulsar la suspensión y destitución de los fiscales.
En diálogo con El Ciudadano, sostuvo que la posición del gobierno es clara. “Omar Perotti cuando asumió hizo declaraciones muy fuertes. Algunos lo calificaron como agresivo o exagerado en relación a la corrupción, pero estamos empezando a ver que había razones para trazar esa línea indeleble entre el Estado y el delito”, recordó.
“A partir de ahí hay que dejar las cosas claras, no nos movemos de ahí. Nos parece un horror que la gente vea que esas personas a la que tiene que acudir para denunciar un delito sean delincuentes”.
Y calificó como alentador y auspicioso que salga a la luz este hecho, al tiempo que aseguró que el gobierno va a impulsar que estas investigaciones se lleven adelante.
Borgonovo fue más allá. “Nos parece que es necesario revisar el funcionamiento de este sistema, sin caer en el extremo de pensar volver al sistema anterior. Pero no podemos creer que no merece retoques ni cambios. Hay que revisar como está diseñado, las facultades delegadas. Queda claro que, mas allá de la inmoralidad de dos fiscales, hay un sistema que no nos dio el alerta temprana de lo que ocurría, ni resortes que funcionaran a tiempo para que este tipo de hechos no suceda, por lo hay que revisarlo”.
Y sostuvo que no puede ser una medida improvisada: “Hay que estudiar bien las modificaciones que sean necesarias, las críticas que recibe, para poder mejorarlo”.
Denuncia y escándalo
El viernes pasado, un allanamiento en la vivienda del fiscal Gustavo Ponce Asahad abrió una caja de Pandora sobre un hecho de corrupción que involucra además al mismísimo fiscal Regional Patricio Serjal. Tras la denuncia, Ponce Asahad pidió su apartamiento, mientras que Serjal presentó su renuncia, primera como jefe de los acusadores locales y luego como fiscal de grado.
Ponce Asahad está sospechado de recibir dinero mensual para darle protección e impunidad al empresario Leonardo Peiti, igual que Serjal, siempre según la denuncia de Peiti.
La Comisión Bicameral de Acuerdos citó a una reunión de urgencia para este martes, el mismo día en que Ponce Asahad será imputado en libertad por exacciones ilegales e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Desde Fiscalía contaron que tras haberse presentado el prófugo Leonardo Peiti en Cañada de Gómez, prestó una declaración y lo volvió a hacer en la audiencia imputativa el viernes pasado al mediodía, en Rosario, donde se lo sindicó como miembro de una asociación ilícita cuyo organizador es Maximiliano “Cachete” Díaz, reconocido lugarteniente de la banda Los Monos, y sólo una tentativa de extorsión, a un financista, de la saga atribuida al grupo delictivo.
En esa declaración Peiti dijo que cerca de un año atrás un fiscal lo contactó y le pidió una entrega mensual de dinero para no perseguirlo por juego ilegal, contó.
La suma se entregaba en pesos pero se cuantificaba en 4 o 5 mil dólares mensuales, aseguró. El empresario contó que este dinero era entregado a Ponce Asahad, con el que se encontró unas 30 veces, aunque no en todas le daba dinero.
El contacto y la relación buscaban evitar que Peiti quedara imputado o mencionado en la investigación por asociación ilícita que incluye extorsiones y hasta el crimen Enrique Encino, producido el 11 de enero pasado en el ataque al Casino.
En cuanto a Serjal, dijo que lo vio en dos oportunidades, una de ellas en un hotel de Buenos Aires, donde ambos se alojaron, dato que la Fiscalía está corroborando. La otra no hace mucho tiempo y la cita fue para aumentar la cuota mensual.
Diez mil dólares
Hace unos 10 días o un poco más, Ponce Asahad y Serjal visitaron el Organismo de Investigaciones, donde se interiorizaron sobre una detallada pesquisa que llevaban en contra de Peiti, un empresario del juego que tiene negocios legales en Misiones, Formosa y Paraguay y a quien la Fiscalía investiga negocios ilegales vinculados con esa actividad en la provincia de Santa Fe.
El empresario contó que lo contactaron y le pidieron una cifra mayor a raíz de esa investigación y le dijeron que destruyera su teléfono.
Según la versión, le habían pedido la suma de 10 mil dólares y al día siguiente de la visita de los fiscales al Organismo la Investigaciones el número celular del empresario “se perdió”.
Peiti declaró que entregó la suma reclamada. La versión del ahora imputado “está corroborada”, siempre según Fiscalía: primero por el abogado del empresario que se reunió con el fiscal Ponce Asahad en una oportunidad el viernes pasado, cuando, según el letrado Angelo Rossini, también le pidió dinero; y segundo con un testigo que manejó el vehículo en el que Peiti llegó en algunas oportunidades para encontrarse con el fiscal y realizar algunas de las entregas, ilustró en conferencia de prensa el fiscal general Jorge Baclini.
Fiscalía sostuvo que hubo mensajes de Whatsapp mandados por el empleado igualmente acusado y que trabaja para el fiscal investigado, Nelson Ugolini, cruces de llamadas y filmaciones de las cámaras de seguridad. También ejemplificó que hubo tomas del encuentro con el abogado y otra que se realizó el 9 de julio pasado con Peiti, entre otras evidencias, dijo el fiscal general.
