Caída la intervención de Vicentin por decisión del presidente Alberto Fernández, la pelota sigue en campo de la Justicia provincial, que deberá resolver dos cuestiones: el concurso de acreedores que se tramita en los Tribunales de Reconquista y el planteo del gobierno santafesino para que se desplacen a los actuales directivos de la administración de la cerealera y se designen en su lugar a representantes del Estado nacional y provincial.
El presidente decidió el viernes 31 de julio derogar el decreto de intervención firmado el 9 de junio. De esa manera se cerró el capítulo “político” de la novela de Vicentin. El Estado nacional se retiró del salvataje y dejó las actuaciones en manos de la Justicia. Un día antes, la provincia abandonó la mesa de mediación convocada por el juez de Reconquista Fabián Lorenzini ante la intransigencia de los directivos de Vincetin, que rechazaron la idea de ceder sus acciones al fideicomiso propuesto por el gobierno de Omar Perotti como solución “alternativa” ante la fallida intervención nacional.
Así las cosas, ahora el juez Lorenzini tiene que decidir sobre el pedido que hizo la provincia a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) para intervenir el Directorio de Vicentin. La intención de la IGPJ, explicada por su titular María Victoria Stratta, era lograr el control de la administración de la empresa, algo que fue rechazado por los propios accionistas con aval del magistrado de Reconquista.
Para el gobierno santafesino, la salida ideal sigue siendo la creación de un fideicomiso que tome el control de la empresa hasta su regularización. Esa figura, según fuentes oficiales, tiene muchos puntos a favor: es un esquema público-privado que les permitiría a los acreedores capitalizar sus deudas y favorece a la vez la aparición de nuevos inversores. No obstante, esa “salida de consenso” –como la definió Stratta en su momento– fracasó ante la negativa de los empresarios que controlan la firma oriunda de Avellaneda.
Cómo sigue la historia
El 25 de agosto vence el plazo para que todos los acreedores –empresas, bancos, cooperativas y organismos públicos nacionales, provinciales y locales– acrediten lo que Vicentin les está debiendo. El pasivo del holding oscila los 100 mil millones de pesos, pero el monto final surgirá del propio concurso que tramita Lorenzini.
A partir de allí, se abre un plazo durante el cual la empresa puede impugnar determinadas presentaciones o realizar correcciones sobre los montos que se le reclaman. Después de eso, los síndicos –Carlos Amut, Ernesto García y Diego Telesco– tienen que elaborar un informe general sobre la situación patrimonial y las deudas de la empresa. Ese proceso se completaría recién a fin de año o a principios de 2021.
Si bien el Banco Nación es el principal acreedor de Vicentin, por una suma de 18 mil millones de pesos (casi el 20% del total del pasivo de la empresa), también otros organismos públicos forman parte del concurso que se tramita en Reconquista.
Según datos del concurso, Vicentin le debe más de 100 millones de pesos a la Administración Provincial de Impuestos (API) y también tiene deudas tributarias con los municipios en los cuales opera a través de sus plantas industriales: en San Lorenzo dejó una deuda de 17 millones, en Avellaneda de casi 4 millones y en Ricardone y Rosario tiene deudas en torno a los 190 mil pesos.
El secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, señaló a El Ciudadano que Fiscalía de Estado se encuentra preparando la documentación para presentar ante el juez del concurso de acreedores.
“Estimo que la producción de la prueba se va a terminar en los próximos días. La semana próxima estaría terminada la prueba y a partir de la semana siguiente el juez estaría en condiciones de resolver”, indicó Somaglia.
“El concurso de acreedores por el momento sigue su curso, nosotros no tomamos intervención allí. Y hay un plazo hasta el 25 de agosto para acreditar cuánto es la deuda que tiene Vicentin con la provincia. Eso se hará en los próximos días a través de la Fiscalía de Estado, que es el organismo que defiende judicialmente los intereses de la provincia”, amplió el secretario de Justicia.
Una vez elaborado el informe de los síndicos del concurso –Somaglia estima que sería recién en los primeros meses del año próximo–, la empresa deberá afrontar sus deudas. Según los plazos del concurso, Vicentin tiene tiempo hasta junio de 2021 para presentar una propuesta de pago ante sus acreedores.
Los sucesivos fracasos de la intervención nacional –rechazada por el propio Lorenzini diez días después del decreto presidencial– y del fideicomiso provincial dejan a la vista el poder de la empresa y relegan al conjunto de sus acreedores, que hubiesen podido tener una respuesta mucho más rápida si el juez habilitaba alguna de esas medidas. El magistrado de Reconquista aun debe resolver sobre el pedido de intervención de la IGPJ provincial. ¿Hará lugar a esos argumentos o volverá a ponerse del lado de la empresa? Se sabrá en los próximos días.
Salvataje para los empresarios
En la semana, el presidente Alberto Fernández volvió a cargar contra el juez Lorenzini por lo que entiende es una maniobra a favor de Vicentin: “Entre los directivos de la compañía y la Justicia impidieron conocer lo que pasaba en la firma. No conocemos la verdad”, disparó Fernández.
Según el presidente, la discusión en torno al intento de intervención de la empresa de Avellaneda es una “prueba contundente del daño que generan los falsos dilemas”. Fernández aseguró que “fueron los mismos directivos” de Vicentin los que acudieron al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para alertarlo de que “estaban en una situación financiera complicada”: un pedido de salvataje que luego tomaría otros carriles.
“Todos me lo plantearon como un problema acuciante para el sector exportador, la provincia de Santa Fe y los productores”, dijo Fernández en una entrevista con C5N. “Estuvimos casi 60 días esperando que la Justicia abra una puerta y nunca lo logramos, por acción de los directivos de Vicentin y de la Justicia”, agregó.
En tono de autocrítica, el mandatario sostuvo: “Me empecé a preguntar si la idea original, que era rescatar a la empresa e ir resolviendo el problema de los productores, para que fuera referencia para el Estado en un mercado tan importante como el agroindustrial, no se convirtió en un salvataje para los empresarios”.
También el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, señaló que “lo que hizo el gobierno con la agroexportadora tenía doble sentido: salvar a la empresa y tener una empresa de referencia en el Estado”. Y le disparó directo al juez Lorenzini: “La Justicia no tiene ningún interés en salvar a la empresa”.
La expropiación
Claudio Lozano, director del Banco Nación y principal impulsor de la idea de intervenir y expropiar Vicentin por parte del Estado nacional, consideró en la semana que es necesario retomar ese camino “sobre nuevas bases de consenso social, exponiendo públicamente los delitos de Vicentin, unificando Vicentin Argentina con Vicentin Family Group, incorporando el patrimonio de sus accionistas para afrontar las deudas y dirigiendo la expropiación hacia los activos más importantes del grupo”.
Lozano sostuvo que esa idea tiene como meta la defensa de las fuentes laborales amenazadas por la posible quiebra de Vicentin pero además persigue el objetivo de que el Estado tenga “participación en el comercio exterior, en el conocimiento del destino del dinero de la empresa y la transparencia y la participación de los sectores trabajadores, productores y cooperativistas”.
“Seguiremos bregando por una empresa pública no estatal, tal como lo hemos venido planteando desde principios de año”, añadió el funcionario del Banco Nación a través de un comunicado que también suscribe el diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos Del Frade.
“Vicentin sacó, entre agosto y diciembre del 2019, 790 millones de dólares de la cuenta que tenía en la sucursal Reconquista del Banco Nación, dólares de los que no podía disponer sin cancelar previamente los vencimientos impagos por el crédito de 300 millones de dólares que le debía a dicha institución”, añadieron Lozano y Del Frade.
Además, recordaron que los dueños de Vicentin les pidieron a las autoridades del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri que les permitieran hacer uso de esos dólares sin cancelar el crédito. “Una verdadera estafa al ahorro público de los argentinos”, consideraron.
“Es probable que la acertada decisión presidencial de intervenir para expropiar haya tenido algo de improvisación, no haya dimensionado la reacción del poder económico concentrado, los medios hegemónicos y sus socios políticos y no haya construido las condiciones de consenso social que permitieran sostener la decisión; esa improvisación no quita que dicha decisión era acertada”, agregaron.
En línea con el gobierno nacional, Lozano y Del Frade le apuntaron directo al juez Lorenzini: “La variante propuesta por el gobernador Perotti terminó enredando al gobierno nacional y al provincial en el pago chico de Vicentin y en el marco de un concurso conducido por un juez absolutamente parcial y dedicado a apañar las irregularidades de la empresa. Así, ese juez no permitió ni la intervención nacional ni la provincial y propició audiencias de mediación donde había que pedirle permiso a los estafadores para poder intervenirlos”.
