El gobierno nacional puso la lupa sobre la Justicia Federal. En un contexto complicado, el Ejecutivo de Alberto Fernández envió un proyecto de reforma al Congreso e informó sobre la creación de una comisión de expertos que trate la temática. Desde el oficialismo defienden que la iniciativa tendrá un gran impacto en la provincia de Santa Fe y mejorará notablemente el acceso a la justicia de los santafesinos al poner en práctica el nuevo código procesal penal. Desde la oposición cuestionan el momento de impulsar la reforma, advierten por los costos que eso conllevará en una coyuntura de arcas flacas, ponen en duda la falta de pluralidad y consenso para encarar cambios de tal magnitud y hasta deslizan que podría esconder otros motivos más espurios como la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner en las causas que enfrenta por corrupción.
Para desentrañar la reforma judicial y anticipar el debate que se dará en el Congreso, El Ciudadano consultó a cuatro diputados nacionales por Santa Fe, representativos de diversos sectores políticos, como Marcos Cleri del Frente de Todos, Federico Angelini del PRO, Ximena García de la UCR y Enrique Estévez del Partido Socialista.
“Importante pero no urgente”
Federico Angelini, diputado nacional del PRO, consideró que “claramente en Santa Fe hay una necesidad de nuevos juzgados, una necesidad de una mejor justicia y más rápida” pero que cuando “el kirchnerismo habla de reformar la Justicia hay que leer con mucho detenimiento cada punto que plantea porque ya hubo un avance en cuanto a querer tener mucho más peso sobre el Poder Judicial”.
El legislador macrista consideró que habría que evaluar de dónde saldrían los fondos para extender la estructura de la Justicia Federal: “Recordemos que cada juzgado, cada fiscalía lo que trae es un costo aparejado, el cual es necesario, es una inversión necesaria, pero también tenemos que saber que estamos en una situación de muchísima complejidad económica y que necesitamos que haya un esfuerzo de la Justicia en cuanto a mejorar la administración para que esos fondos no terminen saliendo con más impuesto, más deuda o más emisión sino de los fondos que ya existen en el Poder Judicial”.
Angelini pidió diferenciar entre temas urgentes e importantes y se preguntó por qué el oficialismo tiene “tanto interés para hacer este tipo de modificación en este momento”. “Este es un tema importante que alguna vez hay que empezar a trabajarlo, pero tal vez en el medio de una pandemia no sea el momento”, agregó el legislador macrista.
Angelini identificó que en la Justicia Federal hay “problemas de procedimientos bastante importantes y eso lleva a un atascamiento o acumulación de causas que generan que la Justicia termine siendo eterna y cuando es eterna no termina siendo justicia”.
El referente santafesino del PRO consideró que la Justicia “va a estar mucho más cercana a la gente cuando sea más eficiente, cuando no pasen cosas como las que atraviesa la provincia de Santa Fe donde quienes tienen que juzgar terminan siendo parte de las asociaciones ilícitas. La mejor manera de acercar la Justicia a la gente es que sea rápida, que no tenga condicionamientos, que no tenga ningún tipo de vínculos con quienes tienen que juzgar”.
“Generar mayor consenso”
Por su parte, el referente del Partido Socialista Enrique Estévez pidió mayor amplitud a la hora de debatir la reforma, escuchando no solamente las voces de los espacios con representación parlamentaria sino a la sociedad civil, a ONGs y a especialistas. “Está claro que la Justicia tiene muchas cuentas pendientes con nuestra sociedad, con nuestra democracia pero este debate, como otros, debió ser encarado de otra manera porque estamos hablando de un Poder del Estado, de un tema muy sensible que necesita un amplio consenso para que tengamos la garantía que las modificaciones van a ser positivas”.
“Es un tema extremadamente complejo, en muchos casos técnico, en los cuales uno puede hacer valoraciones políticas pero tiene que ser abordado con muchísima prudencia, responsabilidad, transparencia y fundamentalmente con un alto grado de acuerdo democrático y consenso, no solamente político sino también social. No veo que como se inició el debate siga ese camino”, amplió el secretario general del PS Santa Fe.
La mayor presencia de la Justicia Federal “es un reclamo histórico de la provincia de Santa Fe en particular pero del interior del país en general” expresó Estévez, quien pidió generar “acuerdos que tengan una mirada estratégica a mediano y largo plazo que es lo que falta en casi todos los temas en Argentina”.
“Necesitamos escuchar opiniones de especialistas que tengan distintas miradas. En este tema hay muchas organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando la problemática de la Justicia, que sin dudas tienen una opinión respetable que también tiene que ser tenida en cuenta. Ese es el paso previo que se tiene que dar antes de ser tratado en el Congreso”, remarcó.
“Siempre es difícil de encarar pero está claro que este no es el momento oportuno porque estamos poniendo en el debate público un tema que es central para el funcionamiento de nuestra República y en el que hay distintas opiniones. La forma en la que se aborda es fundamental al momento de los resultados. Y este no es un buen momento fundamentalmente porque es más difícil construir consensos en el medio de cuestiones tan urgentes y dramáticas como las que estamos viviendo”, concluyó.
“Mayor presencia en Santa Fe”
Por el lado del oficialismo, Marcos Cleri defendió la iniciativa del gobierno nacional y destacó la importancia que tendrá la reforma en Santa Fe: “Es muy importante para tener mayor presencia en todo el territorio de la provincia. De esa manera poder dotar de recursos de investigación, con la aplicación del nuevo código procesal penal de la Nación, con fiscalías, secretarías, con mayor cantidad de juzgados distribuidos en nuestro territorio provincial, y tener un mejor acceso a la justicia”.
“Por supuesto que toda reforma siempre se plantea por una modificación favorable hacia la ciudadanía. Se busca poder tener un mejor acceso a la justicia y así mismo lograr una lucha contra el delito, principalmente del narcotráfico con todo su entramado a lo largo y ancho de la provincia”, remarcó el dirigente de La Cámpora y destacó que el proyecto oficial recoge los pedidos que legisladores santafesinos elevaron en el último tiempo.
“Se plantea la creación de 3 juzgados más en Rosario, 2 en Santa Fe, 1 más en Rafaela, 1 más en Venado Tuerto, en este caso el juzgado de San Lorenzo, más las fiscalías y secretarías. Son pedidos de todo el arco político que ha tenido la posibilidad de representar a la provincia de Santa Fe y que en algunos han llegado al debate y en otros el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Macri no dio el aval para que puedan ser tratados”, expresó.
Por eso Cleri dice no entender los argumentos de la oposición que cuestionan la iniciativa: “Son planteos que lo que están tratando es de que no cambie nada y nosotros lo que estamos haciendo es tomar el reclamo de cada uno de los actores políticos que han representado a la provincia de Santa Fe e incorporar esas iniciativas en el proyecto de reforma como se ha hecho. Es el momento para poder hacerlo, no hay que limitar el debate de un tema tan importante para poder tener un mejor acceso a la justicia al momento y oportunidad. No sé la verdad por qué están planteando que no es importante”.
“Esconde un pacto de impunidad”
La diputada radical Ximena García indicó que hay coincidencia en que “la Justicia Federal requiere una reforma profunda” para hacerla “más ágil, para que responda a la problemática de la ciudadanía, sea más transparente y logre cumplir con su objetivo final que es el acceso a la Justicia y la resolución de conflictos”. Pero al mismo tiempo, sostuvo que “la reforma judicial que propone el kirchnerismo no responde a estos objetivos sino por el contrario tiene otros diametralmente opuestos que es garantizar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner”.
La legisladora de Juntos por el Cambio cuestionó “la extraordinaria creación de cargos, donde va a representar una reforma de 4.000 millones de pesos”. “Teniendo en cuenta la grave situación económica que estamos atravesando en el país, en donde hay 45 mil pymes que bajaron las persianas, me parece que las prioridades están puestas en otro lugar”, agregó.
“Es un tema sensible que requiere de un acuerdo marco con la sociedad civil y con los diferentes partidos del arco político, de la comunidad académica. Me parece que la discusión debe convocar a las diferentes miradas. Si el objetivo real es la reforma judicial, es un problema complejo por lo tanto las soluciones también son complejas y requiere que haya diferentes perspectivas opinando y lleva tiempo. Ahora nos llevan a los empujones a discutirla en el Congreso cuando estamos con problemas de todo tipo producto de la pandemia en la que estamos inmersos. Es totalmente inoportuna esta iniciativa”, remarcó García, que también cuestionó la presencia de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina, en la comisión de análisis de la reforma.
“Son varias las características que desvirtúan cualquier iniciativa legítima para tener una reforma judicial que responda a los intereses de la ciudadanía. Por ejemplo intentar aumentar los miembros de la Corte Suprema, que siempre tiene como objetivo buscar una mayoría automática. Son hechos que terminan de confirmar la hipótesis de que se busca la impunidad en las causas de la corrupción”, abundó.
“El Poder Judicial tiene que acercarse a la problemática de la sociedad. Nosotros somos representantes elegidos por el pueblo y tenemos que rendir cuentas permanentemente de lo que hacemos. Me parece que ese es el camino. Hay un desconocimiento hasta de quiénes son los jueces, cómo están resolviendo y en qué tiempo. Esa es una deuda pendiente”, finalizó.
