La justicia española confirmó este viernes el archivo de una querella contra el ex juez militar que dictó la sentencia de ejecución de Salvado Puig Antich, el último preso político ajusticiado por la dictadura franquista en 1974.
La sentencia, dictada por la Audiencia de Barcelona, considera que el delito de lesa humanidad que se le atribuye al ex juez y actual abogado Carlos Rey González no puede juzgarse a pesar de que no prescribe, debido a la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977.
De acuerdo con el tribunal, la ley de Amnistía fue aprobada por un «Parlamento democrático» y más recientemente, en 2018, el Congreso de los Diputados rechazó derogarla.
Asimismo, los magistrados también rechazan que pueda aplicarse «cualquier otro delito», ya que estaría prescrito.
De esta forma, se ratifica la decisión de primera instancia de archivar la demanda interpuesta hace tres años contra el ex juez por parte de la familia de Puig Antich, a la que luego se sumó el Ayuntamiento de Barcelona.
La ciudad de Barcelona, cuyo gobierno declaró sentirse en deuda con la familia Puig Antich, incluyó en su querella un pedido para que el Tribunal Constitucional anule la ley de Amnistía de 1977, al considerar que es incompatible con la Constitución española y los tratados internacionales firmados por España.
«El paso del tiempo no debilita la petición de justicia y reparación, sino que la legitima», dijo en ese entonces Jaume Ansens, miembro del gobierno local y actual diputado de la coalición de izquierda Unidas Podemos (UP).
Una vez archivada la querella -y agotadas todas las instancias en España- la familia Puig Antich puede acudir ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Salvador Puig Antich, militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), una organización antifranquista y anarquista, fue ejecutado por el garrote vil en España el 2 de marzo de 1974 en la prisión Modelo de Barcelona, pese a la campaña nacional e internacional para que se revocara la pena de muerte.
El abogado Carlos Rey era en aquel entonces el vocal del consejo de guerra de siete miembros que sentenció a muerte a Puig Antich, y fue quien redactó el fallo.
El emblemático caso estuvo a cargo de la Brigada Político Social de la Policía franquista, que manipuló la investigación para que Puig Antich terminara siendo juzgado en un tribunal militar con la consecuente condena de muerte precisamente en un momento en el que el régimen franquista flaqueaba.
La detención del militante antifranquista, quien no estaba fichado ni tenía antecedentes, se produjo cuando la policía interceptó una reunión del MIL, y se produjo un tiroteo en el que murió un agente y Puig Antich resultó herido de gravedad.
En el informe policial se alteraron el número y trayectoria de los disparos mortales, que fueron atribuidos a Puig Antich, quien de esa forma podía ser condenado por terrorismo, atribuyéndole también el cargo de líder del MIL.
De hecho, la sentencia redactada por Rey hizo especial énfasis en la ideología subversiva que promulgaba la organización, como argumento para justificar la sentencia de muerte.
La familia Puig Antich unió su caso a la querella abierta en la Argentina por los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista que investiga la jueza María Servini, quien tiene previsto tomar declaración el próximo 3 de septiembre vía telemática a Rodolfo Martín Villa, un ex ministro de Francisco Franco.
