Un informe del observatorio de políticas públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) expuso a cuánto equivaldría lo recaudado con el impuesto único a las grandes fortunas que impulsa el oficialismo y que comenzará a ser debatido en la Cámara de Diputados de la Nación. De aprobarse la iniciativa tal cual fue ingresada por el Frente de Todos, el dinero recaudado cubriría, por ejemplo, casi 21 millones de Ingresos Familiares de Emergencia (IFE), o la construcción de alrededor de 5.600 hospitales modulares.
Por otra parte el estudio analizó la situación tributaria en argentina respecto a otros países, datos que exponen que la carga impositiva está por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). El impuesto a los bienes personales redujo su participación a casi la mitad a partir de 2016.
El proyecto de Aporte Solidario Extraordinario fue presentado oficialmente este viernes por diputados del Frente de Todos. La iniciativa buscará gravar por única vez cerca de 12 mil personas físicas con un patrimonio que supere los 200 millones de pesos y que permitirá recaudar unos 300 mil millones de pesos.
El reporte de Undav expone que lo recaudado por el aporte especial a las grandes fortunas equivaldría a 5622 hospitales modulares, así como también podría destinarse a 20, 8 millones de IFE o bien a 12,3 millones de jubilaciones por mes.
«En nuestro país, hace más de dos meses que también se viene planteando la necesidad de gravar los patrimonios más altos producto, por un lado, del enorme gasto público que viene realizando el gobierno en distintos programas para combatir la emergencia económica y sanitaria (ATP, IFE, créditos blandos, hospitales de emergencia, respiradores, compras sanitarias y obra pública, entre lo troncal), y por el otro, por la caída de la recaudación producto del avance de la recesión económica por la pandemia», señaló el estudio.
Los datos oficiales marcan que entre políticas de expansión financieras, fiscales y gastos corrientes que iniciaron en marzo, el Estado proyecta gastar un equivalente al 10% del PBI.
Por otra parte el informe señala que «si bien a alternativa de un impuesto que grave solamente una pequeña porción de la población incluso muy menor a la que ya tributa por bienes personales parece una decisión socialmente justa, no está exenta de críticas».
En ese sentido hay una referencia a la idea instalada de que Argentina cuenta con una carga tributaria general excesivamente alta, pese a que las estadísticas internacionales no van en línea con dicha afirmación.
Los datos relevados exponen que la presión tributaria argentina (del total de impuestos) se encuentra por debajo del promedio de los países de la Ocde.
A partir de la crisis global ocasionada por el coronavirus, el aumento exponencial de los gastos fiscales de los distintos gobiernos que a su vez sufren severas caídas económicas, comenzaron a surgir, en varios países del mundo, planteos sobre impuestos, contribuciones excepcionales o aportes “patrióticos” que recaigan sobre los sectores de mayores ingresos y patrimonios.
Mientras la discusión sobre el tema avanza en distintas latitudes, existen países que ya cuentan con un gravamen a los grandes patrimonios.
Por último, el informe expuso como la evolución de la estructura impositiva argentina en el período 2016-2019 se volvió más regresiva. Lo impuestos considerados más regresivos (por ejemplo, el IVA) aumentaron su participación en el total recaudado en 4 puntos porcentuales (p.p.). Por otro lado, los denominados impuestos progresivos redujeron su participación en 2 p.p., mientras que, por su parte, los progresivos descendieron 1 punto porcentual.
