El prefecto Ariel Fernando Condori Apaza fue absuelto en el juicio por el homicidio agravado del adolescente Maximiliano Zamudio, según resolvió por unanimidad este lunes a las 13 un tribunal de primera instancia. La fiscal de caso Karina Bartocci adelantó que esperará a los fundamentos para apelar dicha resolución, al igual que la querella, quien remarcó que en este fallo el magistrado Héctor Núñez Cartelle junto a las juezas Valeria Pedrana y Paula Álvarez hicieron una «legitimación del gatillo fácil».
Para la resolución del tribunal, cuyos fundamentos se conocerán en los próximo días, durante el debate se acreditó que aquel 27 de mayo de 2015 a las 23 Condori Apaza mató a Zamudio en legítima defensa, en contraposición a la teoría del caso presentada por la Fiscalía y la querella cargo de Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet en representación de la familia de la víctima.
Maxi tenía 16 años cuando fue asesinado de dos disparos, uno en el tórax y el otro en la cabeza, en una cortada de tierra que está entre Patricias Argentinas y Uriburu, en barrio Tablada.
Desde el minuto cero estuvo claro que Condori había disparado contra Maxi, por lo que el debate oral –que comenzó el pasado 24 de agosto– giró en torno a si el prefecto, quien estaba de civil y portaba un arma que no era la reglamentaria, mató o no en legítima defensa.
El uniformado de la fuerza nacional, de 37 años, adujo que disparó en el marco de un intento de robo (el cual no fue acreditado) y que pensó que Zamudio tenía un arma.
En tanto, la hipótesis de la fiscal Bartocci y de la querella apuntaba a una ejecución, rechazaron la existencia de una legítima defensa y pidieron 20 y 30 años de pena de prisión respectivamente. En tanto, el equipo de la defensa, representada por el penalista Horacio Corbacho, solicitó la absolución del prefecto, ya que consideró que no bajó del auto y dio por probada la versión de una tentativa de robo.
No fue fácil que el caso llegara a juicio. En cinco años, la causa tuvo dos intentos de archivo por parte del fiscal Miguel Moreno en 2017 y al año siguiente, del ahora juez Rafael Coria, pero la lucha de los familiares de Maxi Zamudio y de la Multisectorial contra la Violencia Institucional logró sacarla del cajón.
La causa llegó a la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional de la fiscal Bartocci y el 10 de diciembre de 2018 imputó al prefecto por homicidio agravado y casi un año después se hizo la última audiencia antes del debate oral. A pesar de esta acusación, el prefecto siempre transitó el proceso en libertad.
La Fiscalía
La fiscal Batocci habló tras la lectura de la resolución del tribunal donde «absolvió al prefecto del delito de Homicidio Agravado con empleo de arma de fuego por haber sido provocado el uso comprobado de legítima defensa» y dijo que esperará a los fundamentos para saber en qué medidas se basaron para tomar esa decisión. «Lo más probable es que apelemos, digo probable, porque no he leído los fundamentos», dijo para luego describir lo que pasó en las tres audiencias del juicio oral donde remarcó que la segunda jornada fue fundamental ya que declaró el personal que estuvo a cargo de la reconstrucción integral del hecho donde describieron que el adolescente recibió un disparo en el pecho y ya en el piso, el prefecto le disparó en la nuca. También mostraron como evidencia las tres vainas servidas que pertenecían al arma del prefecto.
«Una legitimación del gatillo fácil»
Salvador Vera, fue uno de los abogados de la querella que representó a la familia de Maxi, y aseguró que tras la presentación de los fundamentos apelarán la decisión.
«No nos deja de sorprender la unanimidad de la resolución y sobre todo que hayan legitimado la agresión y dado por probada la tentativa de robo de Zamudio que a lo largo de todo esta instancia no se comprobó. Es una legitimación del gatillo fácil», insistió.
Esta última apreciación del querellante no sólo se basa en el fallo que cerró este lunes el juicio oral sino que tiene sus antecedentes en el recorrido de estos cinco años donde acompañó cada una de las presentaciones en las que tuvieron que revertir dos pedidos de archivos de la causa. En estas instancias, la familia también puso el cuerpo ya que tuvo que revivir el asesinato de Maxi, sufrir la estigmatización que el sistema de justicia hace de la víctima donde su historia de vida, el barrio donde vive y las condiciones materiales pesaron de sobremanera para que sean escuchados. Una prueba de ello fue María, mamá de Maxi, quien estuvo designada como la testigo que abriera el debate el lunes de la semana pasada y tuvo que declarar en varios períodos porque se descompensaba mientras repetía que su hijo no era un ladrón.
«La mecánica del hecho quedó probada por la evidencia. Que le haya disparado tres veces con un arma calibre 40, que luego del primer disparo –que le atraviesa el pecho y le sale por la espalda– Maxi quedó incapacitado, y el prefecto se bajó del auto y le dio un tiro de gracia en la nuca. Eso sí quedó acreditado», graficó Vera.
«Es muy indignante pero los analizaremos y trabajaremos la apelación como una última oportunidad que tiene la víctima para conseguir justicia», explicó Vera para dejar en claro que desde la querella sabían que la absolución era una posibilidad dentro de las opciones más teniendo el antecedente de que dos fiscales, uno de ellos ahora es juez, hayan intentado archivar la causa.
Con respecto al trabajo de la Fiscalía, Vera indicó que están muy disconformes con la actuación de la fiscal, ya que el desempeño de las actuaciones de la acusación recayó en la querella.
«La actuación de estos fiscales deberían poner en la agenda la necesidad de selección de fiscales que tengan actuación con perspectiva de víctima. Hoy las víctimas tienen que discutir y pelearse con los fiscales, que desde el principio buscan investigarlas y estigmatizarlas, por la vida de llevaba, por el barrio donde nació, por sus condiciones materiales, una revictimización constante», enumeró Vera para recordar que investigar con perspectiva de víctima está dentro de los principios de actuación y de la formación de los fiscales.
«Ahora esperamos con ansias los fundamentos para ver cómo los magistrados lograrán legitimar o justificar y en base a qué elementos acreditarán la legítima defensa», cerró el querellante.
Tras cinco años de lucha, se conocerá la sentencia al prefecto por el crimen de Maxi Zamudio
