Tomás Coppini y Laura Mazzurco**
Las catástrofes ambientales, circunstancialmente, renuevan los debates en torno a una temática algunas veces olvidad: la relación del ser humano con su entorno. Por ello, es menester, atender siempre a la protección de los derechos intergeneracionales y no agotar el debate en el presente.
El desafío del derecho ambiental, implica lograr una armonía entre el desarrollo de la producción y un ambiente sano, en donde sea fundamental la protección del suelo, el agua, el aire, la flora y fauna de nuestro país. La ley de Humedales, forma parte de las deudas pendientes de la Nación.
En la Argentina, los humedales representan el 21,5 por ciento del total de la superficie, lo cual devela su enorme relevancia. La cantidad de recursos que allí se encuentran son variados y abundantes. También se realizan actividades productivas como la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, entre otras.
Una ecología para la liberación
Tal como señalamos desde el Grupo de Reflexiones Ambientales desde Latinoamérica (Gral), los procesos extractivistas sin control alguno han ido en aumento durante las etapas neoliberales, principalmente en los países de América del Sur; son procesos notorios que han diezmado gran parte de los bosques nativos y la fauna regional contaminando todo a su paso.
Ciertos movimientos políticos, especialmente el justicialismo, han puesto en discusión esta posición desde antaño. Perón, particularmente, planteó una ecología para la liberación, en donde la protección de los recursos naturales pueda ser efectivizada mediante la ampliación de los parques nacionales y regímenes de explotación sustentables.
Es decir, una economía amoldada a la ecología, y no al revés. En términos de justicia social, planteó una lucha por la liberación, que también implicaba una lucha por los recursos.
Una visión avanzada para la época, y de notable lucidez para los principales pueblos productores de materias primas: los latinoamericanos.
La participación ciudadana debe acrecentarse
Ciertos sectores agropecuarios, que desalientan la sanción de una ley argumentan el desmedro productivo y económico que podría acarrearle a la región. Sin embargo, la ley de bosques, en su momento, no produjo desmedro alguno, sino una mejor organización y cuidado de los mismos.
Hay sectores de la Argentina, como Corrientes, donde se vería involucrado el 70% de su territorio. El cual sería considerado humedal conforme la ley. Es aquí donde las posibilidades de la participación ciudadana deben acrecentarse, y asumir, indefectiblemente, un rol activo en la conformación de las leyes ambientales.
Mientras tanto, el actual proyecto se encuentra en discusión en comisión de Diputados.
El avance de la frontera agropecuaria y la especulación de los planes inmobiliarios es una problemática que viene afectando desde hace años a los humedales, sin embargo, en este último año se ha ido agravando, especialmente por la sequía que aquejó la zona.
Sistema permanente de control preventivo
Es de público conocimiento, para quienes habitamos la ciudad de Rosario, la quema de pastizales, que produjo un gran reclamo de la sociedad, y también de ONGs, y diferentes sectores académicos y científicos que vienen alertando desde hace tiempo sobre estos inconvenientes.
Esta vez, la justicia se pronunció al respecto, en tanto el juzgado federal de Paraná hizo lugar a la medida cautelar para el cese del fuego.
A la vez la Cámara Federal de Rosario ratificó la incompetencia de un juzgado local para intervenir en un amparo colectivo ambiental por los incendios en la zona de islas del río Paraná, y ordenó a la provincia de Entre Ríos suspender por seis meses las autorizaciones de quema de pastizales y a la Nación realizar un “sistema permanente de control preventivo”.
Además envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entender que es quien posee competencia originaria y exclusiva para entender en el pleito (cabe recordar, que la competencia en conflictos interjurisdiccionales le corresponde a la Justicia Federal).
Un necesario abordaje integral de la problemática
Es así, que la CSJN se pronunció al respecto y dispuso como medida cautelar que las provincias constituyan un Comité de Emergencia Ambiental y que el mismo adopte medidas eficaces para el cese de las quemas y dio lugar a la intervención del Poder Ejecutivo en esta problemática que abarca toda la región del Delta del Paraná, teniendo como principios las bases del plan PIECAS – DP (Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) creado en el año 2008.
Asimismo, dispuso un plazo de 15 días para que les presenten un informe respecto al cumplimiento de esta medida. Sin embargo, toda medida preventiva parece ser insuficiente ante la magnitud del problema.
Es así que urge la necesidad de una ley que proteja el patrimonio común de todos los argentinos, donde varios derechos están en juego.
Es necesario comprender, que no es posible proteger los ecosistemas naturales sin un abordaje integral de la problemática; en donde la voluntad y las acciones políticas juegan un rol fundamental para lograr la conservación, como así también, procurar un modelo de producción sustentable.
** Integrantes del GRAL (Grupo de Reflexiones Ambientales desde Latinoamérica)
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