Alejandro «Pipi» Torrisi es un comisario retirado de 63 años y fue la punta del iceberg para dar con una organización de juego clandestino y extorsiones que en su accionar mató al gerente bancario Enrique Encino en el casino City Center el 11 de enero pasado. Tras un seguimiento donde lo fotografiaron saliendo de un garito en Villa Gobernador Gálvez, lo detuvieron a unas cuadras de ese lugar en julio pasado: llevaba una bolsa con 150 mil pesos.
La banda estaba liderada, dice la Fiscalía, por Maximiliano «Cachete» Díaz, un alfil del clan Cantero en la banda de Los Monos, y la pesquisa ligó la causa a un empresario del juego legal e ilegal. Se trata de Leonardo Peiti, quien apareció en escena y tras varios allanamientos, se presentó y declaró como arrepentido tras una imputación como miembro de esta banda para, en ese mismo acto, marcharse en libertad.
La declaración del empresario significó la caída del entonces fiscal Regional de Rosario Patricio Serjal y su subordinado Gustavo Ponce Asahad, hoy presos en una causa por pedir coimas a Peiti a cambio de brindarles información para mejorar su situación procesal. El coletazo llegó hasta el propio jefe de la Policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, quien fue citado como testigo. Uno de los motivos es que un apodo, “sarna”, aparecía en una lista de pagos del empresario. Tras brindar su testimonio fue desplazado del cargo.
Este martes por la tarde y en audiencias separadas, Pipi Torrisi y Flavia Broin, entonces pareja de Cachete, aceptaron su responsabilidad en el grupo delictivo y fueron condenados, a través de procedimientos abreviados. Para el comisario, el juez Alejandro Negroni dictó la pena de 3 años de prisión condicional con una multa de 270 mil pesos que deberá ser depositada al Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), según informaron los voceros judiciales.
El magistrado le dictó la misma pena a Flavia, sobrina del ex jefe de Policía Marcelo Villanúa, joven que también deberá pagar como resarcimiento a la víctima 30 mil pesos por ser considerada partícipe secundaria del delito de extorsión.
El 21 de julio pasado, Pipi Torrisi fue detenido en cercanías de un garito de juego clandestino ubicado en Espora al 200 de Villa Gobernador Gálvez con un bolso con 150 mil pesos. Los fiscales de la Agencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli, lo imputaron por administrar por sí o a través de terceros un sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización y la portación de un arma de fuego.
Los fiscales contaron que había comunicaciones con Cachete Díaz, lugarteniente del líder de Los Monos Ariel Máximo «Guille» Cantero, quien fue imputado como organizador de una banda de extorsionadores y otros hechos entre los que se encuentra la fatal balacera al Casino. Además, el comisario hablaba con Peiti y con un tal David, quienes suponen se trata del zar de los casinos clandestinos en Rafaela David Perona, detenido y imputado en dos investigaciones por juego clandestino.
Un ex jefe policial detenido cerca de un casino clandestino: llevaba una bolsa con 150 mil pesos
La banda
Tras la caída de Torrisi, los investigadores fueron por Peiti. Luego de varios allanamientos se entregó en Cañada de Gómez. A principios de agosto pasado imputaron al empresario por pertenecer a una asociación ilícita junto con Cachete como organizador del grupo delictivo que se dedicaba no sólo al juego clandestino sino también a extorsionar a empresarios del circuito financiero legal, aunque flojos de papeles.
Los fiscales contaron que los integrantes de la organización eran: Torrisi, Flavia Broin, Otniel De León Almonte –alias Dominicano e imputado en el crimen narco del uniformado Cristian Ibarra–, José Sebastián Perlo, Cachete Díaz, Hernán «Chema» Quinteros, Claudio Humberto “Cadi” Ricaldes y Mariano Ruiz (condenado como miembro de la asociación ilícita de Los Monos en abril de 2015). Además, determinaron su funcionamiento desde el 7 de agosto de 2019 hasta el 13 de enero pasado cuando fue detenido Cachete.
Para la acusación, la banda tenía como objetivo obtener dinero mediante extorsiones y atentados contra la vida de distintas personas invocando el vínculo que mantiene el organizador con Guille Cantero como medio para intimidarlas. Algunas de esas maniobras involucraron a la asociación ilícita en la gerencia y explotación de negocios ilícitos, entre ellos el de la quiniela clandestina y los llamados casinos ilegales.
La estructura contaba con un organizador y cuatro grupos de personas: los que amenazaban e intimidaban para lograr la extorsión, los que materializaban los hechos intimidatorios, los que se encargaban de administrar el dinero obtenido en forma ilícita y las personas que administraban los negocios de quiniela clandestina y casinos ilegales.
Además, el grupo tenía cobertura institucional en agencias policiales y judiciales, en este último caso el contacto era la Fiscalía Regional Rosario, la de la segunda circunscripción. Peiti declaró que le pagaba entre 4 y 5 mil dólares a Ponce Asahad, circunstancia en la que estaba involucrado Serjal. Además, está imputado pero en libertad por la misma maniobra un empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini.
Para los fiscales, Torrisi además era el encargado de brindar auxilio a los integrantes de la organización cuando eran detenidos. El 9 de enero pasado, dos días antes del ataque fatal al Casino, personal de Gendarmería detuvo a Ricaldez y Quintero con armas; para los funcionarios, iban a cometer un atentado contra el City Center.
En esa oportunidad, el comisario retirado fue contactado por Peiti para que se comunicara con Cachete y ver si podía lograr algún beneficio para los arrestados, contaron los fiscales, quienes agregaron que como policía retirado gestionó la liberación del dúo ante la comisaría 21ª.
Este martes Torrisi admitió su responsabilidad en un acuerdo abreviado celebrado entre la Fiscalía y su abogado defensor Ángelo Rossini, donde el magistrado Negroni lo condenó a 3 años de prisión condicional más el pago de una multa de 270 mil pesos como autor de los delitos de tenencia de armas de fuego de guerra y de uso civil sin la debida autorización legal, miembro de una asociación ilícita junto a los delitos de administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente.
Extorsiones y juego clandestino fueron la base para la recaudación de un alfil de Los Monos
La novia de Cachete
Flavia Rocío Broin tiene 30 años y es sobrina del ex jefe de la Policía de Santa Fe, Marcelo Villanúa. La mujer fue detenida unos días después de Torrisi e imputada como miembro de la banda que comanda su pareja.
Para la Fiscalía se encargaba del manejo del dinero recaudado con las maniobras extorsivas; en algunos casos fue a cobrarlo. También bajo las órdenes de Cachete retiraba los pagos de los casinos clandestinos que pertenecían a su pareja y le informaba de la marcha del negocio, dijeron.
En el acuerdo se hizo cargo de un hecho puntual cuando junto a su entonces pareja Cachete, Perlo, Brian Díaz y Mariano Ruiz actuaron de forma conjunta bajo el mismo plan para obligar al dueño de un bar a entregar dinero, invocando que se trataba de un pedido de Guille Cantero. Esto ocurrió desde el 2 de mayo del 2019 hasta al menos el 13 de enero pasado.
Esta extorsión comenzó cuando, en abril del año pasado, una persona se presentó en el bar de San Martín al 1600 y le dijo a su dueño que pertenecía Los Monos y le exigió dinero para seguir funcionando. A partir de ese momento se llevaron a cabo encuentros y conversaciones entre la víctima, Cachete y Perlo para definir el monto a pagar por mes para que pudiera trabajar sin inconvenientes, explicaron desde la Fiscalía, para agregar que esos encuentros se hicieron durante abril y mayo de 2019 en el bar de avenida Pellegrini al 1600, propiedad de Ruiz, quién además formó parte de las negociaciones. Fue así que la víctima se vio obligada a entregar sumas de dinero, que luego la novia de Cachete pasaba a retirar por el bar de Ruiz, explicaron.
Así las cosas, Flavia aceptó también este martes su responsabilidad en el grupo delictivo, consintió el acuerdo abreviado presentado por la Fiscalía y su abogado defensor Leopoldo Monteil y fue condenada por el juez Alejandro Negroni a la pena de 3 años de prisión condicional y el pago de 30 mil pesos como reparación económica hacia la víctima, además de respetar una serie de reglas de conducta, por los delitos de asociación ilícita en calidad de integrante y extorsión en calidad de partícipe secundario.
