La Sala A de la Cámara Federal de Rosario dispuso el embargo preventivo de bienes y el congelamiento de productos bancarios o financieros del ex intendente de San Nicolás Ismael José Pasaglia, su esposa y sus cuatro hijos, entre ellos Manuel, actual intendente de la localidad bonaerense. La decisión se tomó en un investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que lleva adelante el fiscal federal Matías Di Lello. Los sospechosos no fueron aún sometidos a indagatoria y la medida se pidió en forma preventiva en diciembre pasado para asegurar «las cosas o ganancias que son producto de maniobras delictivas». El tribunal además ordenó la remisión de resgistros telefónicos de los últimos ocho meses.
Ismael José Passaglia, Liliana Ana Gaibazzi y sus hijos Ismael, Manuel, María y Delfina enfrentan una investigación fiscal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que inicio con una denuncia de un persona de identidad reservada en fecha 10 de agosto de 2018. El fiscal Di Lello realizó distintas medidas probatorias entre ellas solicitó un informe a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes que emitió un dictamen que refuerza el informe elaborado por la Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina que detectó serias irregularidades en la justificación del origen de los bienes de los investigados.
Si bien el fiscal no solicitó aún indagatorias, pidió en diciembre medidas cautelares de carácter patrimonial al entender que había prueba suficiente para determinar la posible comisión de delitos pero fue denegada. La decisión fue apelada por los fiscales Claudio Palacín y Javier Arzubi Calvo y la revisión quedó en manos de la Sala A de la Cámara Federal de Rosario. Los jueces Fernando Lorenzo Barbará y José Guillermo Toledo resolvieron revocar parcialmente la medida al entender que la normativa permite cautelar desde la génesis de la actuación judicial para asegurar el decomiso de todo bien o derecho patrimonial vinculado a la comisión de un delito que se investiga.
A lo que sumaron que el delito de lavado de activos tiene una “complejidad excepcional por la propia forma de comisión del ilícito”, para probarlo y preservar los bienes utilizados para su perpetración requiere de un seguimiento exhaustivo del recorrido del dinero que no resulta simple de hallar, explicaron.
Los jueces tuvieron en cuenta los informes técnicos dónde surgieron notorias inconsistencias en la justificación de los orígenes de los bienes. En muchos casos no se condicen los ingresos con las adquisiciones y en otros los hijos adquirieron bienes sin tener ingresos, cuenta la resolución.
Para el tribunal durante el período que Pasaglia se desempeñó como funcionario público “dispuso de fondos cuyo origen no pueden justificarse con sus ingresos declarados. Posteriormente, pretendió disimular la calidad ilícita de los fondos así generados, dándoles ingreso a su patrimonio y el de sus allegados con apariencia de licitud, mediante la adquisición de bienes registrables y la participación en inversiones, incompatibles con sus ingresos declarados…”, explicaron.
El tribunal le dio la razón a la fiscalía en forma parcial y ordenó trabar embargo
preventivo. También anotar en el Registro de la Propiedad los bienes inmuebles y embarcaciones como litigiosos. Además dispuso el congelamiento de los productos bancarios o financieros por el plazo de 90 días, y las entidades bancarias deberán informar los saldos de las cuentas, la medida no se aplicará en cajas de ahorro destinadas a cobro de sueldos. En última instancia hicieron lugar al pedido fiscal de remisión del registro de llamadas entrantes y salientes de los sospechosos durante 8 meses.
