Un ex juez federal de la ciudad de Rosario durante la última dictadura cívico militar, Guillermo Ernesto Tschopp, fue procesado este jueves y sus bienes embargados por 10 millones de pesos al ser considerado partícipe necesario de los delitos de homicidio, secuestros y torturas de presos políticos, informaron fuentes judiciales.
El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque dispuso esa medida sobre Tschopp en una causa iniciada en 2018 por una denuncia presentada por la delegación Rosario de la agrupación H.I.J.O.S., en la que se solicitaba la investigación de la actuación del ex magistrado durante la pasada dictadura.
De acuerdo a la resolución, Tschopp omitió investigar las denuncias por apremios ilegales, aplicación de tormentos y otros delitos que señalaban los detenidos “blanqueados” cuando el juez les tomaba declaración.
El fiscal de la Unidad que investiga violaciones a los derechos humanos, Adolfo Villate, revisó 134 pedidos de habeas corpus que tramitaron durante la última dictadura en el juzgado federal 2, que por esos años estaba a cargo Tschopp.
El juez Bailaque procesó al ex funcionario judicial por más de 55 casos de privación ilegítima de la libertad (secuestro) en calidad de partícipe necesario, señaló la resolución a la que accedió Télam.
En algunos de ellos, “en concurso real con la aplicación de tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político”.
El ex juez también quedó procesado como partícipe de siete casos de homicidio, entre ellos de los hermanos y estudiantes peruanos Rory Céspedes Chung y María Antonieta Céspedes Chung, cuyas ejecuciones en la vivienda que compartían con el militante socialista argentino, Conrado Galdame, suscitó un conflicto diplomático con Perú.
Galdame fue asesinado en el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Santa Fe, en Rosario, donde funcionó el mayor centro de detención clandestino de la provincia
Según determinó la sentencia contra los ejecutores, los hermanos Céspedes Chung fueron asesinados con el objetivo de encubrir el secuestro y posterior homicidio de Galdame, con quien compartían vivienda.
Ese crimen y la queja de Perú derivaron en el “levantamiento” del centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la sede rosarina del Servicio de Informaciones de la Policía provincial.
Entre los casos que analizó el fiscal Villate y en los que el juez Bailaque encontró el grado de certeza necesario para dictar el procesamiento se encuentra el del secuestro de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, que fue intervenida y desmantelada por agentes del terrorismo de Estado.
La resolución revisó el caso del secuestro de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), Virginia Mulhall, detenida en noviembre de 1977 por los policías del SI y tras prestar una “declaración espontánea” fue sometida a juicio en el juzgado de Tschopp.
Ante el magistrado, Mulhall dijo que “haber firmado su declaración espontánea vendada y sin poder leerla (…) haber sido sometida a golpes y señaló que su declaración fue tomada mientras estaba desnuda y le aplicaban electricidad, no dejándola tomar agua”.
El procesamiento señala que “la única acción del imputado (el juez Tschopp) frente a esto fue ordenar que sea revisada por el médico de la Cámara Federal de Apelaciones” pero “no se tomó ninguna medida adicional” para investigar los delitos que había denunciado la militante.
