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Aprobaron nuevo Distrito Municipal para proteger y regular las islas bajo jurisdicción rosarina

El proyecto, del edil Roy López Molina, prevé que dependa del distrito centro para no generar cargos ni erogaciones extras en el presupuesto local. Tendrá por norte el cuidado del medio ambiente pero no comprometerá la continuidad de los paradores existentes

El Concejo Municipal de Rosario aprobó la creación de un nuevo Centro Municipal de Distrito, enfocado en la protección y planificación de las islas que están frente a la ciudad y pertenecen a su jurisdicción. Tendrá injerencia, por ejemplo, sobre el popular banquito San Andrés a la altura del centro, y otras áreas que hoy no están contempladas en el plan urbano ni la normativa local. La iniciativa fue presentada por el vicepresidente primero del cuerpo y titular del bloque Cambiemos, Roy López Molina, quien para que no genere nuevas erogaciones propuso que dependa de uno de los seis distritos ya creados. Apuntará al control ambiental y regulará las actividades permitidas sin comprometer la continuidad de los paradores existentes. 

«Estamos impulsando un ejercicio de soberanía para cuidar lo que es nuestro. Como las islas no han sido contempladas dentro de la creación de los distritos descentralizados de manera certera, tampoco forman parte del Plan Urbano ni de la normativa urbana», argumentó el concejal.

Por eso, indicó que algunas de las acciones que podría ejercer el Ejecutivo con la ordenanza son «la provisión de servicios y el control e implementación de políticas ambientales, como la prevención de incendios».

El séptimo distrito se llamará formalmente Distrito de Gestión Ambiental de las Islas del Rosario, pero dependerá del Centro, por lo que no habrá nuevas oficinas, cargos o gastos, aclaró el edil de Cambiemos.

Contra las quemas y sin afectar a paradores

Con un 2020 marcado por los incendios, además de otras actividades que depredan el medio ambiente, López Molina sostuvo que «de no mediar estrategias de gestión para conservar el área, se podrían comprometer seriamente los ecosistemas presentes».

«Eso pone en riesgo el potencial de los recursos naturales y culturales del área, sea pesca, recreación o turismo, entre otros factores de interés social y económico», dijo en la sesión.

López Molina puso especial énfasis en «cuidar las actividades actuales» que tienen las playas y paradores y afirmó que la normativa «no afecta a ninguna de ellas».

«Si bien la quema de pastizales y el humo que genera es el fenómeno más visible en la actualidad, no es el único ni el principal inconveniente que afecta al Delta del Paraná. Una de las prohibiciones puntuales será el movimiento no autorizado del suelo», agregó.

Un Área de Protección

El proyecto del presidente del bloque Cambiemos, ahora aprobado, contempla un enfoque de desarrollo sustentable a través de la declaración de Área de Protección Ecológica y Ambiental, «lo que supone encontrar un equilibrio entre conservación y posibilidades de utilización».

En esa área se permitirán actividades de investigación, educación y cultura, recreación y turismo compatible con la sustentabilidad de los ambientes y recursos, de recuperación, y de control, vigilancia y seguridad, entre otros.

El concejal incluyó, además, «un Plan de Manejo que regule sectores y niveles de protección y las posibilidades de intervención sobre el sistema de islas para su utilización sustentable».

Cuidar a una parte de la ciudad

López Molina ratificó que las islas Sabino Corsi Norte, Sabino Corsi Sur y General Juan Pistarini, una de ellas conocida popularmente como «banquito de San Andrés», pertenecen a Rosario y no a Entre Ríos, según la interpretación de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales, de los mapas oficiales del Instituto Geográfico Nacional y los archivos disponibles de catastro provincial de Santa Fe. Recordó, además, que actualmente la Municipalidad cobra tasas y derechos a los balnearios.

Para una correcta implementación de la ordenanza, el propio López Molina impulsó una Comisión de Seguimiento integrada por concejales, representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, del gobierno provincial, de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Rosario, como así también por representantes de ONG referentes en la protección medio ambiental.

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