El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, ratificó ayer su apoyo a la represa Ayuí Grande y rechazó las acusaciones del jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, pero evitó confrontar directamente con la Casa Rosada tras la presentación de la Nación ante la Corte Suprema para frenar las obras.
El ministro coordinador, por su parte, aclaró que lo que busca la gestión kirchnerista es evitar “un daño ambiental irreversible” y eventuales conflictos con Uruguay por la construcción de la represa, y que fue por esa razón que se pidió en Tribunales la paralización de las obras y a la Corte Suprema de Justicia una medida cautelar de no innovar para suspender las obras que impulsa el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, junto con el magnate húngaro-estadounidense George Soros.
Colombi, que avala el emprendimiento destinado a abastecer las plantaciones de arroz de los dos empresarios, prefirió con todo la cautela para rechazar las declaraciones del jefe de ministros: “En su momento, hemos remitido toda la información necesaria a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) y el 22 de septiembre de 2009 la provincia también remitió el resultado de la audiencia pública a ese organismo”, recordó el mandatario correntino.
De esta manera, defendió la represa de 8 mil hectáreas que Aranda y Soros pretenden construir a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá, usando el agua pública del arroyo Ayuí. “Ésta es una cuestión productiva; no podemos permitir que otras cuestiones sean parte del conflicto porque acá hay una situación conflictiva a nivel nacional y el emprendimiento no tiene nada que ver con esa pelea”, insistió Colombi en alusión al enfrentamiento entre el mayor multimedios y la administración de la presidenta Cristina Fernández.
“Se va a seguir apoyando todos los emprendimientos productivos en la provincia”, agregó el mandatario radical. La presentación del gobierno nacional dejó a Colombi en una posición incómoda porque, mientras apoya el emprendimiento para regar las 15 mil hectáreas de campos de Aranda y Soros, busca mantener buenas relaciones con la Nación para destrabar programas de obras públicas.
Motivos para paralizar las obras
“Pedimos que se paralicen las obras por dos razones: una porque se produciría un daño medioambiental irreversible y otra porque es imperioso el cumplimiento de deberes que se autoimpuso oportunamente el Estado argentino por el estatuto del río Uruguay de 1975”, justificó el jefe de Gabinete la incursión de la gestión K en el tema.
Fernández agregó que “el gobierno correntino permitió que se inicie el proyecto en ambas márgenes del arroyo Ayuí” y se quejó de que “la provincia tiene reservas forestales nativas de 800 mil hectáreas y la Casa Rosada nunca recibió información adecuada de esta obra como para que uno pueda ejercer atribuciones que le da la Constitución”. Y volvió a negar, a su vez, que la posición del gobierno esté vinculada con el conflicto con el grupo Clarín: “No es por eso (en alusión a Aranda); el gobierno tiene responsabilidades muy serias respecto de lo que sucede en un lugar importante”.
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