La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura se reunió este jueves y emitió dos dictámenes respecto de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que están investigados por presuntos vínculos con bandas delictivas.
Respecto del fiscal de homicidios de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, hubo consenso entre los diputados y senadores de los distintos bloques y el dictamen que se elevará a las cámaras propone destituirlo de su cargo en forma definitiva y aplicarle una suspensión de 10 años para el ejercicio de cualquier otro cargo en el Poder Judicial.
Ponce Asahad fue suspendido provisoriamente por la Legislatura, el 7 de agosto, por su presunta vinculación con el juego clandestino, una causa en la que también está involucrado el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal.
Por unanimidad, la Legislatura suspendió por 180 días a Ponce Asahad y le aplicó una disminución del 50% de su salario. El ex fiscal –detenido con prisión preventiva– se encuentra bajo investigación por los delitos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes y filtración de datos reservados.
En tanto, respecto al fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco no hubo acuerdo y el Frente Progresista impuso su mayoría sobre los representantes del PJ. Así, el dictamen de mayoría que se elevará a las cámaras sugiere suspenderlo de sus funciones por seis meses y no removerlo como pretendía el oficialismo.
Al fiscal Mauro Blanco la Auditoría del MPA lo acusó por su desempeño en una causa sobre narcotráfico. Se lo investiga por haber usado información provista por un vendedor de drogas para investigar a personas que habían robado armas en una vivienda de la localidad de Hughes.
A diferencia del caso Ponce, sobre el cual todos los espacios políticos están de acuerdo, en el caso Blanco hay opiniones divididas. Los legisladores del PJ pidieron su remoción definitiva, pero sus colegas del Frente Progresista propusieron una sanción intermedia –la suspensión provisoria de su cargo por seis meses– y ese fue el dictamen que se impuso por mayoría.
La Comisión Bicameral de Acuerdos tiene 12 integrantes: cuatro senadores y ocho diputados. Allí, debido a la composición de cada cámara, el Frente Progresista tiene seis lugares (cinco diputados y un senador), el PJ cuatro (tres senadores y un diputado) y los restantes corresponden a diputados de Juntos por el Cambio y del bloque Somos Familia y Vida.
La vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores, Alejandra Rodenas, convocó a diputados y senadores a una sesión conjunta que se realizará el jueves 22 de octubre para tratar la suspensión del fiscal Mauro Blanco y la remoción definitiva del fiscal Gustavo Ponce Asahad. La sesión conjunta será en modalidad presencial (autoridades de ambas cámaras y de la Bicameral) y virtual remota (el resto de los legisladores).
Primero, la Corte
Se espera que antes de que ambos dictámenes se voten en sesión conjunta, la Corte Suprema de Justicia de la provincia resuelva sobre el fallo de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario que declaró inconstitucional la ley 13.807, sancionada en 2017, por la cual la Comisión de Acuerdos se reserva el derecho de revisar el accionar de los funcionarios del MPA y del Sistema Provincial de la Defensa Penal.
Ese fallo fue cuestionado en forma unánime por todos los bloques políticos a través de una declaración conjunta emitida el 1º de octubre. Según los legisladores, la decisión de la Cámara de Apelación en lo Laboral expresa la intención corporativa del Poder Judicial de no querer ser controlado por otros poderes. La Fiscalía de Estado de la provincia apeló el fallo y ahora la Corte Suprema tiene que expedirse a favor o en contra de la constitucionalidad de la ley 13.807.
