Dirigentes y militantes de movimientos sociales marcharon este mediodía a la Casa de la provincia de Entre Ríos para reclamarle a las autoridades que garanticen la integridad física de Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas, luego de que el ex ministro de Mauricio Macri y hermano de la mujer, Luis Etchevehere, convocara a un grupo de choque para desalojarlos de manera violenta. A la vez, el dirigente social Juan Grabois calificó de «violencia mafiosa» la desplegada por el también ex titular de la Sociedad Rural Argentina, mientras que el gobierno de Entre Ríos afirmó que es una cuestión que debe definir la Justicia, aunque aclaró que la defensa de la propiedad privada «es un deber del Estado».
Los manifestantes, nucleados en el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Movimiento Popular La Dignidad, entre otros, se convocaron en la esquina de la avenida Córdoba y Suipacha, para marchar luego a la sede del Gobierno entrerriano, ubicado en Suipacha al 800.
Las organizaciones reclamaron a las autoridades que brinden «seguridad e integridad física» a Dolores Etchevehere, hermana del exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Cambiemos y ex presidente de la Sociedad Rural, quien donó tierras de una estancia en Entre Ríos que le correspondían por derecho hereditario para el proyecto agroecológico.
Según indicaron a través de un comunicado, «en estos momentos Luis Etchevehere sigue amenazando y convocó a una patota para promover el ataque al proyecto agroecológico fundado por Dolores Etchevehere junto al Proyecto Artigas».
En ese sentido, circuló un audio de una supuesta conversación entre Juan Diego Etchevehere, otro de los hermanos de Dolores, y una persona que sería la encargada de organizar la patota, quien afirma que “en cinco minutos” pueden juntar «100, 200, 300 camionetas” para entrar al campo, donde “hay 40 piojosos, sarnosos, punteros políticos”. Además, aclara que su interlocutor se quede tranquilo porque “más de uno se sale de la vaina para ir armado”.
«Hacemos responsable a las autoridades políticas y públicas de la provincia de Entre Ríos y de la Nación, por la integridad física de quienes se encuentran en el lugar. No sería la primera vez que los Etchevehere y sus cómplices recurren a bandas narcocriminales para imponer sus designios», denunció la referente del FPDS, Dina Sánchez, en declaraciones a Télam.
En ese marco, pidió que «se respete el derecho a propiedad de Dolores y se le permita trabajar la tierra en forma comunitaria como legítima heredera de las tierras, junto a los integrantes del Proyecto Artigas».
Dicho proyecto consiste en una red integrada por movimientos sociales, profesionales del derecho, la comunicación y el cuidado del ambiente que acompaña a Dolores “en el ejercicio de sus derechos hereditarios a partir de la posesión pacífica de una parte de sus bienes”.
La mujer declaró en Radio 10 que «la reacción de mi hermano es la de un cobarde», y lo acusó de querer ir «con patoteros, de manera ridícula» a desalojarla.
Por su parte, Luis Etchevehere afirmó a través de su cuenta de Twitter que «usurpar una casa es violar, meterse violentamente en la intimidad del otro».
«Hoy se cumplen cinco largos días que hay intrusos adentro de la casa principal disponiendo de lo ajeno, durmiendo en mi cama, usando mi baño, husmeando en mis cajones, mancillando recuerdos de mi padre», se lamentó el ex ministro macrista en la red social.
«Mafiosa, patriarcal y feudal»
El dirigente social Juan Grabois dijo que lo que sucede en Entre Ríos «es un caso más de violencia mafiosa, patriarcal y feudal», y remarcó que la hermana del ex titular de la Sociedad Rural, Dolores Etchevehere, «fue despojada de su herencia de manera ilegal».
Comentó que en la familia de Luis Miguel Etchevehere «son tan sinvergüenzas que estafan a su propia» hermana.
«Creamos el Proyecto Artigas para demostrar que otro modelo agrario, sustentable, ecológico y socialmente inclusivo es posible», sostuvo Grabois sobre el trabajo que realiza en los terrenos de Entre Ríos que le cedió Dolores Etchevehere y que el ex ministro de Agricultura denunció como tomados.
Al respecto, dijo que «el 15 de octubre Dolores volvió a su casa con los compañeros del Proyecto Artigas, pero Luis Etchevehere inició una ofensiva con su banda parapolicial y ha cercado el lugar con varias camionetas y con graves amenazas».
«Es un pacto de poder entre gente que contamina con agrotóxicos, que quema los pastizales, que ha hecho negociados de todo tipo y que también controlan varios medios de comunicación.
«Con esta estructura mafiosa es con la que nos enfrentamos», agregó en declaraciones radiales.
La postura del gobierno entrerriano
El gobierno de Entre Ríos aseguró este miércoles que la Justicia «decidirá quién tiene derecho sobre la tierra» y pidió «responsabilidad» y «apego a la ley» ante la disputa que mantienen Luis Etchevehere y su hermana Dolores, quien busca ceder predios de la familia para la puesta en marcha de un proyecto social denominado como «Artigas».
«Hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza, pero el apego a la Ley es un deber», dijo el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial, Juan José Bahillo, mientras que su par de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, llamó a «garantizar la paz social y respetar la decisión de la Justicia».
Bahillo aclaró que «está la obligación de ser responsables» y especificó que este caso «tiene matices que resolverá la justicia, no el Gobierno», pero aclaró que la defensa de la propiedad privada «es un deber del Estado».
Por eso, aseguró que el gobierno provincial «jamás va a favorecer una usurpación porque se trata de un acto ilegal» y que actuarán según «lo que se resuelva en Tribunales».
Respecto a las manifestaciones que se realizaron por el caso, el funcionario provincial sostuvo que «hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza» pero que «también está la obligación de ser responsables».
Por su parte, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, resaltó que se trata de «una situación muy difícil y no común a las que se han dado en el resto del país de tomas de tierras, sino que se trata de una sesión de una de las propietarias o herederas».
«Hay un juez de (la ciudad de) La Paz que va a dirimir las situaciones y decidirá quién tiene derecho sobre esa tierra, determinando a quién le asisten mayores razones desde el punto de vista del Estado de Derecho», aclaró.
Romero llamó a «la reflexión» y tener «conductas respetuosas de la ley, del derecho y de la razonabilidad».
Finalmente, destacó que unos 100 efectivos de la Policía provincial se encuentran en el lugar «de manera preventiva, para prevenir el delito y la violencia» y para que «triunfe la racionalidad y el respeto de la ley».
