¿Soja fantasma en General Lagos? ¿Desfalco? ¿Una más de tantas maniobras turbias del macrismo? Los hechos ocurrieron en 2016 y le costaron la carrera a un profesional que se desempeñó durante tres décadas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Villa Constitución. En la última semana de octubre el tema llegó a la Justicia a partir de una denuncia del diputado provincial Carlos del Frade.
La presunción es que el Senasa, bajo la administración del macrista Cristian Cunha, estafó al Estado a través de maniobras contables que implicaron la importación falsa de soja desde países vecinos hacia puertos de nuestra región que, por entonces, se encontraban inactivos.
Durante el primer cuatrimestre de 2016, profesionales del Centro Regional Santa Fe Sur del Senasa inspeccionaron y certificaron el ingreso al país de 212.488 toneladas de soja de origen paraguayo, en las terminales portuarias de San Lorenzo, General San Martín y General Lagos.
Lo más llamativo es que al menos una parte de esa carga se importó a un puerto inactivo de la empresa Dreyfus en General Lagos y el personal negó esas inspecciones. En lugar de investigar los hechos, el entonces titular del Senasa –y actual presidente del PRO santafesino– Cristian Cunha decidió trasladar al trabajador que había realizado la denuncia.
Según ATE Rosario, aquella maniobra de importación trucha de soja constituye “o bien un evento metafísico o delictivo: no estuvo la soja o no apareció la plata. Lo que abrió la posible revelación de una operatoria de mentiras, basada en información sobre importaciones y exportaciones, cuyas únicas beneficiarias serían las multinacionales”.
El trabajador que realizó la denuncia, Norberto Bardey, llevaba 30 años trabajando en el organismo. La decisión de Cunha fue desplazarlo de su puesto y trasladarlo a San Nicolás. “Fue uno de los tantos desplazados y trasladados por realizar la tarea de control que le correspondían como parte de su función diaria”, recordaron desde ATE.
El gremio estatal viene reclamando desde entonces “la urgente devolución del puesto” al profesional que denunció las irregularidades. El diputado Del Frade se hizo eco del caso y el 27 de octubre se presentó como querellante en la Fiscalía Federal Nº3 de Rosario en un causa que investiga el presunto delito de usurpación de autoridad.
Represalia laboral
La Junta Interna de ATE Rosario recordó a través de un comunicado que “una vez más fue la voz de los trabajadores del organismo la que alumbró el desfalco”. El gremio también responsabilizó a Cunha por el traslado del trabajador hacia “una lejana oficina inexistente”. La presunción es que lo castigaron por denunciar maniobras fraudulentas.
El propio Bardey señaló, en una de sus presentaciones, que aquella decisión “significó no sólo una inadmisible represalia laboral, sino una rebaja salarial. Se eliminaron de las liquidaciones mensuales el cobro de viáticos y el cobro de servicios requeridos, además de incrementarse el gasto en transporte. Un verdadero abuso de derecho que debería interpretarse como una situación de despido indirecto, en otras circunstancias, o como una presión para abandonar el servicio”.
El caso de Bardey es emblemático, pero no es el único. La Junta Interna de ATE indicó que a nivel regional hay una quincena de personas que fueron cesanteadas del Senasa durante el macrismo y a nivel nacional el número asciende a 300. “Como sector declarado esencial, con casos de aislamiento y licencias especiales, en este momento de pandemia sería especialmente necesaria la reincorporación para cubrir puestos”, indicaron desde el gremio.
“Importaciones que no existen”
Según el diputado Del Frade, las maniobras de importaciones truchas involucran al menos 220 mil toneladas de soja que debió haber llegado al puerto de Dreyfuss en General Lagos, cosa que nunca ocurrió porque al momento del embarque la terminal se encontraba cerrada por un incendio ocurrido un año antes y no había tenido pedido de importaciones al menos en los cinco años anteriores.
El legislador del Frente Social y Popular explicó que esas maniobras permitieron ganar millones de dólares a las terminales portuarias y al mismo tiempo le generaron “un grave perjuicio” al Estado.
“Son importaciones que no figuran o que no existen, pero que figuran solo en los registros contables de computadoras o exportaciones que se sobrefacturaron; son millones de dólares a favor de las terminales privadas porque van a pagar menos impuestos específicamente por las mismas cuestiones: subfacturación de exportaciones e invención de importaciones que no se hicieron”, señaló Del Frade en declaraciones a Infobaires 24.
“Si esto quedó registrado en el Senasa a inicios de 2016, evidentemente son millones y millones de dólares a favor de las terminales privadas y las grandes multinacionales que a su vez configuran un delito serio contra el Estado. En forma paralela, el rol de regulación que tenía el Senasa no se estaba cumpliendo durante la época del macrismo”, agregó.
Además, el legislador provincial sostuvo que “al no haber ingresado soja en el puerto de General Lagos, esa soja materialmente no existió. Es decir: sólo existió como asiento contable en computadoras, para que las empresas terminaran ganando el diferencial que les pagaban justamente por la importación de soja en ese momento”.
