El célebre narcotraficante peruano Marco Estrada González, alias Marcos, fue condenado este viernes a una pena única de 24 años de prisión, acusado de liderar «una empresa» que controló la venta de drogas entre 2009 y 2017 en la villa 1.11.14 del Bajo Flores porteño, que movilizaba unos 14 millones de pesos por mes.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 le aplicó a «Marcos» una pena de 17 años de prisión, pero se le unificó con una sentencia anterior a 10 años de encierro que había sido dictada en mayo del 2013, por lo que lo condenó a una pena única de 24 años.
Los jueces lo consideraron «organizador de una empresa destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la que intervinieran más de tres personas» en la villa 1.11.14, también conocido como el barrio Padre Ricciardelli, y coautor de «tenencia ilegal de material explosivo y acopio de armas».
En el mismo fallo, que fue leído a través de una videoconferencia por el coronavirus y que fue seguida por los imputados desde la cárcel, el tribunal condenó a la esposa de «Marcos», llamada Silvana Alejandra Salazar, a una pena única de 18 años de cárcel dado que ya cumplía otra a 8.
También condenó a su suegra, Lucía Enríquez Alarcón, alias «Doña Lily», a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel como «partícipe secundaria de tráfico de estupefacientes».
Las penas que dictaron los jueces coincidieron con lo que había solicitado el fiscal del debate oral, Diego Velasco, en su alegato del 14 de agosto pasado.
El TOF condenó, además, a otros 35 imputados a penas de entre 1 y 12 años y medio de prisión por distintos delitos, como así también absolvió a tres de los acusados que llegaron a juicio oral.
Antes de comenzar la lectura del fallo, uno de los jueces anunció que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 5 de febrero del año próximo.
Durante el debate, la fiscalía contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).
En su alegato, el fiscal dio por «probados» los vínculos entre los procesados en la preparación, entrega y venta de droga durante alrededor de 12 años, aún luego de la detención de «Marcos», que se produjo en diciembre de 2016.
“Hubo crisis económicas y cambios de gobierno, pero desde 2009 a 2017, al menos, nada cambió acá”, graficó el fiscal en su alegato, quien agregó que «la entrega del dinero producto de la venta implicaba 14 millones de pesos aproximadamente» en cada turno mensual.
La organización movía «mucho dinero y claramente era una situación que se debía rendir toda la entrega», algo que se hacía según la fiscalía ante una de las acusadas, Gladys Santos.
«Era la receptora con colaboradores como su hija, su marido, su hermana, su sobrino», enumeró.
El dinero se juntaba en los puntos de venta de la droga y se rendía los viernes de cada semana, con una contabilidad que era llevada en cuatro cuadernos secuestrados en la causa y la ganancia se pasaba al «jefe del grupo».
Para ello, y «ante las grandes sumas de dinero», había «reglas y protocolos establecidos por la organización que se repetían constantemente», agregó Velasco.
Además, consideró probados los vínculos entre todos los acusados, entre ellos Marco Estrada González, quien aparece en mensajes reclamando deudas por droga.
El grupo «estaba pendiente de la situación del barrio», afirmó además en relación a las alertas que recibían sobre operativos policiales, como los ordenados en 2016 que culminaron con las detenciones de todos los acusados.
Para reforzar su acusación, el fiscal sostuvo que los ingresos de droga a la villa tenían «horarios establecidos» y que había controles «a las casas donde se preparaba».
«Están probados los vínculos en lo referido a la preparación y entrega de estupefacientes», agregó la fiscalía y también «la situación de ubicación de los acusados en la organización y su dependencia y relación directa».
En un tramo de su alegato, Velasco reparó en que la suegra de “Marcos” continuó al frente de la comercialización de drogas tras la detención de su yerno en diciembre de 2016, bajo sus directivas; incluso mantenían conversaciones, ya que la “actividad continuaba vigente”.
El juicio se realizó de manera remota y con los acusados detenidos conectados desde salas de videoconferencia en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Devoto.
Tanto aquellos procesados con arresto domiciliario o excarcelados, sus abogados defensores, fiscalía y jueces se conectaron desde sus domicilios a la audiencia.
