El municipio de Santa Rosa, la capital de La Pampa, se convirtió en el primero del país en implementar políticas de reparación con perspectiva de género, con una ordenanza que permitió incorporar a una mujer en situación de violencia a la planta municipal para ocupar el lugar de trabajo de su victimario, cuando este fue condenado por agredirla y terminó siendo exonerado.
Se trata de Valeria Juárez, que se convirtió en la primera mujer en el país en ocupar el puesto de trabajo de su victimario, en la municipalidad de Santa Rosa, luego de que quedara firme la sentencia por violencia de género de su expareja, Héctor Fabián Mendoza de 41 años, y que por ello fuera exonerado.
La decisión se enmarca en la Ordenanza 6305, sancionada el 27 de enero de este año por el Concejo Deliberante de Santa Rosa «y responde a una decisión política asumida por el intendente, Luciano di Nápoli, quien nos propuso una gestión con políticas de género transversales a todo el municipio», declaró a Télam la directora de Políticas de Género y Diversidad, Gabriela Bonavitta.
«Estábamos ante una situación, la de las mujeres víctimas de violencia de género, que demandaba resolución y, en ese contexto, se avanzó disponiendo que el agente municipal que reciba una sentencia firme por violencia de género será exonerado y la mujer víctima de violencia que así lo requiera, podrá hacer uso de la vacante en el municipio», explicó.
Al respecto, Bonavitta opinó que «es una política con perspectiva de reparación, sobre todo por la posibilidad concreta de acceder a un empleo estable, partiendo de que estadísticamente las mujeres y disidencias sexuales somos las más perjudicadas en el campo laboral, no accedemos de la misma manera que los varones heteros y hay una desigualdad salarial por igual tarea».
«Muchas veces la dependencia económica suele ser un impedimento para cortar el vínculo con el agresor, porque de ahí se desprenden la necesidad de contar con una vivienda y resolver lo cotidiano; en ese sentido un Municipio que escuche a quienes pueden denunciar las situaciones de violencia y tome este tipo de determinaciones, no solo constituye un hecho histórico y esperanzador sino que también es un mensaje concreto para los agresores: la tolerancia con la violencia de género es cero», sentenció.
La funcionaria municipal también consideró que esta medida, que hoy comenzó a implementarse en el municipio capitalino, «es un paso más de muchos otros que estamos dando para avanzar en eliminar la violencia por motivos de géneros de mujeres y diversidades sexo genéricas, como por ejemplo el avance en la implementación del cupo laboral travesti trans y el incremento del equipo de profesionales, la capacitación permanente y el trabajo articulado con otras áreas del estado».
«Hoy me siento feliz, consciente que valió la pena luchar acompañada por mis compañeros y compañeras de militancia y con la ayuda psicológica de las áreas de género», confiesa a Télam Valeria, santarroseña de 34 años y madre de tres hijos: Ludmila de 14, Lucas de 11 y Emilia de 7, los dos primeros de su primera pareja y la más pequeña de la última.
En su lugar de trabajo, una oficina de la municipalidad de Santa Rosa donde ingresó en reemplazo de su victimario hace pocas horas, señala que «aún me cuesta creer lo que estoy viviendo. Tener trabajo y que él esté preso es un contexto inimaginable para mí, después del calvario que me hizo vivir y del que pensé que nunca iba a salir».
La mujer recordó que con el padre de sus hijos mayores también sufrió violencia, en ese caso fue psicológica: «Todo el tiempo me hacía sentir la peor, me acusaba de prostituirme con todos los hombres que conocía y no había manera de hacerle entender que estaba equivocado», comenta.
Ya separada, cuenta que comenzó a tener una relación con su vecino, Mendoza, de 41 años. Vivía al lado de su casa con un hijo. Meses después, quedó embarazada y ambos decidieron seguir adelante.
«Un día, me llevó en el auto a un supermercado. Yo iba con mis dos hijos atrás y estaba embarazada de cinco meses. Me bajé hacer unas compras y tardé mas de una hora. Cuando salí lo vi furioso, no paraba de gritarme y golpeaba el auto con los puños. Me aterró y cuando subí, arrancó a toda velocidad y yo le decía que parara pero no lo hizo, ese día me día cuenta que era otra persona», confesó.
«Luego de otros muchos episodios como ese, realmente tenía terror y fue ahí cuando salí a pedir ayuda porque sentía que me iba a matar», cuenta.
A las situaciones de violencia le siguieron más denuncias, restricciones domiciliarias que no cumplía; la tobillera electrónica, fue demorado varias veces pero solo durante algunas horas y luego volvía a su casa y continuaban las amenazas.
A eso se sumó un juicio porque él sostenía que la pequeña no era hija suya como sí lo determinó el ADN y, finalmente, un proceso reclamando la tenencia de la menor.
En ese contexto pidió ayuda: primero, psicológica, con el equipo interdisciplinario de género de la municipalidad; y luego, comenzó a relacionarse con integrantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), que ciertamente fueron para ella «los y las pilares que la ayudaron a salir adelante».
«Sinceramente es indescriptible lo que una vive, –confiesa con la voz quebrada– te sentís nada, con la autoestima por el piso, por eso es importante este tipo de ordenanzas, que da herramientas para seguir, que otorgan derechos, que nos empoderan, porque ellos siempre se manejan con total impunidad y gran parte de la policía o jueces no nos visibilizan, hasta que terminamos muertas».
«A las mujeres que sufren violencia y muchas me escriben, les aconsejo no aislarse, es lo que ellos quieren; les digo que pidan ayuda psicológica pero también que busquen amigas, compañeras que las contengan, que busquen las herramientas para reconstruirse, porque es la única manera de salir de un calvario y de sobrevivir», concluye Valeria.
