Bárbara Solernou y Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Cumpliendo a pie de juntillas con el ordenamiento geopolítico impulsado por el imperio norteamericano, las últimas dictaduras militares y los gobiernos democráticos de la década del 90 quebraron, privatizaron o paralizaron la totalidad de las empresas estatales con el objetivo de desindustrializar al país e instalar el actual modelo de economía primarizada, rentística y financiera.
Parte fundamental y necesaria de ese proceso consistía en anular la soberanía nacional, demoliendo sus bases estructurales para consolidar el dominio privado y aumentar la dificultad de una eventual recuperación. Con ese objetivo se destruyó nuestra Marina Mercante y desreguló el comercio exterior, relegando al capital transnacional responsabilidades inherentes al Estado que hasta el momento ejercían el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (Iapi), la Flota Mercante del Estado y Flota Argentina de Navegación de Ultramar, que posteriormente conformaron la Empresa de Líneas Marítimas Argentinas (Elma).
No hay mejor muestra que la realidad para exponer la voluntad explícita de beneficiar el interés extranjero en perjuicio de lo propio. Hasta 1954, la Flota Mercante Argentina era la más grande de la Patria Grande (superando a Brasil) y la quinta más importante a nivel mundial, considerando porte bruto transportado y tecnología aplicada. Llegó a contar con más de 160 buques con una población y comercio considerablemente inferiores a los de cuatro décadas más tarde. Sin embargo, al 1º de enero de 1992 solo quedaban bajo bandera argentina 82 buques, diez años después solamente 19 barcos… Hoy, la totalidad de los fletes que transportan las mercaderías de nuestro comercio exterior, son realizados por buques extranjeros.
Sin flota propia, el país se volvió dependiente de las multinacionales, perdió el control sobre su comercio exterior y, por ende, sobre su producción, ya que, como dijera Manuel Belgrano en el siglo XIX, los recursos del Estado productor quedan en manos del Estado navegante. Esta política subordinó nuestra economía a la exportación agropecuaria, regulada por el mercado de Chicago; desde ese momento son las multinacionales –Cargill, Cofco, Archer Daniels Midland, Bunge, Dreyfus– las que se llevan por nuestros puertos 130 millones de toneladas de materia prima alimenticia, mientras hay compatriotas que se mueren de hambre en tierras de abundancia.
Recuperar la soberanía perdida implica enfrentar este conflicto geopolítico. Para empezar, hay que tomar conciencia nacional y asumir que somos un país marítimo. La falta de aprendizaje estratégico y el dominio cultural extranjero sobre nuestra educación, nos corre de vista aquello que resulta fundamental conocer para poder defender nuestros intereses. A saber: nuestra Patria es bicontinental, bioceánica y estrictamente marítima, con 1 millón de kilómetros cuadrados de Continente Antártico (10% de la superficie), 2,8 millones de kilómetros cuadrados en el Continente Americano (27%) y 6,5 millones de kilómetros cuadrados de Espacio Marítimo (63% de la superficie total del país).
Más aún, si observamos la verdadera escala de nuestro territorio, desde La Quiaca-Jujuy hasta el Polo Sur (el punto más austral de la Tierra de San Martín) la provincia del centro y la más grande del país es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Su ubicación es geoestratégica, dada su cercanía con el Estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos, Pasaje de Drake, Mar del Scotia, Mar de Weddell, resto del Espacio Marítimo Argentino y las Islas Malvinas.
Teniendo en cuenta todo esto, ¿no resulta sospechoso que los asuntos marítimos estén relegados a una subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca? ¿No suena raro que la Argentina, cuya mayor extensión es mar, no tenga un solo buque mercante, ni de defensa, ni política naval alguna?
Mientras tanto, el mundo entero mira al Atlántico Sur como la fuente de alimentos del futuro. Los kelpers, ocupas marítimos que se dicen ingleses aunque nacen y mueren en suelo argentino, emiten licencias ilegales de pesca para que buques europeos, asiáticos y norteamericanos –habiendo ya depredado sus caladeros de origen– roben nuestros recursos pesqueros violando las vedas y rompiendo el ciclo biológico de reproducción de las especies. Proteger a la Pachamama, nuestro medio ambiente, no interesa a colonos piratas que viven sin trabajar de la renta pesquera furtiva. Sin lugar a dudas, la destrucción, tan lucrativa para los intereses capitalistas ingleses, no cesará sin una fuerte acción política del Estado argentino. Más que a petróleo, las Malvinas huelen a pescado.
La Argentina debe volver a navegar con buques de guerra, pesqueros y mercantes. Con un comercio exterior de 160 millones de toneladas de cargas que entran y salen del país en fletes marítimos, es insólito que ninguno de ellos sea nacional. La Argentina paga la totalidad del servicio de flete a las multinacionales, abaratando sus exportaciones y encareciendo sus importaciones. Un absurdo que sólo perjudica a la Patria y beneficia a Cofco, Cargill, Monsanto, ADM, Maersk Line, Evergreen, Mediterranean Shipping Company, entre otras.
La ausencia en el transporte del comercio exterior genera un egreso anual de 7.000 millones de dólares que, de aplicarse la reserva de carga, estaría equilibrado con los ingresos. Le corresponde a la Argentina facturar 3.500 millones de dólares más en fletes importación/exportación. Para dar cuenta de la magnitud del quebranto que ocasiona en la balanza comercial, el gasto por fletes se ubica segundo en el ranking de erogaciones, detrás de las importaciones de automóviles y autopartes.
El Plan Naval Argentino, que la agrupación política Social 21, La Tendencia impulsa hace años, establece la fabricación de 118 graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores, 2.400 barcazas y 840 pesqueros en una noria de producción de 35 años, recreando la Marina Mercante Nacional, la Flota Pesquera del Estado y generando para el país más de 140.000 puestos de trabajo genuinos y para siempre. El mismo se monta sobre tres proyectos de ley que fueron presentados recientemente a nivel nacional por Magdalena Sierra, Hugo Yasky, Adrián Grana, Walter Correa, y demás diputados del Frente de Todos; y a nivel provincial cuentan con el apoyo, entre otros, de la diputada María Laura Ramírez y el secretario general del PJ Lanús, Gabriel Sandoval. Estos son: Transporte por Agua con Reserva de Cargas (expediente N° 2965-D-2020), que genera un mercado cautivo de fletes de ultramar para buques de bandera nacional; Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional –Fodinn– (expediente N° 2966-D-2020), que crea un financiamiento genuino para la fabricación de barcos en el país, y Empresa de Líneas Multimodales Argentina Siglo XXI –Elma XXI– (expediente N° 4813-D-2019), que constituye una corporación estatal que integra los cuatro modos de transporte –carretero, aeronáutico, ferroviario y naval– para realizar el traslado de pasajeros y cargas en un sistema logístico federal.
Dichos proyectos están destinados a recuperar soberanía a través del control logístico de nuestro comercio exterior y permiten definir una política interna de justicia social garantizando primero la provisión nacional y el trabajo para los argentinos.
La Pampa Húmeda, las verdes praderas de Kansas y todas las superficies cultivables del planeta en el futuro serán insuficientes para proveer de alimentos a la humanidad. Por eso la enorme importancia de nuestro Atlántico Sur, el océano más rico del mundo en plancton, krill y oxígeno. La primacía latifundista que históricamente benefició a intereses foráneos-imperialistas y caracterizó a nuestro país como el “granero del mundo” debe ser interpelada de hecho por una política soberana que favorezca al Pueblo Trabajador y a la Patria Argentina. En nuestro mar, “el caladero del mundo”, está puesta la esperanza y el corazón de los humildes que anhelan profundamente un giro de timón en la historia de este país.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
