Varias provincias intentan avanzar en adecuar su legislación a la Ley 27.350 de Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, al calor de la reciente reglamentación nacional de la norma sancionada en 2017, mientras otras ya tienen programas propios en marcha y hasta hay empresas estatales dedicadas al cultivo y producción.
En medio de los trámites reglamentarios y las modificaciones a los proyectos de ley que están en marcha, cientos de familias mantienen sus expectativas en torno a las iniciativas dado que, como dijo a Télam la diputada chaqueña Claudia Panzardi, «desde hace mucho tiempo venimos escuchando testimonios de mucha gente que necesita de los medicamentos derivados del cannabis para tratar su salud o como paliativos para sus dolencias».
En Chubut, el exdiputado provincial Gustavo Fita (FPV), impulsor de la ley pionera en el país que incorporó el aceite de cannabis para tratamiento del síndrome de Dravet, indicó a Télam que estaba «muy contento por avanzar con esta iniciativa que fue apoyada por unanimidad gracias a la militancia de la mamá de Micaela que nos hizo ver la importancia que tenía».
Micaela es una niña que sufre «epilepsia refractaria» y su madre descubrió que el aceite de cannabis era la única alternativa para controlar las crisis, aunque «para obtener el producto tenía que pasar por la odisea de irse (de Comodoro Rivadavia) hasta Buenos Aires, conseguir la autorización, que se importe el producto y ella irlo a buscar a Ezeiza», añadió Fita.
Y, recordó que «así nació en 2016 la ley registrada 588 que tuvo que cambiarse al poco tiempo».
Actualmente, el gobierno de Chubut impulsa el «Programa de Cultivo y Producción de Cannabis para fines científicos, medicinales y/o terapéuticos» bajo el patrocinio del Estado provincial y existen en la cámara de diputados iniciativas similares para avanzar en tal sentido, como de la diputada Adriana Casanova, presidenta del bloque del Frente de Todos.
En Santa Fe
También en 2016 la Legislatura de Santa Fe aprobó la ley 13.602, que se reglamentó en abril del 2017 e incorporó al sistema de salud pública los medicamentos a base de cannabis, pero «a los efectos prácticos no significó ningún cambio de la situación real de las familias», que requerían aceite para uso medicinal, dijo a Télam la diputada Agustina Donnet.
Esa norma permitía a la Provincia solicitar autorización a la Nación para la producción pública de cannabis pero el Gobierno de Mauricio Macri «no lo autorizó», recordó Donnet. En julio, la Cámara baja de Santa Fe le dio media sanción a un proyecto impulsado por Donnet y otros legisladores –con el aporte de las organizaciones vinculadas al tema- que autoriza el autocultivo.
«Nuestra ley fortalece la pata estatal con la creación de un sistema público provincial de cannabis santafesino, con la regulación del autocultivo en el ámbito particular mediante un control estatal, la creación de un registro de personas autorizadas, la participación de las asociaciones civiles, la producción estatal y la creación de una consultoría cannábica», explicó y aseguró que el proyecto «va en línea con la reglamentación nacional» que hizo la semana pasada el Ejecutivo de la ley de cannabis medicinal.
El resto del país
En Jujuy, la Legislatura aprobó en mayo de 2017 la adhesión a la Ley Nacional 27.350 y luego se implementó un «Programa provincial de promoción del cultivo y producción de cannabis con fines científicos, medicinales y/o terapéuticos».
En mayo de 2018, a través de un proyecto del Ejecutivo para su sanción en la Legislatura, se impulsó la creación de una empresa estatal (Cannava) para el cultivo, producción, industrialización y comercialización de aceite cannabis con fines científicos, medicinales y/o terapéuticos, en una decisión que distinguió a Jujuy como «pionera» a nivel nacional en ese sentido.
El cultivo se realiza hoy con una prueba piloto con 35 hectáreas autorizadas en Finca el Pongo, propiedad del Estado ubicada al sur de la provincia y para fines de noviembre se proyecta contar con el primer lote de producción de aceite, que deberá ser autorizado por la Anmat, según lo informado desde la empresa.
Jujuy avanza en obtener una nueva autorización para extender los cultivos sobre unas 600 hectáreas y cuenta con múltiples convenios de impulso a la investigación, la producción y provisión gratuita de derivados medicinales de cannabis al sistema público de salud argentino para ensayos clínicos.
San Luis adhirió, en agosto de 2019, a la Ley Nacional 27.350 mediante la redacción de un marco legal de 2 artículos, uno de contenido y otro de forma. Previamente, la legislatura había aprobado en la cámara baja una ley de una norma específica para la provincia pero no fue tratada en el Senado.
Actualmente existen proyectos de ordenanzas para avanzar en una posible legislación del cannabis para uso científico, medicinal, terapéutico y paliativo del dolor en los concejos deliberantes de la ciudad de San Luis y El Trapiche.
La Legislatura de Chaco sancionó en 2017 la ley 2751-G, de adhesión a la ley nacional 27.350 y en septiembre del 2019, sancionó por unanimidad la ley 3037-G que creó el Consejo Asesor de Políticas Públicas para uso de Cannabis Medicinal, que debe ser reglamentado por el Ministerio de Salud Pública.
Esas iniciativas promovidas por diversas asociaciones civiles fueron impulsadas por la diputada Claudia Panzardi (Frente Chaqueño), quien destacó que «será un gran avance para el Chaco trabajar en la investigación científica y en la producción para poder abastecer al mercado interno, comercializar el producto y crear puestos empleos genuinos».
Panzardi afirmó que el decreto modificatorio y reglamentación a la ley que impulsó el gobierno nacional «sorprendió muy gratamente y estamos felices por esa decisión» y remarcó «la necesidad de en nuestra provincia generar las condiciones necesarias para garantizar los insumos, facilitar la investigación médica sobre la planta del cannabis y sus derivados y la ampliación de derechos para los usuarios».
Tierra del Fuego adhirió a la ley nacional 23.750 en noviembre de 2018, aunque 3 de sus artículos fueron vetados por el gobierno provincial de entonces y hoy se analiza una modificación, explicaron a Télam fuentes legislativas.
María José Pazos, integrante de la asociación Raíces de Fuego y de la comisión legislativa, señaló que muchos pacientes buscan tratamiento cannábico y «están en situación desesperante».
«Hay chicos con autismo, por ejemplo. Gente que está necesitando este tipo de terapia», sostuvo.
En tanto, el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande sancionó a fines de 2019 una ordenanza que crea «un banco de cultivo de cannabis», lo que permite el cultivo de la planta para uso medicinal.
La legislatura de Río Negro debate 3 proyectos de ley que regulan el uso medicinal del cannabis, el del oficialismo establece el marco regulatorio para «la investigación científica y el uso de la planta y sus derivados, otro propone constituir una Sociedad del Estado «Cannabis Rionegrina Sociedad del Estado», y el último una «ley de autoabastecimiento con fines terapéuticos».
La localidad de San Antonio Oeste se convirtió este año en la primera localidad del país en tener acceso al «cultivo legal de cannabis medicinal», cuando el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza y el Consejo Asesor de Políticas de Cannabis Medicinal de la Municipalidad entregó más de 40 permisos para el cultivo de entre 20 y 55 plantas, dependiendo del caso.
Mientras, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) avanza con el proyecto de cultivar dos hectáreas de cannabis para estudios científicos y uso medicinal en la chacra experimental que posee en la localidad de Guerrico.
En Mendoza, la Comisión de Salud de Senadores dio el visto bueno para que se avance en el análisis del proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, para adherir a la ley nacional 27.350 que permitirá desarrollar y coordinar pautas y protocolos precisos de investigación, cultivo, producción, comercialización, promover el establecimiento, explotación de cultivos de cannabis, su industrialización o transferencia de tecnología con fines científicos.
En Neuquén, la diputada del Frente de Todos, Ayelén Gutiérrez, contó a Télam que a fines del 2016 se sancionó una ley que incorporaba al sistema de Salud el uso del cannabidiol para el tratamiento de los síndromes de West, Dravet y Lennox Gastaut, entre otras patologías, pero manifestó que «nunca se reglamentó».
«Era una ley limitada, que fue quedando arcaica dentro de lo que era necesario y en materia de cultivo de cannabis para uso medicinal», añadió y recordó que ella presentó un proyecto junto al diputado Lucas Castelli de Juntos por el Cambio para adherir a la ley nacional 27.350 de Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados, el cual comenzó a tratarse la semana pasada en la Comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura neuquina.
La iniciativa prevé que los veterinarios puedan prescribir el cannabis medicinal para animales y se creará el Registro de Cultivadores.
En Entre Ríos, Cámara de Diputados de Entre Ríos tratará mañana un proyecto de accesibilidad al cannabis medicinal, terapéutico y paliativo y se espera que tenga aprobación para su posterior trabajo en el Senado local.
El proyecto fue presentado por los legisladores Silvia Moreno y Néstor Loggio (PJ), para «garantizar y promover» el acceso a la planta de cannabis y sus derivados con fines «médicos, terapéuticos o paliativos del dolor».
Además, en Buenos Aires se presentaron dos proyectos de ley sobre el uso y regulación del cannabis medicinal; uno por el oficialismo (FDT)), de la diputada María Laura Ramirez, y otro por la oposición (JPC) de Emiliano Balbin y Alejadra Lorden pero la reglamentación nacional influyó en ambas iniciativas.
El proyecto original de Ramírez, que pedía la derogación de la adhesión a ley nacional y hacer una propia se modificó a partir de la reglamentación, con la suma de 34 articulados, entre los que se destacan la participación de varios ministerios y la figura del Defensor del Pueblo. La nueva iniciativa se tratará en la reunión de comisión la semana próxima.
En Córdoba aún no hay proyecto con estado parlamentario en la Legislatura aunque el ministro de Salud, Diego Cardozo, adelantó a medios locales que la provincia tiene «la firme decisión de adherir» a la ley nacional.
«El objetivo y la intención que tiene el Gobierno provincial es adherir a la norma nacional y generar el marco» para su producción y comercialización, había manifestado Cardozo a los pocos días de la sanción de la ley nacional.
