El Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, podría impulsar una investigación sobre el proceso de compra de la estancia Hidden Lake, en lago Escondido, por parte del magnate británico Joe Lewis.
Así lo solicitó un escrito presentado por el historiador Alejandro Olmos Gaona, quien calificó como “fraudulento” el proceso que derivó en la escrituración de los terrenos linderos al lago, y la posterior clausura del acceso al espejo de agua.
“Vengo a solicitar que la Procuración adopte las medidas legales respecto a la compra fraudulenta de dos estancias en zonas de frontera de la provincia de Río Negro, por parte de la Sociedad Hidden Lake, controlada por capitales británicos, y que desde 1996 usurpa una propiedad pública como es el Lago Escondido”. En estos términos Olmos Gaona encabeza el escrito de 14 páginas enviado a Zannini, al que tuvo acceso En Estos Días.
Durante la gestión de Mauricio Macri como Presidente -amigo íntimo de Lewis, señala el escrito-, el por entonces Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, intentó impulsar la invalidación de la venta de esas tierras, pero no logró romper las limitaciones políticas impuestas por la gestión de Cambiemos. Incluso, Balbín fue eyectado de su cargo, según recordó el periodista Néstor Espósito en el diario Tiempo Argentino.
Balbín fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, quien –según Olmos Gaona– “paralizó cualquier decisión en ese sentido”.
Ahora, el historiador confía en que Zannini impulse la investigación que pueda determinar el posible carácter “fraudulento” del proceso de venta.
Historia
El pedido de Olmos Gaona refiere a la “compra fraudulenta de dos estancias en zonas de frontera de la provincia de Rio Negro, por parte de la Sociedad Hidden Lake, controlada por capitales británicos, y que desde 1996, usurpa una propiedad pública como es el Lago Escondido”.
Repasa que “el 19 de junio del año 1996, el Dr. Lisandro Allende, solicitó en su carácter de Presidente de H.R. Properties Buenos Aires S.A. la autorización para la adquisición de tierras a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad”. En tiempo récord, el 2 de julio “tal solicitud obtuvo dictamen favorable de la Subdirectora y el Director de la Unidad de Proyectos de Radicación, debido a que la peticionante era una persona jurídica argentina, con un Presidente argentino, siendo autorizada finalmente por el Presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad”.
El 22 de agosto “la Unidad de Proyectos de Radicación, confirmó la autorización concedida, con relación a una mayor superficie del terreno a adquirir, que de conformidad con el plano definitivo era de 8.063 hectáreas”.
Pero si bien el pedido de tierras había sido encabezado por una empresa “argentina”, el 5 de mayo, Properties Buenos Aires S.A. se había convertido en Hidden Lake S.A. “cuyas 11.999 acciones estaban en poder de una sociedad británica denominada Lago Corp. Representada por Alfredo Rovira y Charles Barrington Lewis con 1 acción, quien es ciudadano inglés”, e hijo de Joe.
“Esta sociedad con nombre distinto realizó la escritura de la propiedad a su favor, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad de Río Negro, y donde se consigna que la misma se encuentra en zona de seguridad de fronteras. Es decir se autorizó a una sociedad y se inscribió a nombre de otra”, resume el historiador Olmos Gaona.
Cuestiona además que cuando el organismo correspondiente el “inició el trámite para obtener la aprobación de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, lo hizo a sabiendas que la sociedad estaba constituida por capitales extranjeros, falseando los datos suministrados a la autoridad pública”.
De esta manera “se celebró una escritura en clara infracción a las disposiciones del Decreto Ley 15.385/44, ratificado por la Ley 12.913, ya que la norma citada creó en todo el territorio argentino zonas de seguridad destinadas a reforzar las previsiones territoriales de la Defensa Nacional, que corresponden a espacios geográficos que presentan un valor estratégico para la defensa de la integridad territorial de la Nación”.
Cuestiona además que “ninguno de los integrantes de la sociedad extranjera Hidden Lake S.A, estaban casados con mujeres argentinas, ni tenían hijos argentinos, ni tampoco se establecían con una empresa o industria de importancia para la economía del país. Era solamente una sociedad británica que compraba tierras en zonas vedadas a los nativos de esa nacionalidad, como a otros de nacionalidad extranjera. Lo que resultaba una evidente infracción a la ley. Además obtenida a través de una maniobra claramente fraudulenta, disfrazando de nacional a lo que era una sociedad integrada por personas físicas y jurídicas de otro país”.
Continuando con “la maniobra ilegal”, en el mes de septiembre, Charles Barrington Lewis, hijo de Joe, se presentó en representación de los intereses de Hidden Lake S.A. solicitando ante la Comisión de Zonas de Seguridad, mediante un trámite abreviado, dos autorizaciones adicionales para la aprobación de la compra de 2760 hectáreas más en la misma zona de seguridad de fronteras.
El 13 de diciembre se autorizó la compra, a pesar que la sociedad había cambiado su capital social y era distinto a los declarados en el momento de pedir la primera autorización para la compra de las tierras.
La inocultable maniobra derivó en 2012 en una denuncia del Ministerio Público fiscal. “Increíblemente -plantea Olmos Gaona- a pesar del tiempo transcurrido, solo se llamó a indagatoria a los involucrados en el fraude, en el mes de diciembre del año 2015, habiéndose declarado el sobreseimiento por prescripción de la acción penal”.
Con posterioridad el Procurador de Investigaciones Administrativa interpuso un recurso de casación, y la Cámara Nacional de Casación Penal, revocó el sobreseimiento dictado por el Juez y confirmado por la Cámara Federal y ordenó seguir adelante con el procesamiento de los involucrados en la acción penal. Actualmente la causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cierre del acceso
La presentación realizada ante el Procurador del Tesoro repasa también el cierre del acceso al lago Escondido, dispuesto por Hidden Lake.
“A la maniobra de la empresa británica, cabe sumar todo lo ocurrido respecto al lago Escondido, que es un bien de dominio público nacional, pero para cuyo acceso, es indispensable transitar por la propiedad privada adquirida en fraude al Estado”.
Por ese motivo, uno de los jueces de la Cámara Federal dijo que “conforme se desprende de las recientes intervenciones del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro en la materia, el propietario de las tierras pesquisadas habría omitido proveer una servidumbre de paso que asegurara el acceso público al lago patagónico, lo que motivó una sentencia” del STJ rionegrino “orientado a revertir la imposibilidad práctica de los ciudadanos argentinos de acceder a ese bien de dominio público”.
La problemática relativa a la falta de acceso para los ciudadanos argentinos al lago Escondido “ha motivado a lo largo de los años distintas manifestaciones de organizaciones sociales, proyectos de ley, cuestionamientos judiciales, decretos presidenciales y demás acciones colectivas”, explica el historiador, pero “nada de ello, empero, parece haber alcanzado para que las autoridades ejecutivas alteraran la irregularidad original -denunciada en este caso por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas- que derivó en todos los restantes vicios que aquejan a la comunidad argentina”.
Recapitulando, entonces, recuerda Olmos Gaona: “Tenemos que la adquisición de las tierras por parte de personas extranjeras se hizo en infracción a normas específicas que tutelan la Defensa Nacional de nuestro país; que los terrenos adquiridos en esas condiciones comprenden toda la circunferencia de un bien de dominio público; que las personas extranjeras propietarias de las tierras, ya sea por acción o por omisión, impidieron a lo largo de estos años que los ciudadanos argentinos ingresaran y, por consiguiente, disfrutaran del bien de dominio público nacional sometido al control subrepticio -aunque con la anuencia de autoridades nacionales- de ciudadanos extranjeros; que independientemente de los esfuerzos realizados por diversos sectores de la sociedad, ninguna de las irregularidades advertidas ha sido -por razones que son difíciles de comprender- adecuadamente revertida”.
Cerco político para Lewis
Oportunamente, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió al Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, que interviniera a los efectos de “una acción de lesividad respecto a las irregularidades en la compra de tierras por parte del británico Lewis y la sociedad Hidden Lake S.A”. De hecho, el 7 de octubre de 2016, el Dr. Balbín remitió el expediente al por entonces Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, “a los fines que se iniciaran las causas judiciales para declarar nula la autorización a la compra de tierras por parte de los accionistas británicos”.
A pesar del cúmulo de pruebas, ante el requerimiento del Procurador del Tesoro, el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior dictaminó que iniciar acciones judiciales “acarrearía un dispendio de actividad judicial y administrativa innecesaria”.
Así, el Ministerio del Interior comunicó al Procurador del Tesoro lo “innecesario de la acción de lesividad, debido a la existencia de una causa penal”. Es decir que rechazaba el impulso a un expediente administrativo.
El 5 de mayo de 2017, el Procurador del Investigaciones Administrativas, Santaigo Eyherabide, volvió a insistir ante el Procurador del Tesoro, pero la decisión política del Gobierno de Cambiemos era no molestar los intereses de Lewis y cerrar la puerta al avance administrativo del pedido de investigación.
La llegada impulsada por el macrismo de Bernardo Saravia Frías a la Procuración del Tesoro cerró cualquier posibilidad de que ese organismo impulsara una investigación.
Así, existe un expediente penal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que la Procuración del Tesoro “hasta la fecha continúa en la inacción a pesar de los reiterados pedido efectuados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”.
“Aunque revela un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público -dice el denunciante-, puede explicarse que el anterior Procurador Saravia Frías, siendo amigo del ex presidente Mauricio Macri, no hay impulsado tramite alguno respecto a la cuestión a que me estoy refiriendo, debido a que el imputado principal -Lewis- es amigo del ex Presidente, quien en el ejercicio de la primera magistratura cuestionó las imputaciones efectuadas por la Justicia”.
Ahora, esta renovada presentación podría encontrar eco en el nuevo Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y derivan en una investigación profunda sobre cómo Lewis se hizo de las tierras que sus empleados defienden winchester en mano.
Fuente: enestosdias.com.ar
