Daniel Podestá y Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
La penetración del covid-19 puso en evidencia la inviabilidad del actual sistema energético, basado en el paradigma neoliberal, que pondera el lucro y la especulación sobre el desarrollo de los sectores productivos. Esto queda demostrado en cada oportunidad en la que, sin el auxilio subsidiario del Estado nacional, el mismo entraría en quiebra.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la energía es el insumo y costo fijo principal de la actividad económica en general, esto se soluciona reformulando el sistema energético para que esté orientado al interés nacional, iniciando un proceso de desarrollo sostenible que logre mayor estabilidad e independencia ante factores exógenos.
El necesario un cambio de modelo energético: se debe pensar desde una visión estratégica que esté en relación directa con un proyecto integral de industrialización. En rigor, este es el único camino posible a fin de recuperar el trabajo para los argentinos en los duros tiempos que transcurren y se avecinan. En este sentido, la articulación entre la política energética y el sector productivo es de suma importancia para alcanzar la soberanía energética, que termine por constituirse en un puntal de bienestar, prosperidad y seguridad para nuestro Pueblo.
La enorme relevancia que tiene este tema en el quehacer nacional nos demanda crear una conciencia, una cultura de la energía que recupere lo esencial del pensamiento popular y democrático, y que se defina como una herramienta de propiedad nacional, inalienable, que tenga como fin garantizar el equilibrio entre el desarrollo económico, bienestar social y cuidado de la naturaleza. Esto implica elevar el concepto de energía a un derecho humano.
En la actualidad el modelo energético dominante en el país está basado en la visión neoliberal, en el que las energías están consideradas como commodities transables libremente. Este modelo subordina el funcionamiento del sector a los intereses económico-financieros extranjeros, que imponen un lastre al desarrollo de la Patria e impiden garantizar los derechos básicos de los sectores más vulnerables del Pueblo.
Esta lógica que ha limitado al sector en la búsqueda de beneficios económicos truncó los avances tecnológicos y la viabilidad de un desarrollo sostenible y sustentable. La causa primera de este desastre energético nace de la renuncia del rol estratégico y regulador que el Estado nacional supo tener a través de una YPF 100% estatal, Gas del Estado, Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), entre otras empresas de propiedad social a lo largo y ancho del territorio nacional. El proceso de provincialización-privatización de los servicios públicos y recursos naturales fue el origen del traspaso del modelo energético nacional a la lógica del libre mercado, con nefastos resultados a la vista.
A partir de la ley de Inversiones Extranjeras (21.382), promulgada por la dictadura cívico-militar, se otorgaron beneficios a empresas extranjeras sin la obligación de reinversión, y con libertad de remisión de utilidades. Con las leyes de Emergencia Económica, Reforma del Estado y Convertibilidad se establecieron valores dolarizados en toda la cadena energética.
Con la desregulación del sector público se desarmó la estructura estatal, privatizándose más de 60 empresas estatales y de servicios públicos, destruyendo también a miles de pymes nacionales. Así, las privatizaciones y la dolarización se constituyeron en las bases de este modelo energético, que beneficia a intereses foráneos mientras obstruye el desarrollo nacional.
Con la caída de la convertibilidad, el modelo siguió vigente y sostenido por la dolarización de las tarifas y la indexación atada a variables de Estados Unidos. Por este motivo, en su momento la devaluación del peso argentino dio origen a reclamos frente al Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial, que provocaron rupturas contractuales después del default del 2001/2002. Durante los años 2003 a 2015 se introdujeron estímulos a la producción y subsidios a los usuarios que aliviaron sensiblemente la situación para la mayoría del pueblo. Sin embargo, las bases del modelo (privado, transnacional y atado a la variante dólar) no se cambiaron.
Se creó la empresa Enarsa para dictar políticas hidrocarburiferas y luego se recuperó el 51% de YPF como sociedad anónima para el inicio de la explotación de Vaca Muerta; pero todo ello sin tocar la base del modelo y/o sus estructuras.
A la fecha, el mismo modelo dolarizado muestra cómo este sistema tarifario nunca alcanzó –ni alcanzará– a pagar los costos del sistema eléctrico, de gas y combustibles, debiendo recurrir permanentemente al Tesoro Nacional para cubrir la brecha de más del 50% con subsidios.
Estos resultados, sostenidos en los márgenes de ganancias extraordinarias, han endeudado al país y generado una demanda de divisas donde antes no existía. Además, hicieron retroceder de forma sostenida nuestras capacidades científicas–tecnológicas estatales para garantizar la soberanía y seguridad energética. En pocas palabras, las empresas energéticas privatizadas se han convertido en uno de los motores principales de la fuga de divisas, estableciéndose como un freno al desarrollo económico y social.
Ha llegado el momento de repensar este modelo vigente, analizando sus altos costos y nulos beneficios, como así también el rol de las empresas privatizadas, incumplidoras seriales de sus obligaciones. Este modelo, que al día de hoy se mantiene sólido e indiscutido en el debate público, ha desplazo al Estado de toda función social, efectiva y trascendente en el sector, al mismo tiempo que exhibe un rotundo fracaso en el cumplimiento de los objetivos que simularon tener como fundamento de su origen y existencia.
Por todo lo expuesto ha quedado demostrado que necesitamos cambiar nosotros, y hacerlo de manera lúcida, rápida y positiva, ya que continuando en el mismo camino y con los mismos actores el resultado no será distinto. Necesitamos de manera urgente construir desde otro paradigma de organización.
El Estado debe volver a ocupar los sectores estratégicos que delegó en pos de la globalización y el libre mercado para cumplir con una eficaz regulación. Un Estado que persiga el interés nacional puede y debe ser empresario y promotor, actuando desde puntos clave de la economía nacional; sólo así se podrá organizar las fuerzas productivas de la sociedad por fuera de las leyes del mercado y promover el desarrollo privado nacional. Con una orientación al interés nacional, no por la renta y lucro sin fin, puede actuar desarrollando tecnologías convenientes respetuosas de nuestra casa común, la naturaleza, para que sean sustentables y sostenibles en el tiempo.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
