El fiscal de Melincué Matías Merlo presentó este viernes la acusación formal contra el empresario Leonardo Peiti y adelantó que pedirá una pena a 8 años de prisión por considerarlo organizador y jefe de una asociación ilícita dedicada a la explotación del juego clandestino en al menos siete ciudades del sur provincial. Para la Fiscalía, el empresario era quien proveía los elementos para la instalación y funcionamiento de las salas y decidía a quién le liquidaban los ingresos. Esta audiencia preliminar fue la última antes de celebrarse el juicio oral en su contra donde Peiti se sentará en el banquillo junto a otras seis personas, ya que otras cuatro ya firmaron acuerdos abreviados. A su vez, Peiti también tiene abierta otra causa en Rosario donde declaró como arrepentido y desencadenó el escándalo en la Fiscalía con sede en Rosario, ya que el entonces fiscal Regional Patricio Serjal y su subordinado Gustavo Ponce Asahad fueron imputados por cobrarle coimas para pasarle información o entorpecer causas en su contra, como intentaron con esta investigación de Merlo.
En 2018, el fiscal Merlo llevaba adelante una investigación por juego clandestino donde estaba sindicado Peiti y le dictó una orden de detención. La pesquisa se inició por una denuncia del entonces presidente comunal de Hughes, José Leguina, quien dio cuenta de la existencia de un garito en dicha localidad del departamento General López. En un allanamiento a ese local de juego clandestino, los investigadores secuestraron los celulares de las personas que trabajaban allí y del dueño del lugar.
El fiscal explicó en declaraciones radiales que de las comunicaciones surgió que estas personas reportaban liquidaciones diarias a otra –de nombre Néstor– y, al considerar que podría corresponder a una estructura más organizada, intervinieron el celular de este hombre. De esas escuchas determinaron que organizaba distintas salas de juegos en diferentes puntos de la provincia y le reportaba a Leonardo Peiti.
Según la teoría de la Fiscalía, Peiti es el organización de esta asociación ilícita y facilitaba los medios a las salas clandestinas que eran administradas por diferentes personas para que realizaran la actividad y le reportasen las ganancias. Merlo precisó que según cómo se organizaba la sala, era como se dividía el dinero.
El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló que por lo general en tres partes: para el que la explotaba, el intermediario y Peiti. Y dijo que, según lo que tienen constatado, de la recaudación le quedaba como mínimo y en promedio 30 mil pesos a cada parte y a modo de ejemplo explicó que constataron 10 salas en Casilda, otras 7 en Reconquista y 5 en Venado Tuerto.
Merlo gestionó una serie de allanamientos a finales de noviembre de 2018 en distintas jurisdicciones pero el 8 de diciembre de ese año lo llamó el entonces fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad con quien cruzó información y le habló del pedido de allanamientos, órdenes que finalmente no fueron firmadas por la jueza, ya que solicitó mayores precisiones.
Poco después el abogado de Peiti se presentó en la Fiscalía de Melincué buscando información sobre la investigación que aún no había sido develada, lo que le llamó la atención al fiscal Merlo pero su sorpresa sería mayor cuando, al poco tiempo de la charla con Ponce Asahad, empezaron a desaparecer los garitos que los investigadores habían ubicado. Por ello, el fiscal de Melincué desistió de continuar con la medidas ya que advirtió la filtración de toda la información de la causa.
«El único que sabía esa información era Ponce», fue la afirmación de Merlo en la declaración que brindó en la investigación rosarina donde Peiti declaró como arrepentido donde también está señalado por asociación ilícita dedicada a la extorsión y el juego ilegal y que dejó tras las rejas al entonce fiscal de la Unidad de Covid y su superior Patricio Serjal.
A finales de diciembre de 2018, el fiscal Regional de la 3ª Circunscripción de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli y superior de Merlo solicitó una investigación administrativa por la filtración de información al fiscal General Jorge Baclini.
Sinópoli contó en una declaración que brindo en la pesquisa que llevan adelante los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que el 8 de diciembre un abogado lo llamó para decirle que un colega que representaba a Peiti, quería comunicarse con él. Ese mismo día también lo llamó su par Patricio Serjal diciéndole que quería mantener una reunión porque en su Regional de la 2ª Circunscripción había investigaciones por la misma figura delictiva y debían conversar para no entorpecer ni pisarse en las pesquisas contra Peiti.
En marzo de 2019, Peiti presentó un habeas corpus que fue rechazado por lo que quedó detenido e imputado. En ese momento, Peiti declaró y volvió a hacerlo en una segunda audiencia aunque Merlo dijo que sus dichos no concordaban con la evidencia que habían lograron recolectar en el caso, la cual lo ubica como organizador y jefe de una asociación ilícita para llevar adelante la actividad de juego clandestino donde estiman que el plazo temporal de la organización fue desde enero de 2017 hasta diciembre de 2018.
Merlo contó este viernes en declaraciones a Lt8 que presentó la acusación contra el empresario y otras seis personas a las que considera parte de la asociación ilícita encabezada por Peiti.
Dijo que la red operaba en siete localidades del sur provincial como Reconquista, Casilda, Venado Tuerto, Hughes, entre otras. El fiscal aseguró que tiene terminada la investigación desde junio pasado pero los hechos nuevos que se fueron dando con la investigación sobre las coimas que recibían los fiscales Ponce Asahad y Serjal en Rosario hizo que se demorara la presentación.
Merlo adelantó que pedirá 8 años de cárcel para Peiti y estimó que el próximo año tendrá lugar la audiencia preliminar y el juicio oral y público. El funcionario del MPA describió que la calificación legal achacada tiene una escala penal que va de 5 a 10 años por lo que en caso de que sea condenado la pena será de cumplimiento efectivo.
