Este martes, en el primer día de exposiciones en el Senado de especialistas y referentes a favor y en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, habló la abogada penalista Luciana Sánchez. Ella es fundadora de la línea telefónica «Más información menos riesgos», que durante una década llevó adelante el grupo Lesbianas y feministas por la Descriminalización del aborto. Desde la línea dieron acompañamiento a 5 mil mujeres y personas gestantes por año que llamaban para pedir información sobre cómo abortar con pastillas. Sánchez es también abogada querellante de la familia de Diana Sacayán y logró la primera condena por travesticidio de América Latina. También representa a la familia de Romina Fernández, una mujer que falleció en el hospital Sanguinetti de Pilar en agosto de 2018, el mismo día que el Senado rechazó la legalización y despenalización del aborto. En su discurso, la recordó y pidió Justicia por ella. Desde El Ciudadano compartimos su exposición.
“Romina presente”
Voy a empezar por un final que no pudimos evitar. Represento a la familia de Romina Fernández, quien falleció en el hospital Sanguinetti de Pilar en agosto de 2018, el día que, con otra composición, el Senado rechazo el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Se está investigando por qué Romina no recibió la atención médica debida y tuvo una muerte horrible y evitable, por una práctica que cuesta hoy 8 mil pesos, y puede costar 400 pesos. A sus hijas quiero decirles, “Romina Presente”. Fue víctima de un hospital cuyo director era objetor de conciencia así como el equipo médico que atendió su internación pos aborto.
Ayer escuchamos al ministro de Salud brindar nuevamente algunas cifras que parecen siderales. Quiero ofrecer en este sentido y a modo de evidencia corroborativa, lo que ha sido la trayectoria de “Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto”, que funciono entre agosto de 2009 hasta agosto de 2018.
Hace diez años, Verónica Marzano nos propuso a lesbianas, mujeres, travestis, maricas y varones cis y trans, organizarnos en una respuesta frente a la ausencia de recursos, prestigio y acceso a derechos que causa la crisis sanitaria del aborto, y lanzar la línea “Aborto: más información menos riesgos”, y el manual “Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas”.
Nos organizamos de la misma manera y en la inscripción histórica de lo que fue la organización de la comunidad LGBT, que fue fundamental para contener la crisis del SIDA.
Cuando se prohíbe el aborto, se prohíbe también la circulación de ideas. Y no se le prohíbe a cualquier sector, sino a las personas con capacidad de gestar, y a las mujeres.
Se considera que por tener útero, o por ser mujeres, no debemos tener derecho a determinado tipo de conocimiento, por ejemplo, información sobre aborto seguro, o sobre nuestros derechos en la atención posaborto, o a saber que obras sociales y clínicas son objetorxs de conciencia, antes de afiliarnos.
Así, habíamos llegado a 2009 sin tener a disposición información sobre misoprostol y cómo usarlo para evitar correr riesgos frente a un aborto o posaborto inseguro, clandestino, o cómo evitar estafas en las farmacias o frente a medicxs dudosos.
Esta información había sido publicada por la OMS en 2003, y el misoprostol formaba ya parte desde 2005 junto a la mifepristona de la lista de medicamentos esenciales que no pueden faltar en ningún país para asegurar la salud sexual y reproductiva. Antes del misoprostol ningún método había sido considerado seguro por la OMS para abortar en casa.
Lo primero que nos llamó la atención es que nos llamaban mujeres de todas las clases sociales y edades, de todas las provincias, muy diferentes, pero todas tenían algo en común: haber intentado abortar, y la falta de información. Muchas ya habían abortado un embarazo anterior, y aun así no podían referirse a su propia experiencia. Les había sido expropiada por el temor, por la anestesia, por el miedo a ser denunciadas o estigmatizadas como asesinas en su trabajo, en su barrio, en su iglesia.
Durante diez años, nos llamaron ininterrumpidamente, cada año, 5 mil personas gestantes. Hablábamos con casi todas, más de una vez.
Pudimos sistematizar una serie de prácticas y experiencias sobre las prácticas de las personas gestantes y mujeres que abortan en la clandestinidad.
Uno de los hallazgos más significativos de todo este proceso, es que a todes les gestantes que requieren abortar, les preocupa hacerlo lo antes posible. A nadie le gusta y nadie prefiere abortar un embarazo avanzado y todes, sin excepción, intentan abortar embarazos que sean lo más tempranos posible.
En Argentina casi la totalidad de las mujeres llamó a la línea antes de la semana 12 de embarazo cumplida, y 55 % de las mujeres ya había usado las pastillas de misoprostol o ya las había comprado antes de llamar a la línea. Sólo un 6% llamó embarazada de 13 o mas semanas.
Comparando esta información de como abortan las mujeres en Argentina, aun en la clandestinidad, con la información sobre como abortan las mujeres en los países donde la practica es legal, podemos observar similitudes. Y mas importante, los obstáculos para abortar antes de la semana 14, son institucionales.
Son excepcionales, y por motivos en general fisiológicos (menstruación irregular, tratamientos médicos) o de abuso sexual y violencias de género, aquellos casos en que les gestantes confirman el embarazo luego de las 14 semanas, o que requieren abortar embarazos más avanzados.
La información de la línea aborto mas información menos riesgos, nos permitió profundizar en este grupo en particular que tanta preocupación causa a la política publica por ser las mas vulnerables.
Pero analizamos la información sobre aborto tardío, teniendo en cuenta embarazos a partir de la semana 10, justamente porque sabemos que esas personas van a tardar por lo menos dos semanas en acceder a un efector de salud no objetor, y con la ley aun tendrán 10 días de espera antes que se concrete la práctica, bordeando entonces
el límite de 14 semanas establecido por el proyecto.
Así, confirmamos que el 85% de quienes abortan con 10 o mas semanas, lo hace antes de la semana 16, siendo las más vulnerables y estigmatizadas quienes no pueden acceder a abortos más tempranamente, o a confirmar el embarazo más tempranamente.
En cuanto a los motivos por los cuales llegaron a 10 semanas o mas de embarazo, en la línea les gestantes nos contaron que el 31 % había intentado abortar mas tempranamente, pero había fallado. El 23% confirmó en la semana 10 o más el embarazo. El 16 % fue victima de mala praxis medica. El 11% dijo haber cambiado de idea respecto a continuar el embarazo. El 8% no pudo encontrar información. Y el 5% no accedió antes al misoprostol.
Estas mujeres confirmaron su embarazo tempranamente, antes de la semana 10, muchas tuvieron acceso al medicamento. Sin embargo sin información están expuestas a un aborto inseguro durante el 2do trimestre de embarazo. Asimismo de quienes nos llamaron, el 46 % no había accedido aún al misoprostol, a pesar de estar en el 2do trimestre. Este retraso aumenta el riesgo del aborto.
Comprar misoprostol a través del mercado informal le costará entre 30 días de trabajo a una mujer cuyo ingreso mensual es de $ 16.000. Desde el segundo trimestre del embarazo en adelante, todos los métodos de aborto se consideran más riesgosos, por lo que actuar con rapidez es clave. Como resultado, las mujeres quedan excluidas de la posibilidad de un aborto seguro si no pueden pagar los precios informales del mercado durante el primer trimestre del embarazo.
En septiembre pasado, una familia tipo necesitó contar con ingresos de $47.216 según Indec para cubrir la canasta básica.
Para evitar los abortos de embarazos avanzados, es necesario garantizar un acceso legal a los abortos tempranos. Esto es lo que ha demostrado la línea.
La política es simple, confirmar el embarazo lo antes posible, acceder a la información correcta y los métodos seguros sin obstáculos, si la decisión es abortar. Garantizar la atención pos aborto descriminalizada y no objetora.
Quiero felicitar por lo acertado del proyecto en sentido de proponer regular no la vida y la muerte, sino el acceso a una práctica, más bien, una serie de prácticas que son cotidianas, y que requieren la actualización de esa regulación.
La actual política de salud debe actualizarse en base a la información científica, la tecnología y los avances de las políticas públicas.
Asegurar una prevención eficaz del aborto inseguro requiere salvaguardar un amplio acceso a métodos de aborto seguros, sólidos y baratos. Esta política también permite resolver la barrera que plantea la crisis de recursos humanos que enfrenta Argentina y común a los países de América Latina: la falta de proveedores médicos capacitados y dispuestos que estén dispuestos a asumir el aborto.
