La Cámara Penal de Rafaela a través del vocal Matías Drivet confirmo la prisión preventiva dictada a cinco jefes policiales, cuatro de ellos retirados, quienes había sido imputados de integrar una asociación ilícita vinculada al juego clandestino en esa ciudad encabezada por el fallecido Zar del Juego, David Perona, en una causa iniciada en 2017 tras una denuncia. La medida fue dictada por el juez Javier Bottero por el plazo de tres meses en noviembre pasado. Además extendió la medida cautelar respecto a un hombre sindicado como el organizador del grupo delictivo en una audiencia que llevó adelante Bottero.
La investigación está a cargo de los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema y fue iniciada por el fiscal Martín Castellanos de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de Rafaela. Perona había quedado también en la lupa de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario que investigaban una banda de extorsionadores que se dedicaban a atacar sus blancos a los tiros y en uno de esas balaceras mataron a Enrique Encino que se encontraba en el casino City Center. Esta investigación derivó en una pata vinculada al juego clandestino y así llegaron a Leonardo Peiti, un empresario vinculado al juego que quedó imputado en la causa de Rosario y declaró como arrepentido. Su relato arrastró al fango al ex fiscal Regional, Patricio Serjal, el fiscal Gustavo Ponce Asahad, el empleado de Fiscalía Nelson Ugolini, a quienes pagaba a cambio de protección e información. También quedaron vinculados varios policías y se abrió una caja de Pandora cuando Ponce Asahad declaró y fijó en cabeza del senador Armando Traferri la pata política de grupo que le brindaba cobertura. Entre los civiles involucrados quedo Perona, que fue vinculado con Peiti luego de varios allanamientos donde se halló documentación que lo involucró en la pesquisa.
Por la causa en Rafaela, Perona había sido detenido en agosto pasado junto a otras 10 personas. A este hombre le imputaron la organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente en las localidades de Rafaela, Sunchales y Ramona. Quedó preso preventivamente y luego logró una domiciliaria por su estado de salud y murió el 22 de noviembre pasado tras no poder recuperarse de covid.
Las investigaciones continuaron su curso y la pesquisa de Rafaela avanzó sobre la pata policial. A principios de noviembre, las fuerzas de seguridad hicieron siete allanamientos en distintas localidades donde fueron detenidos los comisarios: Juan Pablo Bengoechea, Fabián Forni, José Pérez, quienes habían sido jefes de la Unidad Regional V del departamento Castellanos mientras que Javier Gorosito fue jefe de la Agrupación de Unidades de Orden Público, los cuatro se encuentran retirados. El restante estaba en actividad, se trata de Favio Aranda, quien participó de la ex Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela y jefe de Comando Radioeléctrico en dicha ciudad.
En aquella oportunidad, el fiscal Castellanos, en una audiencia que duró 12 horas, led imputó a todos el carácter de organizadores de la asociación ilícita y a tres de ellos la participación necesaria en el delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente. El juez Javier Bottero dictó la prisión preventiva por 90 días lo que fue apelado por los funcionarios policiales.
La revisión quedó en manos del magistrado Drivet que confirmó la medida cautelar. El fiscal Loyola que participó de la audiencia en representación del MPA dijo que “el camarista resolvió confirmar la prisión preventiva para no perjudicar los fines del proceso, atendiendo al desarrollo de la investigación y a la complejidad delictiva en la que se inserta el accionar imputado”.
El funcionario agregó que en su resolución de Cámara también se consideró riesgosa la libertad de los imputados por la existencia de un entramado delictual no sólo organizado y sostenido a lo largo del tiempo, sino también extendido territorial y personalmente.
“Tal como lo sostuvo el magistrado, se utilizaron numerosos recursos logísticos para el desarrollo de la empresa criminal, con contactos y coberturas que permitieron su funcionamiento”, explicó el fiscal.
Al respecto, agregó que “el juez de segunda instancia entendió que no se puede descartar que los imputados pretendan intervenir sobre la evidencia que aún resta ubicar y la prueba que debe producirse a lo largo del proceso” y resaltó el carácter de funcionarios policiales de los investigados en la que hizo especial hincapié en «la trama institucional densa, compleja y con tendencia a un funcionamiento refractario a los controles y con lazos corporativos fuertes”.
Cinco jefes policiales detenidos en una investigación por juego clandestino de Rafaela
