La comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia entregó el miércoles a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, un informe que pone en evidencia presuntas irregularidades en la creación y puesta en marcha de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) a cargo de la Corte Suprema, con filtraciones de escuchas ilegales.
La investigación realizada durante meses por la bicameral presidida por el diputado nacional Leopoldo Moreau pone bajo la lupa presuntas escuchas telefónicas ilegales que habría llevado adelante el organismo desde su creación en febrero de 2016 luego de que fuera traspasada a la Corte Suprema por un decreto del anterior gobierno del 29 de diciembre del 2015, apenas había asumido Mauricio Macri la presidencia.
Moreau apuntó contra el entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por haber firmado una acordada para la creación del organismo, sustituyendo facultades que son inherentes al Congreso nacional.
El diputado del Frente de Todos también cuestionó la designación irregular del camarista Martín Irurzun, y puso en duda que la misma haya surgido de un sorteo, dado que la Corte no pudo validarlo en un acta ni presentar testigos.
Pero además indicó que a pocas horas del vencimiento del mandato de Irurzun, el Poder Ejecutivo a cargo de Macri prorrogó «groseramente» la designación por tres años más, y sin permitir el concurso de otros posibles candidatos para el cargo.
«Demuestra que era el elegido», afirmó Moreau, que señaló que nada de esto pudo haber sido consumado sin la «anuencia» del gobierno de Mauricio Macri, e hizo corresponsables al ex presidente, a Germán Garavano, Patricia Bullrich, Jorge Arribas y a Silvia Majdalani.
«Es evidente que aquí se estructuró una oficina que se dedicó a la militancia persecutoria. En un país que hemos travesado circunstancias como las del terrorismo de Estado nos preocupa muchísimo que se haya pretendido erigir un terrorismo judicial», concluyó el legislador.
Para el oficialista, «acá ha habido una articulación que incluye a los organismos de Inteligencia, y que tiene que ver con un plan sistemático de inteligencia ilegal y persecución política».
Puso como ejemplo el caso que tuvo como blanco al senador y ex funcionario del gobierno kirchnerista Oscar Parrilli, quien fue «escuchado durante 209 días» consecutivos, con escuchas que fueron filtradas a los medios.
«La Dajudeco no cumplió con el deber de custodia y de confidencialidad», resaltó Moreau.
El legislador kirchnerista relató que Parrilli apeló en una causa derivada de esas escuchas y quien recibió la apelación en la cámara fue Irurzun.
«(Irurzun) era el director de este organismo. Por lo tanto tenía su posibilidad de producir la prueba y luego valorarla como juez del otro lado del mostrador. No se conoce en el derecho comparado que en el mundo las cortes supremas tengan las direcciones de escuchas porque se producen este tipo de colisiones. No hay antecedentes», subrayó.
Por otra parte, el titular de la bicameral reveló que Irurzun «entregó de manera indebida, regrabaciones de escuchas al Doctor Claudio Bonadio para que las incluya en una causa que nada tenía que ver con el origen de las mismas».
A partir de estas cuestiones que Moreau sacó a la luz, la Bicameral concluyó que el nuevo organismo «se convirtió en un instrumento, que con la participación de servicios de inteligencia y con amplia cobertura mediática, facilitaron la persecución de personalidades con representación política e institucional de la Argentina».
