El gobierno extendió este viernes hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento de los precios de alquileres, la prórroga de contratos y la suspensión de desalojos, que vencían a fines de enero.
La medida alcanza a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, aclaró la administración de Alberto Fernández.
Establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo de 2020. La nueva normativa será publicada en el Boletín Oficial la próxima semana, se indicó.
El gobierno había decidido en septiembre poner en marcha la prórroga hasta el 31 de enero en el marco de la emergencia pública.
En ese momento, el Poder Ejecutivo había argumentado que la medida se debía a que «muchos trabajadores, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios y empresarias, han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia, como consecuencia de la merma de la actividad económica».
La continuidad de esa iniciativa constituyó un reclamo por parte de Inquilinos Agrupados, que advirtió sobre una compleja situación para el sector que representa.
«Es urgente la extensión del decreto», subrayó la agrupación recientemente, la cual argumentó que «frente al golpe del mercado inmobiliario, el incumplimiento de la ley y la crisis económica, tiene que haber un Estado presente».
A fin de mes también vence el congelamiento de las cuotas de los créditos UVA, pero hasta ahora el Gobierno no se pronunció oficialmente al respecto.
De hecho, la agrupación Hipotecados UVA alertó que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat les informó que no se encuentra «en condiciones de poder brindar ningún tipo de solución» a los reclamos del sector, por lo que ya descarta una extensión de la medida.
Aplausos
Desde la autogestiva Defensoría del Inquilino de la ciudad saludaron la extensión del Decreto 766 hasta el 31 de marzo.
“Era una medida imprescindible, la realidad de muchos inquilinos sigue siendo crítica y muchos están endeudados”, sostuvo Sebastián Artola, titular de la Defensoría del Inquilino.
“En Rosario casi el 40% de los inquilinos está endeudado o con dificultades para sostener el pago del alquiler”, afirma Sebastián Artola, titular de la Defensoría y referente de la agrupación Rosario para la Victoria.
Del mismo modo, piden una política de desendeudamiento, con créditos a tasa cero del Banco Nación para que los inquilinos puedan cancelar el pago de los alquileres atrasados.
“Hay una actitud muy irresponsable del mercado inmobiliario, aumentando de manera indiscriminada los precios de los alquileres, por eso es necesaria una política política pública integral de acceso a la vivienda y, en particular, a la vivienda en alquiler”.
“Es imprescindible regular el mercado inmobiliario y pesificarlo para dar una solución estructural al acceso a la vivienda”, concluyó Artola.
