Desde la hora cero de este domingo, la Argentina integra oficialmente la lista de países donde el aborto es legal ya que entra en vigencia la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un reclamo histórico del feminismo que ahora solicita que se garantice su cumplimiento efectivo.
Su aplicación es «inmediata», según sostuvo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ya que se hace efectiva luego de 8 días transcurridos de su promulgación por parte del presidente Alberto Fernández, el pasado 15 de diciembre, por medio del decreto 14/2021.
Tanto desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal como abogadas especialistas en temas de género manifestaron que la entrada en vigencia representa «un triunfo de la lucha colectiva», y esperan que «se cumpla en todo el país con políticas educativas».
«Hoy se reaviva la declaración que hicimos desde la Campaña el día de su aprobación en el Congreso: Este es un triunfo de la lucha colectiva y de los años de organización con el foco puesto en este derecho», le dijo a Télam Patricia Bustamante, integrante de la Campaña.
Y remarcó que «la entrada en vigencia de la Ley es en todo el país y de orden público».
Los opositores, los llamados grupos «provida», que luego de su aprobación el pasado 30 de diciembre anunciaron que insistirían por la vía judicial para impedir su aplicación, tuvieron su primer revés este jueves cuando la justicia de Salta habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales.
«No ha lugar por improcedente», sostuvo en su escrito el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio.
La abogada Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia y miembro del equipo que redactó el nuevo Código Civil, destacó la importancia de ese fallo: «Si bien los argumentos del juez salteño fueron muy escuetos, focalizados en cuestiones procesales, destaco que la intención de voltear el Protocolo Nacional y su aplicación, no tuvo cabida en el Poder Judicial salteño «, afirmó.
Además, Herrera señaló que el planteo judicial lleva el acompañamiento letrado de tres hombres (Vanossi, Bianchi y Barra) «que en mi opinión, forman parte del derecho constitucional patriarcal, de una doctrina constitucional perimida, conservadora y atrasada».
Para Bustamente, la estrategia de judicializar la ley impulsada por sus opositores «carece de lógica, siendo una de las leyes más debatidas en la historia de nuestro país, en las calles, en las aulas y que cumple con todos los tratados y convenciones a las que este país suscribió en materia de derechos humanos».
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia Y Género (ELA), Natalia Gherardi afirmó que la entrada en vigencia de la ley «es el comienzo de un nuevo paradigma, sabemos que los esfuerzos de los grupos opositores estarán dirigidos a tratar de obstruir la práctica. En algunos casos, esos esfuerzos tratarán de contar con los tribunales de justicia. Pero veremos que los argumentos están de nuestro lado y por eso serán rechazados», anticipó.
Cien años después de que la segunda reforma del Código Penal, en 1921, estableciera las causas en que la interrupción del embarazo está autorizada, y luego de que en 2018 quedara trunco el primer proyecto que alcanzó el debate parlamentario, el Senado terminó convirtiendo en ley la iniciativa enviada al Congreso por el presidente Fernández.
En su promulgación, el Presidente vetó parcialmente el artículo 4, al que le agregó la palabra «integral» al referirse a la salud de la «persona gestante», una modificación que permitió que la ley fuera finalmente aprobada.
Junto con la IVE, el parlamento también aprobó la ley del Plan Mil Días, de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia.
«El aborto dentro de las primeras 14 semanas de embarazo (o dentro de las causales con posterioridad) ya es ley en absolutamente todas las provincias y se tiene que cumplir, con guías y protocolos o sin ellas, porque ya es legal», explicó Bustamente sobre la entrada en vigencia de la IVE.
Además, recordó que partir de la entrada en vigencia de la ley, también,»se deberían terminar inmediatamente los procesos penales de quienes fueron criminalizadas por abortar, porque en la ley penal existe el beneficio de la retroactividad y esas personas deberían quedar sin antecedentes».
«Es necesario hacer una revisión de los procesos penales y analizar los casos en que los abortos fueron disfrazados con figuras legales más gravosas, para que el peso de la ley caiga con mayor fuerza», sostuvo.
En tanto, Celeste Mac Dougall, también integrante de la Campaña, coincidió con su compañera y agregó que «va a hacer falta una campaña por parte del Estado que establezca dónde y cómo se va a garantizar este derecho, debido a que existe la objeción de conciencia».
Por otro lado, Mac Dougall refirió la necesidad de una política estatal que apunte a la educación y formación respecto de los derechos en general a todas las personas, «porque la ley IVE establece nuevos derechos».
Asimismo recordó un pedido histórico de la Campaña: «Que se garantice la producción pública de Misoprostol y Mifepristona, con el reconocimiento de la ANMAT», drogas reconocidas como «válidas para realizar abortos seguro».
Pero además, también pidió que se aseguren las otras vías para realizar un aborto como «la provisión de lo que se necesita para la Aspiración Manual endouterina (AMEU) y la capacitación a los profesionales de la salud respecto de estas prácticas».
