Las instalaciones de Petroquímica Bermúdez se encuentran inactivas desde 2015 pero en ellas existen sustancias y residuos peligrosos para el medio ambiente y para la salud de la población. Luego de idas y vueltas entre el Estado provincial y la empresa, este lunes 22 de febrero se llegará a una instancia penal: sus máximos directivos Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego serán imputados por «incumplimiento de sus deberes».
Entre los residuos peligrosos se presume la presencia de sustancias como cloro, amianto, benceno, ácido sulfúrico y amoníaco. El juez a cargo de la causa en los Tribunales de San Lorenzo es Carlos Andrés Gazza. La imputación es por «contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos», delito regulado por la ley nacional 24051. Las penas pueden ir de tres a diez años de prisión, a menos que el resultado de esa acción produzca una muerte, donde las sanciones pueden llegar hasta 25 años.
Desde el Taller Ecologista siguen el caso de cerca desde el inicio pero todavía no ingresaron a la causa penal. «Nuestras actuaciones se refieren a las denuncias administrativas del Ministerio de Ambiente. En 2020 denunciamos acciones sobre movimientos irregulares de camiones y sustancias en la provincia. Eso llevó a la reactivación del proceso civil. Hoy se está llevando adelante el proceso que comprometió a la empresa de quitar la peligrosidad que hay en las instalaciones abandonadas», explicó Florencia Sívori, abogada e integrante de esta organización.
A principios de febrero comenzó el proceso de desgasificación de las llamadas bombonas de Petroquímica Bermúdez, en la ciudad de Capitán Bermúdez, bajo la coordinación y monitoreo del gobierno de Santa Fe.
Sívori recalcó que aparte de los problemas de contaminación en las instalaciones hay problemas edilicios que configuran peligro de derrumbe. «El sitio, además de estar abandonado con los peligros que eso supone porque no hay ningún control, es el resultado del desgaste de una industria muy vieja, desde mediados del siglo XX. Más allá de que fue cambiando de titulares, es una empresa que trabajó con varias instancias de producción. Entonces, no es que hay una sola posible consecuencia por el uso de las sustancias, hay múltiples posibilidades», dijo.
Es decir: las consecuencias no están determinadas aún pero seguramente las haya a nivel salud en la población aunque todavía no haya estudios que lo confirmen con exactitud. Lo que sí afirman desde Taller Ecologista es que hay un alto riesgo de que se produzca un accidente: una explosión. «Es lo que puede ocurrir cuando hay muchas sustancias químicas dejadas, sin controles, al no tener la empresa en funcionamiento no hay equipos de emergencia», señaló Sívori.
Además señalaron que los procesos para remediar el lugar contaminado puede llevar muchos años. Existen dos posibilidades: un proceso de remediación, que incluye el traslado de sustancias que quizás se puedan incluir en otros circuitos, o si se determina que no hay remediación posible y posteriormente se define qué es posible hacer o no en ese sitio. Esto aún no está determinado
Cecilia Bianco también integra el Taller Ecologista y explicó que muchas de las sustancias detectadas son persistentes, «es una de las características de los productos que tienen cloro». Pueden permanecer entre 20 y 30 años, por eso remarcó: «Ahí radica la importancia de hacer una limpieza, una reparación del predio. Otra sustancia que utilizó es el mercurio que se encontró en las napas. Es decir, de cada materia prima que se utilizó quedaron restos. Eso hace a la peligrosidad del lugar en estas condiciones. Es un sitio verdaderamente contaminado»
Además Bianco planteó que las tareas de limpieza y traslado son muy delicadas. «Todo residuo es peligroso, hay que tratarlos con muchos procesos de seguridad. Lleva mucho tiempo remediar. Cuando se detecta esa contaminación, la remoción, el lugar adonde se lleva el suelo contaminado, hay que hacerla muy bien. Donde lo lleves no tiene que haber ningún tipo de vida. Son sacrificios que se hacen en aras de aliviar. Hay organismos que controlan y se ve que la Provincia verificó que se haga según las normas», relató.
Repaso histórico
En 2015 un informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia motivó una orden del gobernador a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales contra los directivos de Petroquímica Capitán Bermúdez. Se había constatado que las instalaciones no eran aptas para la actividad que realizaba.
A pesar de la evidencia de contaminación, el ex fiscal regional Patricio Serjal ordenó interrumpir la causa que imputaba a los directivos de la empresa. Además el fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini tampoco avanzó con este trámite. Por eso se realizará una audiencia imputativa contra los directivos el próximo lunes.
La Secretaría de Medio Ambiente de la Santa Fe había señalado que la empresa incumplió los compromisos de inversiones impuestos por la evidencia de falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas. Más tarde, el municipio de Capitán Bermúdez también relevó faltas de mantenimiento riesgosas.
La empresa tiene presentado un plan de desgasificación que, con algunas sugerencias y observaciones, fue aprobado por el área técnica del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. La petroquímica comenzó con la desgasificación de las bombonas bajo el control del personal del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.
El proceso se inició a principio de mes luego de que el gobierno de Santa Fe, a través de Fiscalía de Estado y por solicitud del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, solicitó al juez de feria, el pasado 22 de enero, una medida cautelar que consiste en la adopción inmediata de nuevas medidas preventivas y de monitoreo sobre los residuos peligrosos existentes en el predio y que se inscriba el pasivo ambiental existente en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia.
Todas las actuaciones se enmarcan en un cambio de paradigma sobre el control ambiental encarado por las actuales autoridades provinciales entre las que se destacan la creación del Registro Público de Infractores Ambientales y Reincidentes, y el Régimen de Regularización de Multas e Infracciones Ambientales por el que se firmaron 50 convenios con distintas empresas.
