Este sábado personal del Organismo de Investigaciones realizó seis allanamientos en distintos domicilios de Rosario en el marco de una investigación por presunta estafa contra la administración pública. El caso inició en 2017 y quedó en manos del fiscal David Carizza, de la Agencia de Criminalidad Organizada, y la pesquisa versa sobre un fraude en la contratación de empresas tercerizadas en algunos procesos de licitación. Entre las personas que fueron allanadas se encuentra el ex jefe policial de la Unidad Regional II de Rosario, y también de la Jefatura provincial, Marcelo Villanúa.
Los procedimientos se hicieron durante la mañana de este sábado en: Larrea al 1400, Cochabamba al 5900, Dorrego al 4100, Italia 23, Espora al 1300 y pasaje Curie al 2400. En dichos domicilios se secuestraron elementos de interés para la causa: celulares que fueron enviados a peritar, dispositivos de almacenamiento y documentación relacionada con empresas de jardinería, jardín urbano y diseño de paisaje.
Una fuente fiscal explicó que se investigan los delitos de peculado y estafa a la administración pública. La investigación tiene en la mira al menos a tres personas: un empleado policial del área de administración y finanzas identificado como L.G.G., el jefe de logística F.F. y el comisario retirado Villanúa, quien al momento de los hechos investigados se encontraba al frente de la Jefatura de Santa Fe, contó la fuente.
Ahora restará evaluar todo el material secuestrado y aguardar las pericias sobre el secuestro de los dispositivos electrónicos y el fiscal determinara los próximos pasos a seguir en la investigación.
Villanúa
En febrero de 2018 Marcelo Villanúa asumió como jefe de la Policía de la provincia; para ello dejó su cargo de jefe de la Unidad Regional II pero fue relevado tras la llegada del ministro de seguridad Marcelo Sain. En enero del 2020 quedó envuelto en un escándalo cuando se lo vinculó con la pareja de Maximiliano «Cachete» Díaz, sindicado organizador de una asociación ilícita que se dedicaba a cometer extorsiones y le achacaron el ataque al casino City Center a principios del año pasado, balacera en el que fue asesinado el ejecutivo bancario Enrique Encino.
La información que se conoció en aquel momento es que la joven era familiar del jefe policial, dato que fue desmentido por el propio uniformado. Esa investigación además derivó en la pesquisa por juego ilegal y en la que dejó a los jefes de los fiscales de Rosario y a uno de sus subalternos en la lupa por coimas para brindar protección a un empresario del juego Leonardo Peiti. Causa que hizo implosión en el Poder Judicial, la Policía y la política cuando los fiscales del caso señalaron al senador Armando Traferri como la persona que brindaba protección a Peiti.
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